Lahuachaca, La Paz, 20 de octubre de 2021
Boya.News – Más de un centenar de familiares de víctimas de la violencia del gobierno de facto de Jeanine Añez marchan esta semana por el altiplano rumbo a La Paz, en una protesta que apunta tanto a la violación de derechos humanos como a la actual retardación de justicia.
Con la repetida proclama de que “van dos años y no pasa nada”, los marchistas ponían en evidencia primero las responsabilidades del gobierno transitorio de Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020), autor de las masacres de Sacaba, Senkata y otras, y luego las del actual Gobierno de Luis Arce y los administradores de justicia por no castigar a los culpables.
La protesta a lo largo de la carretera Oruro-La Paz arrancó el martes, avanzó en dos días hasta Lahuachaca, ya en jurisdicción de La Paz, y llegaría a la sede de Gobierno en los primeros días de la próxima semana, tras un recorrido de casi 200 kilómetros por la pampa a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y bajo condiciones climáticas extremas: sol calcinante en el día y mucho frío en las noches, además de escasas provisiones de agua y alimentos.
Los marchistas, con su sacrificio, buscan llamar la atención sobre todo de jueces y fiscales que desde hace dos años parecen estar sordos a sus reclamos de justicia. Además, un pliego de peticiones en el que exigen resarcimiento para las víctimas, pero sobre todo justicia, presentado en enero de este año al Gobierno y vuelto a presentar dos veces en los meses siguientes, no tuvo respuesta hasta ahora.
La marcha partió temprano el martes 19 de la población altiplánica de Caracollo, en el departamento de Oruro, a más de 190 kilómetros de La Paz, donde residentes y autoridades les ofrecieron techo y comida y les despidieron esta mañana con café caliente, pan y solidaridad. Armando Rosales, residente de Caracollo, les dijo en la carretera que los pueblos del altiplano les iban a seguir recibiendo donde necesiten pernoctar y les pidió no sentirse solos, “porque el pueblo boliviano está con ustedes”.
Cada marchista carga con su propia historia: una o más heridas en el cuerpo, la experiencia de la cárcel, en muchos casos con torturas y procesos judiciales que dos años después apenas empiezan a avanzar o simplemente con la foto del ser querido asesinado. Y ondean la bandera tricolor y la bandera indígena wiphala, que pasean sus colores brillantes sobre el asfalto y el paisaje amarillento y seco.
Son familiares o víctimas de las masacres de Sacaba, Cochabamba (15 nov 2019) y Senkata, El Alto de La Paz (19 nov 2019). Durante ña represión ejercida por el gobierno de facto instalado tras el golpe al Gobierno de Evo Morales, fueron asesinadas al menos 37 personas, más de 500 fueron heridas y 1.500 detenidas por razones políticas.
El gobierno de facto se prolongó durante un año. Hasta ahora los fiscales no superan la fase de investigaciones en el proceso penal ordinario iniciado contra Áñez y sus principales colaboradores civiles, militares y policiales, al margen de los juicios de responsabilidades que están pendientes de autorización parlamentaria.
La principal acusada por esta violencia, la señora Añez, con detención preventiva en La Paz desde marzo de este año en tanto investigan los fiscales, fue promovida por la derecha local y europea al premio Sájarov, máximo galardón que otorga la Comunidad Europea a defensores de la democracia y los derechos humanos. Los familiares de las víctimas anunciaron que enviarían una carta a los responsables del premio informándoles quién es y qué hizo la boliviana preseleccionada, entre tres personalidades mundiales, para obtener ese galardón. El premio fue finalmente para un opositor ruso.
fm/Boya(texto y foto)
