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En gobernador cruceño multiplica críticas por sus acciones autoritarias y faltas a la verdad. El 71% del presupuesto se fue en gastos de funcionamiento. El despacho del Gobernador cuesta a los cruceños Bs323.000 al mes, denunció el exalcalde Germain Caballero. No hay rastro de la investigación por la publicación del Decreto 373.

Santa Cruz, 9 de mayo de 2022

Juan Carlos Marañón Albarracín

Boya.News – El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplió un año de gestión hundido en contradicciones para explicar sus acciones, denuncias de despilfarro económico de las arcas del gobierno departamental y sin haber realizado 10 de sus principales promesas electorales al pueblo cruceño.

El pasado 9 de marzo, Camacho firmó el Decreto Departamental 373 que desató un escándalo porque violó la Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y el artículo 10 de la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental de Santa Cruz.

Graduado como abogado en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, Camacho olvidó, al igual que sus asesores y secretarios, aspectos básicos del Derecho, como la jerarquía jurídica.

Con el decreto 373, Camacho pretendió ajustar cuentas con el vicegobernador Mariano Aguilera por estrechar la mano, en septiembre del año pasado, al presidente Luis Arce, después de que el mandatario dijo, en la inauguración de Fexpocruz, que “el golpe de Estado dejó pérdidas económicas y un alto costo humano. La economía se reconstruye, pero las vidas no se recuperarán jamás…”.

Seguro de haber alejado del cargo transitorio a su “amigo”, Camacho viajó a Brasil. Dejó el mando de la Gobernación al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, quien es más conocido porque, en octubre del año pasado, embistió con alevosía y premeditación a un camarógrafo de prensa, gritando: “lo pagamos nosotros, no hay problema…”, después de romper una cámara.

https://www.facebook.com/page/2341128556110450/search/?q=agresi%C3%B3n%20a%20camar%C3%B3grafo

La Página “Noticias Villanas” de la populosa Villa Primer de Mayo registró la agresión de Miguel Ángel Navarro a un camarógrafo de prensa.

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Las olas de críticas se elevaron el lunes 14 de marzo, cuando se cumplió la orden de Camacho y de sus secretarios de publicar el decreto en la Gaceta Oficial Departamental. El primero en cuestionar la nueva norma fue el exsecretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, quien a las 16:30 horas de ese día vio el decreto y denunció, en su cuenta de Facebook, la “aberración” jurídica.

“Alguien me explica qué está pasando en la Gobernación…”, publicó Roca. Horas después, desapareció el decreto y comenzaron 72 horas de desmentidos de secretarios, funcionarios y diputados de CREEMOS, el partido que lidera Camacho, quienes negaron la existencia del “decretazo”.

En conferencia de prensa, el secretario del Servicio Jurídico, José Luis Terrazas, afirmó que “no se publicó ningún documento que delegue las funciones del Gobernador al secretario de Gestión Institucional. Cualquier documento que circule de manera extraoficial no representa un documento oficial de la Gobernación”.

Más tarde, un screenshot de la Gaceta Oficial, difundido por Roca, los devolvió a la realidad. Creció el escándalo y quedó al descubierto el engaño del secretario Terrazas. Los periodistas preguntaron al Vicegobernador: ¿Quién está a cargo de la Gobernación? Aguilera respondió con cautela: “… Hemos elevado una consulta a la secretaría para entender y nos expliquen cuál es el procedimiento para asumir como Gobernador”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4400160336754136&set=pcb.4400167626753407

Screenshot publicado en la página del ex secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz.

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El Vicegobernador sabía que el decreto, incluso eliminado de la Gaceta, le impedía ilegalmente administrar el gobierno departamental y, como insistían en que no existía, Aguilera no ocultó su molestia y en tono imperativo ratificó que vio la publicación en la Gaceta Oficial de la Gobernación.

“Mentiroso no soy. Hay alguien que manipula esto. Hay una cadena de mando hasta que un decreto se publica. Con orden de quién, por qué, cuál el contenido y por qué ahora no existe”, preguntó Aguilera sin obtener respuestas.

En una entrevista con El Deber Radio, el Vicegobernador admitió el distanciamiento con Camacho porque la comunicación entre ambos “está reducida a lo necesario”. Es decir, que su “amigo” no le avisó que debía asumir el cargo, solo le dejó violaciones jurídicas para impedir que lo reemplace a plenitud, sin medir las consecuencias.

Tres días después del viaje de Camacho, algunos de sus allegados admitieron la existencia del decreto. En un intento de parar en seco las críticas; secretarios, funcionarios de la Gobernación y diputados de CREEMOS difundieron un ardid y atribuyeron la publicación del decreto a “un error administrativo involuntario”.

Aguilera fue entonces “notificado oficialmente” para asumir el cargo de Gobernador. El viajero había fracasado en su intento de borrar a su “amigo”. Todo quedó, una vez más, en anuncios de promesas de investigar lo sucedido.

“METE LA PATA, SIN NECESIDAD DE EMPUJARLO”

Apenas pisó de vuelta suelo cruceño, Camacho salvó su responsabilidad. Acusó de la publicación del “decretazo” a masistas y demócratas. Al igual que Aguilera y el Secretario Jurídico, prometió una investigación e iniciar un proceso a los responsables. Pasó un mes y medio, no hay rastro de la investigación, menos del proceso a los supuestos responsables.

El gobernador olvidó, otra vez, que junto a los secretarios de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y de Justicia, Efraín Freddy Suárez Chávez, ordenaron publicar el decreto en la Gaceta, como manda el artículo cuarto que lleva sus firmas y que no fue derogado. Hasta hoy, ellos aparecen como únicos responsables.

Como las críticas no pararon, Camacho anunció entusiasmado la renuncia de todos sus secretarios, “hombres confiables, intachables, que trabajan alma, vida y corazón, gente honesta…”. Sin embargo, ninguno de ellos, varios abogados, alertó que firmaron y publicaron un decreto claramente ilegal; todos fueron ratificados, incluso los que mintieron al pueblo cruceño.

Profundizando sus contradicciones, el gobernador cruceño argumentó que despidió al señor Federico Martínez. “No es funcionario de la Gobernación, era mi asesor personal porque es un hombre con mucha formación y conocimiento de la cosa pública; los secretarios, conociendo su capacidad, le pedían asesoramiento”.

El despido se hizo, según Camacho, “para tranquilidad del pueblo cruceño” y lo decidió “el gabinete”. ¿Por qué debía estar intranquilo el pueblo cruceño? ¿Martínez era un peligro para Santa Cruz? No se conoció ninguna demanda ciudadana para destituirlo. ¿Por qué decidió “el gabinete” la destitución, si no era funcionario de la Gobernación? Estas preguntas están sin respuestas hasta hoy.

“Es un mitómano…”. Así calificaron a Camacho, el exalcalde de San José de Chiquitos y excandidato a la Gobernación por Unidos, Germain Caballero, y el ex secretario Jurídico Luis Fernando Roca, al conocer las justificaciones del Gobernador. “No hace falta buscar chivos expiatorios, ni culpar asesores. El único que mete la pata, sin necesidad de empujarlo, es el propio Camacho”, publicó Caballero en su Fanpage.

https://www.facebook.com/UnidosConGermain/videos/5302112646489093

“Camacho, el mayor enemigo del Gobernador”, tituló Caballero el video en que Camcho culpa a masista y demócratas por el decreto.

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DESPILFARRO Y SILENCIO LEGISLATIVO

“Hay desinformación total de quienes les interesa buscar desestabilizar esta gestión impecable, con la mejor ejecución presupuestaria, en toda la historia, con el 40% de la promesa electoral cumplida”, siguió Camacho en su intento de aclarar sus acciones, aunque sin responder críticas y denuncias de despilfarro en ell primero año de su gestión.

Desde el pasado 7 de febrero, por escrito, Germain Caballero pidió a la Gobernación un informe sobre la ejecución presupuestaria. El secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, en entrevista con El Deber, el 15 de febrero, aseguró que “se respondió por escrito al exalcalde”.

“Es falso, hasta ahora no tengo una respuesta oficial de la Gobernación”, dijo Caballero el 5 de mayo a Boya.News en entrevista telefónica, y reiteró de la administración de Camacho usó el 71% del presupuesto (Bs1.438.534.043,77) en gastos de funcionamiento (sueldos, bonos, viáticos, pasajes, refrigerios, vehículos, materiales y suministros) y 15% (Bs301.036.867,67) para inversión que no incluye ninguna nueva obra de importancia, “solo continuaron trabajos en proceso”.

Caballero respalda sus denuncias con datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Insiste en que Camacho, en ocho meses de gestión, de mayo a diciembre 2021, gastó en su oficina Bs2.587.000. Es decir, que el despacho del Gobernador cuesta a los cruceños Bs323.000 al mes y Bs16.171 al día.

Al 10 de febrero de este año, Camacho gastó Bs209.000 en su despacho. Una ejecución diaria de Bs8.000, insistió Caballero y destacó que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios paró en demanda de insumos, renovación de contratos de personal, “mientras se malgasta dinero en las comodidades para el Gobernador; el sistema de salud está abandonado”.

En ocho meses, el Secretario General gastó Bs744.000, el Vicegobernador utilizó Bs535.000 en actividades de protocolo y la Asamblea Legislativa ejecutó Bs16.636.000. ¿Qué de transcendente hizo la asamblea?, preguntó Caballero y respondió que para él lo único fue aprobar el traspaso de Bs56 millones para adquirir vacunas contra el Covid-19 que no se compraron, como prometió Camacho.

Un gasto suntuoso, según el exalcalde, es la compra de vehículos por valor de Bs5.280.000 para “uso administrativo”. “El único vehículo nuevo que vi es la vagoneta que maneja Camacho, no sé si compraron para el presidente de la Asamblea o el secretario porque el SIGEP no da esos detalles”.

Caballero sugiere que la Contraloría transparente esos detalles porque pidió información a la Gobernación y reiteró que no tiene respuesta. Aclaró que no presentó una demanda en la Contraloría porque no tiene interés en procesar al Gobernador, sino transparentar la gestión pública.

Cuadro enviado por el ex alcalde Germain Caballero.

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“Caballero es un figureti, busca mantenerse vigente en los medios”, replicó en El Deber el secretario Saucedo y aseguró que “la Gobernación administra 42% (Bs889 millones) que se destina a gastos corrientes, inversiones y deudas; la diferencia es administrada por los hospitales de tercer nivel, Banco de Sangre, Oncológico y los servicios delegados”.

Caballero respondió que los datos que dio Camacho, en su rendición de cuentas, coinciden con los que él denunció el despilfarro y afirmó que no se equivoca cuando habla de la programación presupuestaria por partida.

No descartó que pudieron consignar mal en el presupuesto porque muchos de los gastos de funcionamiento de los hospitales los cargaron a servicios personales y no personales, cuando podían cargar a programas de salud. Aun así, “separé los gastos en salud y sigue siendo alto el gasto en funcionamiento, supera el 50%”.

En su rendición pública de cuentas, Camacho no citó una cifra ni porcentaje ejecutado del gasto en funcionamiento, mencionó que se redujeron de 12 a 8 secretarías, que despidieron a 600 funcionarios y que el gasto corriente es menor en comparación con el de 2020.

Culpó del presupuesto a la pasada gestión de Demócratas porque no quiso reformularlo, en el periodo de transición, y Justificó sus acciones de gestión afirmando: “… somos una nueva administración, de gente nueva, de la cual no tiene experiencia en la gestión pública…” (sic).

Camacho también violó la Ley Departamental de Distribución y Administración de las Regalías Departamentales porque el año pasado y este año no distribuyó regalías a los municipios de provincias productoras que deben recibir 50%, las no productoras 40% y el 10% los pueblos indígenas.

“No es un tema de debatir si da o no, es ejecutar lo que manda la ley y obliga al Gobernador a compartir las regalías”, sentenció Caballero al destacar que la Asamblea Departamental, el Ministerio de Transparencia y el control social deben fiscalizar, pero el legislativo está bajo el control de Camacho y ve a la bancada del MAS “muy tibia” porque no activó ninguna acción para transparentar los recursos.

Vanos fueron los intentos para que el asambleísta del MAS Clemente Ramos responda: ¿Cuáles fueron las acciones de fiscalización de su bancada?. No contestó el teléfono ni respondió un mensaje, pese a que lo leyó.

CAMACHO INCUMPLE PROMESAS

De sus promesas electorales, Camacho repite que cumplió el 40%, pero no explica qué está incluido en ese porcentaje. El exsecretario de la Gobernación, Vladímir Peña (Demócratas), lo dejó en silencio al recordarle una lista de 10 promesas incumplidas:

• No adquirió tres millones de vacunas Pfizer contra el Covid.
• No se vacunó al total de la población cruceña hasta septiembre del 2021.
• No creó 75.000 empleos.
• No amplió las instalaciones sanitarias.
• No presentó un plan para reducir las quemas controladas y evitar incendios forestales.
• No puso en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental.
• No elaboró una propuesta del Pacto Fiscal dejando sin representación a Santa Cruz en el Consejo Naciona.
• No elaboró ni un borrador de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• No aprobó la ley para crear la Zona Económica Industrial Exportadora “Germán Busch”.
• No diseñó un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana. No hubo ni una reunión con del Consejo de Seguridad Ciudadana.

La aprobación y promulgación del Decreto 373 quedó en una nebulosa. Santa Cruz estuvo tres días sin Gobernador, fueron 72 horas de mentiras. Hoy, no se sabe si la Comisión Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados insistirá en citar a Camacho ni en qué está la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz y menos el avance o conclusión de la investigación anunciada por Camacho y sus colaboradores.

Camacho y Aguilera aparecieron juntos en un par de actos en un forzado intento por demostrar que desaparecieron sus diferencias. El Gobernador viajó con su familia a Estados Unidos y anunció, como debía hacerlo antes, que por tres días lo reemplazaba el Vicegobernador, pero las dudas continúan.

No se olvida que con un crucifijo pulsera en su muñeca derecha, Camacho juró “por Dios, la Patria y nuestro pueblo cruceño, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico del Departamento, las leyes y ejercer el cargo con honestidad y ética”, pero aún no cumple con sus acciones y mucho menos con sus explicaciones.

Boya.News/jcm/caq

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– Auto de apertura de juicio detalla fundamentos de acusación.

– El 10 de noviembre de 2019 anunció que le correspondía la sucesión presidencial y al día siguiente ya daba órdenes a los militares y los militares le daban trato de Jefa del Estado.

– Se autoproclamó presidenta del Senado y de Bolivia, sin quórum, al anochecer el día 12.

– Su juicio se inicia el 28 de marzo.

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La Paz, 23 de febrero de 2022

Boya.News – Jeanine Añez daba órdenes a los militares y los militares y policías le obedecían y le daban trato de Jefa de Estado un día antes de que la entonces Segunda Vicepresidenta del Senado se autoproclamara, en cuestión de minutos, primero Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Ésa es la principal prueba, en el proceso judicial por el golpe de 2019, de que, junto a militares y policías, actuó de mala fe para transgredir 15 normas de la Constitución y las Leyes, según se desprende del auto de apertura de juicio oral dictado por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que convocó a juicio oral a partir del 28 de marzo próximo.

La Resolución 09/2022 explica que “el juicio oral es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción” (art. 329 Código de Procedimiento Penal).

En base a la acusación de la Fiscalía, se indica que tras el arribo de Jeanine Añez de Trinidad a La Paz, el 11 de noviembre de 2019, al día siguiente de que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera anunciaran sus renuncias, Fuerzas Armadas y Policía, “en un trabajo conjunto dispusieron seguridad y traslado con escoltas desde el aeropuerto internacional de El Alto hasta el Colegio Militar Gualberto Villarroel ubicado en la Av. Rafael Pabón de la zona de Irpavi de La Paz”.

Posteriormente, Añez fue conducida al Hotel Casa Grande ubicado en la zona sur de La Paz y desde allí a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la céntrica plaza Murillo, “demostrando de esta manera y contrariamente a sus declaraciones en medios de prensa nacional, su firme intención de hacerse de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con la ayuda y cooperación necesaria recibida por miembros de las Fuerzas Armadas como policiales, quedando en evidencia de forma manifiesta el trato preferencial del cual fue sujeto, beneficio no equitativo para los asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores de la bancada oficialista”.

El documento judicial recuerda que Jeanine Añez dijo a los medios que convocaría a la Asamblea para tratar las renuncias del presidente, Vicepresidente y Asambleístas, ”denotando el conocimiento pleno del procedimiento de las Cámaras de Senadores y Diputados para el tratamiento y efectividad de las renuncias presentadas por el Presidente Constitucional del Estado Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera, así como el procedimiento legislativo establecido en los reglamentos de ambas Cámaras”.

“En la misma fecha 11 de noviembre de 2019, desconociendo por completo las normas y la propia Constitución Política del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas proceden al retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia, incumpliendo flagrantemente sus funciones y atribuciones, que parten desde la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, a través del resguardo del gobierno constitucionalmente electo”.

“… ejecutando el retiro de la medalla presidencial cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, porque la Asamblea en pleno no había tratado conforme a procedimiento las renuncias del expresidente Juan Evo Morales Ayma y el exvicepresidente Álvaro García Linera, a vista y paciencia de los miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

El 11 de noviembre, Añez y el Comandante de la Policía, Yukri Calderón, pidieron al Comandante en Jefe de las FF.AA., Williams Kaliman, mediante nota, que intervenga las manifestaciones de rechazo a la renuncia de Morales.

El documento judicial agrega que el policía Yuri Calderón garantizó la llegada de la senadora Añez a la Asamblea Legislativa “ya que desde la mañana de dicha fecha, éste habría ordenado (cual si fuera ya la presidenta del Estado), escoltas que garanticen su seguridad con el fin de ejecutar los actos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que van en contra de la Constitución Política del Estado, así como a los propios reglamentos internos tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados”.

La tarde del 11 de noviembre, a las 19:50, Añez, en una declaración en video, se dirige al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, instándole a sacar tropas a las calles para controlar “hordas delincuenciales” y le dice: “usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país, si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado no coordina con la policía para acabar con esta delincuencia que está ahora en las calles”. Añez se declararía presidenta del Senado un día después.

“Sin embargo, se tiene plenamente establecido que esta coordinación entre las FF.AA. y la Policía ya estaba en marcha desde antes de dicha conferencia de prensa, desde la llegada de Jeanine Añez Chávez al aeropuerto de la ciudad de El Alto, toda vez que Jorge Gonzalo Terceros Lara, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, con pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos, viabiliza de manera arbitraria que la ex senadora Jeanine Añez sea trasladada desde el aeropuerto internacional de El Alto el Colegio Militar, en un helicóptero de propiedad del Ministerio de la Presidencia con matrícula FAB-754 modelo AS35-B3, al comprometer realizar el pago de Bs. 5.545,54 a AIR BP BOLIVIA S.A., subsidiaria de YPFB a través del Cnl. Luis Marcelo Cervantes Torres (en esa oportunidad comandante de la Unidad Grupo Aéreo de Caza 31), por concepto de combustible, no siendo éste el único vuelo que realizó dicha nave la fecha de referencia”.

Agrega que el Gral. Jorge Mendieta ordenó al Gral. Willy Pozo, comandante del Colegio Militar, permitir el aterrizaje de esa aeronave en sus predios, donde ya la estaba esperando un considerable número de escoltas de la policía.

“De donde se concluye que la coordinación entre policías y militares para que Jeanine Añez se haga de la Presidencia del Estado, ya estaba en marcha y de forma coordinada desde la mañana de fecha 11 de noviembre de 2019”. Pernoctó, siempre bajo escoltas policiales, en el domicilio de una oficial de la policía ubicado en la zona de Llojeta. El 12 de noviembre fue trasladada a la Asamblea Legislativa, “lugar donde en actitud desleal, ilegal y fuera de toda norma en relación a la sucesión de autoridades electas, alejada de todo deber impuesto por la Constitución Política del Estado se proclame, primero Presidenta del Senado y posteriormente presidenta del Estado Plurinacional”.

Agrega que Sergio Orellana, Jefe del Departamento III de Operaciones dependiente del Comando en Jefe de las FF.AA., encargado de operaciones, instrucción entrenamiento y organización, es señalado como el operador de la orden del transporte de asambleístas nacionales afines a la ex senadora Jeanine Añez “para desarrollar la puesta en escena de las conjeturadas sesiones tanto del Senado como de la Asamblea, el traslado fue realizado en aviones militares de la Fuerza Aérea, es decir, existía un plan de concretar los hechos ilegales con la participación de diputados y senadores suplentes, cuando expresamente los reglamentos generales de senadores y diputados refieren que las habilitaciones de suplentes las hacen los propios titulares”.

Se recuerda que ya en fecha 10 de noviembre, en la ciudad de Trinidad, Jeanine Añez declaró a las 18:45 a la red Unitel, que “le corresponde la Presidencia, por sucesión, pero previamente convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para considerar las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, demostrando de forma tangible que conocía el procedimiento constitucional y los reglamentos de la Asamblea”.

El 12 de noviembre, a las 18:40, convocó a la sesión ordinaria No. 198 del Senado y, al solicitar informe sobre el quórum, el senador Secretario respondió ”… revisado el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones, por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión…” Antes de suspender la fallida sesión 198, Añez realiza su primera auto proclamación: “… corresponde a mi persona en calidad de segunda Vicepresidenta asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la Presidenta y del 1er. Vicepresidente de la Cámara de Senadores…”

Luego se dirige al Hemiciclo de la Cámara de Diputados “para consumar el plan pretendido, ya que sin la convocatoria respectiva, Jeanine Añez Chávez procedió a llevar a cabo la sesión de la Asamblea donde asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia”. Explicó que lo hacía en su condición de presidenta del Senado.

Horas antes había explicado que convocaría a sesión del Senado para tratar las renuncias de la Presidenta Salvatierra y del Vicepresidente Medinacelli. Y que luego se instalaría la Asamblea (sesión conjunta de senadores y diputados) para considerar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García. No hubo quórum en ninguno de los casos por lo que tampoco se consideraron esas renuncias.

Al final, Jeanine Áñez tomó los lugares de Morales, García Linera, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, y hasta las atribuciones de los plenos del Senado y de las dos cámaras reunidas en Asamblea.

fm/Boya.News

– Investigación preliminar descartó juicio contra Evo Morales por supuestos crímenes de lesa humanidad.

– La denuncia había sido elevada a la Corte Penal Internacional por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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La Paz, 18 de febrero de 2022

Boya.News – Jeanine Áñez “se proclamó Presidenta interina”, apuntó el fiscal mundial Karim Khan el pasado 14 de febrero, en un relato independiente de momentos claves de la crisis política de 2019 que todavía sigue marcando el acontecer cotidiano de Bolivia.

La afirmación de Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, resultó casi desapercibida en medio del ruido de los medios y el alboroto de las redes sociales que en la última semana estuvieron concentrados en la huelga de hambre de Áñez -detenida preventivamente en espera de juicio por su asunción presidencial-, un nuevo escándalo de corrupción judicial y la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán.

El fiscal anotó su frase sobre la forma en que Áñez se convirtió en Presidenta en una descripción de los sucesos de 2019 y otros antecedentes de la huelga general y bloqueos de caminos de agosto de 2020, por los cuales el Gobierno de la exsenadora Áñez acusó de delitos de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Khan concluyó que no había materia suficiente para investigar formalmente a Morales y compañía por crímenes de lesa humanidad, y cerró el caso. Los medios anotaron el fracaso de la denuncia y cerraron también su cobertura del caso, sin mencionar la afirmación del fiscal de la CPI sobre el hecho que todavía divide a políticos y activistas del país y es causa del primer juicio ordinario que enfrenta Áñez: ¿Fue golpe o no fue golpe?

Sobre el otro problema capital del 2019, el supuesto fraude electoral en favor de Morales, el fiscal de la CPI solo mencionó la controversia.

EN POCAS PALABRAS

Ésta es la descripción de la crisis de 2019 y sucesos siguientes hecha por el fiscal Khan, contenida en el resumen ejecutivo del Informe Final sobre Situación en Bolivia:

“En octubre de 2019, Evo Morales, por aquel entonces Presidente de Bolivia, volvió a salir elegido al término de unas elecciones generales muy controvertidas. En medio de ulteriores protestas y disturbios generalizados, Morales dimitió, aunque él y sus seguidores mantuvieron que había sido derrocado en un golpe de Estado y rechazaron las imputaciones de fraude electoral. Con la dimisión del Presidente Morales, Jeanine Áñez, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores y miembro de la oposición, se proclamó Presidenta interina. De conformidad con la Constitución de Bolivia, debían celebrarse nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, aunque las elecciones se programaron para el 3 de mayo de 2020, la fecha de celebración se reprogramó en repetidas ocasiones a causa de preocupaciones planteadas por la situación de la pandemia de COVID-19 hasta que se fijó la fecha definitiva para el 18 de octubre de 2020”.

Luego, el relato del fiscal sobre la protesta denunciada por el Gobierno transitorio como delito de lesa humanidad:

“Este aplazamiento final fue criticado por el partido político de Morales, Movimiento al Socialismo (“MAS”), así como por organizaciones y grupos afines a él, que habían abogado por que las elecciones se celebraran en una fecha anterior, el 6 de septiembre de 2020. Estas organizaciones acusaron al Gobierno interino de aprovechar la crisis de la COVID-19 para aferrarse al poder al tiempo que reprimía a sus adversarios políticos.
A continuación, en el marco de estas tensiones, el 28 de julio o en una fecha aproximada grupos como, entre otros, la Central Obrera Boliviana (“COB”) y el Pacto de Unidad (“PdU”) dieron al Tribunal Supremo Electoral (“TSE”) un ultimátum de 72 horas para
invalidar el último aplazamiento de las elecciones a fin de celebrarlas el 6 de septiembre, pues de lo contrario movilizarían bloqueos de carreteras en señal de protesta a partir del 3 de agosto de 2020. Al no atenderse sus exigencias, se organizaron
por todo el país numerosos bloqueos de carreteras (en total, entre 70 y 140 en el curso de la campaña) que obstruyeron rutas primarias de transporte, en particular las que conectaban las principales ciudades, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Presuntamente, en los bloqueos participaron varios miles de personas”.

Y la acusación del Gobierno provisional, más la respuesta de la COB, según resumió el fiscal de la CPI:

“Tan pronto como se anunciaron los bloqueos y mientras duraron, funcionarios del Gobierno de Bolivia y otras instancias acusaron a los responsables de mermar gravemente la capacidad del país de responder a la crisis de la COVID-19 y perjudicar al pueblo, en particular causando muertes al impedir el paso a camiones cisterna que transportaban oxígeno medicinal y ambulancias que transportaban medicamentos. Los dirigentes de los bloqueos y quienes participaron en ellos rechazaron esas alegaciones y acusaron al Gobierno interino de intentar culpar a los manifestantes de la crisis de salud pública, que, según argumentaban, se debía más bien a la gestión que había hecho
el Gobierno de la situación”.

Morales estaba exiliado en Buenos Aires, Argentina, cuando se produjeron la huelga y los bloqueos de agosto de 2020 por los que fue denunciado ante la CPI.

El fiscal Khan resumió que en la denuncia del Gobierno transitorio “se sostiene que esa conducta (la protesta) es constitutiva de crímenes de lesa humanidad consistentes en asesinato y otros actos inhumanos”, y que los participantes en los bloqueos “atacaron deliberadamente a la población boliviana con el objeto de causar muertes, intimidación y sufrimiento a fin de satisfacer sus exigencias políticas”.

En respuesta a esta denuncia, la determinación del fiscal: “Al término del proceso de examen preliminar, he determinado que no existe fundamento suficiente para creer que se hayan cometido presuntos crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (“CPI” o la “Corte”). En particular, he determinado que la presunta conducta no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

Boya.News