El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, presenta el informe anual sobre cultivos de coca. (UNODC).
El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, presenta el miércoles 29 el informe anual de monitoreo de cultivos de coca correspondiente a 2019. (Video UNODC).
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La Paz, 29 de julio de 2020
Boya-News – En menos de una semana, la Organización de Naciones Unidas (ONU) asestó dos duros golpes al Movimiento Al Socialismo, en materia electoral y en la política de reducción de cultivos de coca.
AUTOCONTROL IRRELEVANTE
El más reciente de esos gestos de distanciamiento ocurrió este miércoles 29, cuando el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, sugirió que el autocontrol de los productores parecía “haber perdido relevancia” y ya no era efectivo para reducir los cultivos de coca.
Rostan hizo la declaración al cerrar una presentación virtual del informe anual de monitoreo de los cultivos de coca en Bolivia, correspondiente a 2019.
El autocontrol y la concertación habían sido pilares de la política de erradicación de coca impulsada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), pero en el último quinquenio no evitaron que los cocales vuelvan a incrementarse para registrar en 2019 uno de sus mayores crecimientos, diez por ciento, llegando a un total de 25.500 hectáreas en todo el país.
Apenas seis días antes, el 23 de julio, la ONU se había apresurado a respaldar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar por tercera vez las elecciones generales, del 6 de septiembre al 18 de octubre.
El pronunciamiento de la ONU dejó al MAS como único partido -aparte de los sindicatos y movimientos sociales- que rechaza el aplazamiento electoral y sigue exigiendo que se respete el pacto político que había fijado los comicios para el primer domingo de septiembre.
El representante de la ONU que apoya el aplazamiento de las elecciones es el mismo que tuvo decisiva participación en las negociaciones que consolidaron la instalación del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez tras la caída de Evo Morales el año pasado.
Su uso, todavía no avalado por la Asamblea, está condicionado a recorte de gastos y control del déficit, sin descartar una futura devaluación.
La Paz, 21 de julio de 2020
Boya.News – Como deudor dispuesto a casi todo para salir de apuros, el Gobierno de Jeanine Áñez ha prometido disciplina y obediencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso recortes de gastos sin descartar una futura devaluación, a cambio de un crédito de 327,2 millones de dólares que ahora quema las manos de las autoridades transitorias.
El contrato aún no fue aprobado por el parlamento, pero ese dinero ya está en las cuentas del Banco Central de Bolivia.
Documentos oficiales revelan que, en contraste con la política económica que tuvo Bolivia en la década pasada, el Gobierno transitorio declaró abiertamente su disposición a mantener una relación estrecha con el FMI, aceptando las tradicionales recetas de ajuste que implican, entre otras cosas, despidos en el sector público.
El gobierno de Áñez, tras varias semanas de campaña de desprestigio y presión contra la Asamblea Legislativa, jugó su mejor carta, la de la propia Presidenta, que la noche del domingo 19 anunció un nuevo bono de 500 bolivianos (bono salud), si la Asamblea aprueba ése y otros créditos. “Es una canallada”, dijo sobre la demora parlamentaria en aprobar los créditos externos, durante una entrevista por televisión.
LO QUE USTED DIGA
Con fecha 10 de abril de 2020 y la firma del Presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, y del entonces Ministro de Finanzas José Luis Parada, el Gobierno boliviano solicitó al FMI el crédito en un documento denominado “Carta de Intención” en la que afirmó que el dinero servirá para enfrentar la pandemia.
En el punto 6 el Gobierno transitorio compromete: “(…) de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública”.
En el punto siguiente, el Gobierno declara “la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros” para “dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida”.
LO QUE SE DEBE HACER
El 13 de abril (tres días después de la solicitud), el FMI emitió el documento “Bolivia, Solicitud de Asistencia Financiera en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido”, donde en dos puntos, en la página uno del resumen ejecutivo y en la página 12, de recomendaciones políticas, se señala:
“El personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis, aunque considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales”.
“Las estimaciones del personal técnico del FMI ubican el nivel sostenible a largo plazo del déficit fiscal general en torno al 3% del PIB, e indican que un régimen de tipo de cambio fijo exigiría un control presupuestario más estricto que uno flexible”.
Estas recomendaciones que tienen que ver con reducción del déficit fiscal fueron aplicadas en Argentina durante el reciente gobierno de Mauricio Macri y en lo básico significan reducción del gasto público con despidos masivos de funcionarios, cierre de empresas y “flexibilidad del tipo de cambio” o devaluación de la moneda.
Puntualmente, la Carta de Intención de Bolivia al FMI (punto 5) preveía en abril gastos extraordinarios de casi 750 millones de dólares en salud y bonos de alivio, a la par de una reducción de 330 millones de dólares en las inversiones de las empresas públicas.
Estas son algunas de las condiciones que rechazan los parlamentarios que, además, afirman que los documentos oficiales no les fueron facilitados por el Poder Ejecutivo.
HECHO ESTÁ
Un documento oficial del Banco Central de Bolivia, con el título “Bolivia: Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo, al 30 de abril de 2020, en millones de dólares, revela que, en el mismo mes de abril, el FMI desembolsó los 327.2 millones de dólares del polémico crédito.
Los $US 327 millones contratados llegaron a las cuentas oficiales sin autorización del parlamento.
En el punto 1 de “Préstamos multilateral”, en la columna uno de saldo al 31 de diciembre de 2019, figura cero. En la columna dos de “desembolso”, figuran los 327.2 millones de dólares. En la columna siete de “saldo al 30 de abril de 2020 figuran 327.5 millones de dólares. Y en la columna 10, de saldo por desembolsar, figura cero.
LA URGENCIA
La urgencia con que el gobierno de Añez exige la aprobación de créditos internacionales, incluido el del FMI, es que el finero fue recibido en transgresión a la Constitución Política del Estado que, en el artículo 158 sobre Atribuciones de la Asamblea Legislativa dice: “10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos”.
Y en el artículo 159 señala que la la Cámara de Diputados tiene entre otras atribuciones: “9. Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, y la autorización a las universidades para la contratación de empréstitos”.
“Pónganse la mano al pecho”, dijo la Presidenta dirigiéndose a los parlamentarios del MAS.
Carta de intención del Gobierno boliviano al FMI
Sra. Kristalina Georgieva Directora Gerente
La Paz, Bolivia 10 de abril de 2020
Fondo Monetario Internacional Washington, D.C. 20431
Estimada Sra. Georgieva,
Bolivia, al igual que el resto del mundo, sufre el profundo impacto de la pandemia del COVID-19, a pesar de haber detectado una cantidad apenas pequeña de casos. Los principales canales a través de los cuales hemos sentidos esos efectos son dos. Primero, nuestros términos de intercambio han empeorado significativamente en medio del colapso de los precios del petróleo. Tenemos la ventaja de que pasará un tiempo hasta que entren en vigor cambios a las cláusulas de precios de nuestros contratos de gas natural. Aun así, prevemos una pérdida significativa en el ingreso de divisas debido a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos en los próximos 6–12 meses. Segundo, las condiciones extremas imperantes en los mercados financieros internacionales han producido una interrupción repentina de las entradas de capitales en Bolivia y probablemente nos impedirán acceder al financiamiento internacional para atender las necesidades del sector público o del sector privado durante un período indeterminado.
Además de estos efectos de rebalse generalizados generados por los acontecimientos de alcance mundial, enfrentamos en nuestro propio país una necesidad fiscal significativa derivada de la necesidad de incrementar de inmediato el gasto dedicado tanto a la contención como al tratamiento de las personas que han contraído el COVID-19. De hecho, ya hemos anunciado planes para fortalecer rápidamente la capacidad de nuestro sistema de salud, sobre todo ante casos respiratorios de emergencia. Más allá de estas medidas directas destinadas a prioridades de la salud pública, hemos dado a conocer medidas de respaldo a los miembros más vulnerables de la población, como pagos directos de alivio a hogares vulnerables con niños, recortes de algunos pagos por servicios públicos y un diferimiento del pago de deudas de hogares y empresas en el sistema financiero. Prevemos que estas necesidades de gasto añadirán de por sí un 1,8% del PIB al déficit fiscal en un momento en que la actividad experimenta una marcada desaceleración y en el que las fuentes de ingresos se ven comprometidas porque los contribuyentes se enfrentan a circunstancias difíciles. Dado que importamos del extranjero gran parte de nuestros equipos médicos, estos gastos se traducen directamente en presiones al alza sobre el déficit comercial.
Nuestras proyecciones preliminares llevan a pensar que el crecimiento del PIB real en 2020 podría disminuir a -2,9% debido al shock negativo en la oferta y la demanda generado por la pandemia del COVID-19. Es probable que nuestro déficit fiscal alcance al 7,3% del PIB este año (frente al 7,2% del PIB registrado en 2019), lo cual requerirá sustanciales esfuerzos para reasignar recursos presupuestarios que antes estaban destinados a gastos poco prioritarios. Prevemos que el déficit en cuenta corriente podría alcanzar al 4,6% el PIB este año. Sin embargo, prevemos que la inflación se mantendrá contenida en torno al 2,3% en 2020.
En vista de lo precedente, el gobierno de Bolivia solicita un financiamiento de emergencia del FMI por el equivalente a DEG 240,1 millones (alrededor de US$332 millones), lo cual corresponde a una compra del 100% de nuestra cuota en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). La asistencia financiera del FMI nos ayudará a afrontar las urgentes necesidades de la balanza de pagos y en materia fiscal que están asociadas a las mayores necesidades de gasto sanitario, la caída de los términos de intercambio y la imposibilidad de financiarnos en los mercados internacionales. En este sentido, nos comprometemos a ceñirnos a las prácticas óptimas en materia de contratación pública y adjudicación de contratos relacionados con la pandemia (entre otras cosas, publicando con regularidad documentación sobre los contratos de adquisición pública en un sitio web del gobierno, junto con la convalidación ex post del cumplimiento, junto con los nombres de las empresas adjudicatarias y los nombres de sus propietarios efectivos), así como la publicación de un informe de auditoría externa independiente sobre el gasto relacionado con el virus una vez superada la crisis.
Durante la epidemia, la prioridad de nuestras políticas radicará en hacer frente a los efectos sanitarios, sociales, humanitarios y económicos de la crisis. Por lo tanto, será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios. Prevemos que aproximadamente un 1,2% del PIB estará dedicado al aumento del gasto sanitario; alrededor del 0,6% del PIB, a medidas de apoyo a los segmentos más vulnerables (incluidos ancianos, niños en edad de escolaridad primaria y discapacitados, así como subsidios dirigidos a hogares con menores ingresos); y un 1,3% del PIB, a pagos diferidos del impuesto renta las utilidades de las empresas. Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB, con lo cual el déficit global del SPNF aumentará a 7,3% del PIB en 2020 (frente al 6,6% del PIB contemplado antes de la pandemia del COVID-19). Asimismo, hemos identificado más ahorros de contingencia en gasto no prioritario que podrían implementarse en caso de que la crisis recrudeciera o de que nuestros pronósticos del ingreso fiscal resultaran optimistas. Aunque esto implicará una divergencia provisional respecto de nuestra trayectoria del gasto público contemplada, seguimos comprometidos con nuestro objetivo a mediano plazo ya anunciado de reducir el déficit fiscal a un rango entre 4,0 y 4,8% del PIB para 2022. Además, adoptaremos las políticas económicas y financieras necesarias para mantener la congruencia con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a mediano plazo.
Si bien las perspectivas son difíciles, seguimos comprometidos a mantener la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y el crecimiento, y brindar respaldo a los miembros más vulnerables de la población. Confiamos en que, con el apoyo de la comunidad internacional, nuestras operaciones fiscales estarán plenamente financiadas durante el curso de este año. De hecho, prevemos un financiamiento de emergencia por un valor de US$1.000 millones, de los cuales $US 700 millones serían suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y $US 300 millones por la CAF, durante el año venidero. Asimismo, de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, estamos comprometidos a tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública.
Además, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros. Estamos comprometidos a dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida y evitaremos toda medida o política que pueda acentuar estas dificultades. Bolivia cumplirá con las disposiciones del Convenio Constitutivo del FMI —incluidas las relacionadas con la imposición o la intensificación de restricciones a la realización de pagos y las transferencias por transacciones internacionales corrientes, o la institución de prácticas de tipos de cambio múltiples, o la concertación de acuerdos de pago bilaterales que contravengan nuestras obligaciones en virtud del Artículo VIII— e implementará políticas públicas dentro de ese marco. Asimismo, nuestra intención es evitar instituir nuevas restricciones comerciales por razones relacionadas con la balanza de pagos.
En consonancia con la política del FMI en materia de salvaguardas, estamos preparados para colaborar con el personal técnico del FMI en la realización de una evaluación de las salvaguardas, suministrándole los últimos informes de auditoría externa del Banco Central de Bolivia. Asimismo, atenderemos toda necesidad de reuniones entre el personal técnico del FMI, el personal del Banco Central de Bolivia y los auditores externos. Dado que el financiamiento recibido del FMI será prestado al gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el gobierno y el banco central sobre las respectivas responsabilidades de servicio de las obligaciones de financiamiento ante el FMI.
Las dificultades y la incertidumbre que encierra el futuro no tienen precedentes y pondrán a prueba nuestra determinación y cohesión social. No obstante, estamos decididos a lograr nuestros objetivos y prevemos que los esfuerzos del gobierno boliviano y el apoyo del pueblo boliviano nos permitirán dejar atrás esta crisis más fuertes y unidos como país. Solicitamos su apoyo en nuestros esfuerzos y por nuestra parte tenemos la intención de hacer lo que podamos para respaldar al FMI a fin de mitigar el impacto inevitable de esta pandemia en la economía mundial. Confiamos en que esta solicitud de asistencia financiera recibirá una pronta aprobación y deseamos poner de relieve nuestro agradecimiento por la celeridad y la determinación de las que ha dado muestra el FMI a la hora de responder a las necesidades de sus miembros.
Autorizamos al FMI a publicar esta carta y la solicitud de compra en el marco del IFR. Atentamente,
/f/ Guillermo Aponte Presidente del Banco Central de Bolivia
/f/ José Luis Parada Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Registro de la deuda con el FMI en el Banco Central
Tras protesta de la COB, sectores de derecha se re-articulan para suspender indefinidamente las elecciones.
La Paz, 15 de julio de 2020
Boya.News – Decaído por un tercer lugar con tendencia a la baja en las encuestas previas de las elecciones del 6 de septiembre, múltiples denuncias de presunta corrupción y evidentes problemas para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por buscar fortaleza en las Fuerzas Armadas y pasar a un ataque frontal contra el Movimiento al Socialismo, cuyo candidato se mantiene como favorito para los comicios.
El ministro de Defensa, Fernando López, lanzó furibundos ataques contra la Asamblea Legislativa al anunciar el miércoles que, por decreto, el Gobierno aprobó los ascensos a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, una atribución que la Constitución reconoce sólo a la Cámara de Senadores.
El ministro -ratificado tras una censura parlamentaria a principios de año- acusó al MAS, que tiene mayoría en ambas Cámaras legislativas, de “frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales” remarcando que “el MAS pretende castigar a las Fuerzas Armadas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019” (cuando pidieron la renuncia del presidente Evo Morales).
Además, López afirmó que “la Asamblea insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos y a las bolivianas”.
ATAQUE A ALP
“La verdad y esto hay que decirlo de manera absolutamente contundente, la Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el gobierno está con el pueblo”, proclamó el ministro.
La versión de las autoridades del Senado es que se presentaron denuncias de supuestas irregularidades en algunos ascensos y en otros casos se solicitó documentos legales que no sean fotocopia, por lo que ese trámite está pendiente.
El Gobierno acusa también al legislativo por no aprobar créditos internacionales, como el del Fondo Monetario Internacional por 320 millones de dólares, dinero que, supuestamente, serviría para crear nuevos bonos para la población. La versión de los legisladores es que ese crédito está atado al compromiso de “flexibilizar el tipo de cambio” (devaluación), apenas termine la emergencia sanitaria.
NO ELECCIONES
También es agresiva la campaña por la suspensión de las elecciones ya definidas para el 6 de septiembre, comicios a los que se opone el Gobierno de Jeanine Añez, que la postula como candidata presidencial pero que no puede remontar el tercer lugar con tendencia a la baja, según encuestas. Se unieron a esa campaña los candidatos con menos perspectivas de votación, Jorge Quiroga, Fernando Camacho, Chi Hyun Chung y Ruth Nina, con los que cinco de los ocho aspirantes presidenciales que ahora no quieren elecciones en septiembre.
PELEA DE CANDIDATOS
El candidato Carlos Mesa, segundo en las encuestas después del MAS, calificó de “hipócritas” las posturas de los candidatos con menores expectativas, afirmando que el día de voto la gente tendrá más protección de bio seguridad que en una jornada común.
El candidato Fernando Camacho (quinto en las encuestas), solicitó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se pronuncie a favor de la suspensión de las elecciones. El ex presidente Evo Morales, replicó que, si eso ocurre, sería un segundo golpe contra la democracia e injerencia en los asuntos internos del país.
Los comités cívicos, muy activos durante el cambio de gobierno de noviembre, anuncian una reunión para el martes próximo, para exigir la suspensión de las elecciones, caso contrario, instruirán “desobediencia civil”.
COB ADVIERTE
La Central Obrera Boliviana, fortalecida por la masiva respuesta a su convocatoria de protesta antigubernamental del martes, replicó que los trabajadores vam a “hacer cumplir que, en septiembre, sí o sí, deben realizarse las elecciones nacionales”. “Necesitamos en este momento un gobierno elegido democráticamente”.
Y la bancada legislativa del MAS, mediante su diputada Betty Yañíquez, reclamó que el cumplimiento de la ley, como es el caso de la verificación de elecciones el 6 de septiembre, según Constitución es de cumplimiento obligatorio desde su publicación. Y citó el artículo cuarto de la Ley de Régimen Electoral: “el ejercicio pleno de los derechos políticos conforme a la Constitución Política y la ley no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ningún a autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular”.
Boya.News – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se dio dos autogolpes en dos días, y no fueron los primeros. Tampoco da señales de que vayan a ser los últimos.
El domingo 12 anunció triunfante, en su cuenta de Twitter, que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervino una pista clandestina en el Chapare de gran capacidad, la misma que, según dijo, era resguarda por el lugarteniente del ex presidente Evo Morales.
El lunes 13, proclamó la próxima expropiación de clínicas y cementerios privados, como solución extrema a algunos de los problemas de la pandemia de covid-19 que los servicios públicos no podían resolver.
El mismo domingo, solo cinco horas después del aparatoso operativo en el trópico anunciado por el ministro, Edgar Montenegro Salvatierra, el supuesto lugarteniente de Evo Morales, fue liberado sin ningún cargo en su contra. Él solo recordó a los policías antidroga que durante los conflictos de noviembre de 2019 les salvó la vida cuando manifestantes querían intervenir el cuartel de UMOPAR, e incluso los alimentó.
Murillo sumó polémicas en su guerra verbal e informativa contra “los narco terroristas que dejó Evo Morales en el trópico de Cochabamba”, pero que hasta la fecha ninguno fue visto ni capturado.
Habló también del expresidente cuando su plan de expropiaciones de clínicas tropezó con un firme rechazo gubernamental que lo obligó a dar marcha atrás, cambiando la idea original por otra de “alianzas público privadas” y asegurando que su Gobierno, el transitorio, no era como el del “narcotraficante fugado” que solía hacer nacionalizaciones.
Edgar Montenegro, el rescatista del Trópico, desmiente las acusaciones del Ministro Murillo y narra lo sucedido el día de ayer en "Tres Arroyos" en una supuesta pista clandestina, que al parecer es la ampliación de caminos para el proyectos de plantaciones de plátano.
— Radio Kawsachun Coca (@KawsachunCoca) July 12, 2020
AMENAZAS Y AMENAZAS
El ministro es conocido por sus amenazas y frases violentas desde que asumió el cargo y anunció, por ejemplo: “vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí”. Hasta la fecha ninguno de los mencionados está detenido.
“Vamos a hacer que la Ley caiga con el más fuerte peso. Para todo aquel que le ha hecho daño al país pediremos la máxima condena. Los que están haciendo sedición vamos a pedir también que se los encarcele”, amenazó Murillo en reiteradas oportunidades.
Como fiscal, juez y carcelero, incluso apareció en una conferencia de prensa con unas esposas para Evo Morales, para supuestamente llevarlo a la cárcel de Chonchocoro por terrorismo y anunció que pediría que se active la orden de captura a Interpol, pero nunca se activó nada.
Sus detractores recuerdan que Murillo es dueño del Hotel Condominio Victoría que curiosamente está en el corazón del Chapare, de dónde dice rescató a su hermana durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019 y “le salvó la vida” haciendo que la designen Cónsul de Bolivia en Miami porque en el trópico cochabambino se enfrenta a narcotraficantes.
¿MISÓGINO?
Sus respuestas polémicas son de hace mucho tiempo. Cuando la activista de Mujeres Creando, María Galindo, le preguntó por qué un hombre consume prostitución, Murillo dijo: “porque la mujer normalmente no es lo que mi abuelito me decía que uno debe conseguir en una mujer”. “Mi abuelito me decía que cuando consigas una mujer, ésta tiene que ser tu madre, tu amiga, tu hermana, tu puta…”.
También fue calificado de misógino cuando en un debate parlamentario, sobre el aborto, dijo: “¿Por qué a un puñado de mujeres liberales se les ocurrió que había que matarlos (a los fetos) antes de que llegasen a la vida? Mátense ustedes, mátense las mujeres que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo. Háganlo, suicídense”.
“JAMÁS HA LEÍDO”
La semana pasada el líder indígena Felipe Quispe, el Mallku, identificó a Murillo como el jefe de campaña del MAS porque “no puede vivir sin Evo Morales, todo es el MAS. Habla mañana y tarde del MAS. Es un tonto útil del imperio capitalista”. “Creo que no ha pisado la universidad y jamás ha leído un libro”, sentenció el Mallku.
EXPROPIACION Y POLÉMICA
En su más reciente iniciativa polémica, Murillo presentó en conferencia de prensa “los procesos de expropiación o intervención del Hospital de Udabol de Santa Cruz que tiene 400 camas y 100 unidad de terapia intensiva y de Univalle en Cochabamba, que tiene 120 camas y 20 unidades de terapia intensiva”.
El ministro pareció olvidar que el Hospital de Udabol dio 16 respiradores para habilitar el primer domo en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, que él y otras autoridades inspecionaron el pasado 29 de junio.
“No se trata de quitar nada a nadie, si es por expropiación pagaremos el precio justo, y si es por intervención también pagaremos un precio justo por los servicios”, aseguró Murillo al señalar que ante el eventual colapso de los cementerios generales también se intervendrán los privados.
La Confederación de Empresarios Privados, mediante comunicado, lo llamó al orden:
“Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales que pueden generar mas incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes”.
Tampoco fueron flores las que dedicó a Murillo el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, vía Twitter:
“Expropiar bienes privados escudándose en la Pandemia es una propuesta errática y una pésima señal a la inversión privada. El gobierno debe promover políticas de salud para cuidar a la gente sin afectar a ningún sector sino más bien construyendo sinergias y unidad”, criticó Camacho.
Murillo terminó dando marcha atrás, para anunciar el martes que ya no habrá expropiaciones sino alianzas del Gobierno con clínicas y cementerios privados.
Así, el ministro Murillo continúa con su beligerante gestión, en línea con su estilo porel cual hace seis años su ex jefe político, Samuel Doria Medina, lo caracterizó como “un cojudo. ¿No ve?. O sea, lastimosamente no tiene mucha cabeza. No es un mal tipo, pero no tiene cabeza”.
“O sea, el Arturo es un bolas. O sea lastimosamente es buen tipo, hace ciertas cosas; pero le planteas un temita un poquito más complejo y sale con la fuerza. ¿No ve? O sea, no es novedad. Así es”, dijo Doria Medina.
Encuesta de intención de voto hacia las elecciones generales del 6 de septiembre (CELAG, julio de 2020).
La Paz, 13 de julio de 2020
Boya.News – El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga (Libre21) y el aspirante vicepresidencial Samuel Doria Medina (Juntos) coincidieron el lunes al reanudar la campaña de la derecha en procura de un nuevo aplazamiento de las elecciones generales,, más allá del 6 de septiembre.
La pandemia está grave y se pondrá peor, según ambos candidatos, expresidente el primero y exministro el segundo, mientras el Tribunal Supremo Electoral seguía trabajando en la organización de los comicios que la emergencia sanitaria impidió que se realizaran en mayo.
Las proyecciones fallaron, afirmó Quiroga en un mensaje en video.
Doria Medina, compañero de fórmula de la presidenta Jeanine Áñez, reavivó en su cuenta de Twitter los argumentos con los cuales la gobernante trató de impedir la vigencia de la ley de las elecciones.
La pandemia nos golpea como nunca antes. Los contagios de amigos y parientes, de políticos y periodistas, son cada vez más frecuentes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible.
El domingo, Doria Medina había adelantado sus propósitos de aplazamiento electoral, atacando a Evo Morales.
El tirano y Mesa intransigentes con poner septiembre fecha fija para elecciones, cren que todo se arregla; no es así la pandemia trae secuelas, por que no elecciones en octubre y con acuerdo de todos. pic.twitter.com/AjsUrxeDPT
Y al final del lunes, el empresario de las hamburguesas ya casi cantaba victoria.
Mi propuesta de considerar retrasar la fecha de las elecciones va ganando consenso. La realidad nos muestra que la salud de los bolivianos y bolivianas es prioritaria frente al proceso electoral.
La presidenta Jeanine Áñez en imágenes del viernes 9, su segundo día de cuarentena por ser caso positivo de covid-19. (ABI).
La presidenta Jeanine Áñez saluda el viernes desde un balcón de la residencial presidencial, en el segundo día de su cuarentena por ser caso positivo de covid-19. (ABI).
La Paz, 11 de julio de 2020
Boya.News – El aislamiento de la presidenta y candidata Jeanine Añez por contagio con covid-19, según anunció ella misma el jueves 8, y la designación del ministro de Defensa, Fernando López, como ministro interino de Salud, en pleno ascenso de la pandemia, mostraron en la última semana nuevas facetas de la precariedad y las improvisaciones que parecen cundir en el Gobierno transitorio.
Sin Áñez, el Palacio de Gobierno quedó en situación de vacío de poder, al menos físicamente, porque a la falta de un Vicepresidente se sumaba la ausencia del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez -también baja a causa del nuevo coronavirus- y hasta algunos de sus viceministros, quedando visible solo la viceministra de Comunicación, Isabel Fernández, recién degradada desde su desaparecido ministerio.
Solo la confirmación de que Eva Copa también resultó contagiada con el virus pareció traer el viernes tranquilidad a las filas del oficialismo, luego del mal ocultado nerviosismo que provocaron las versiones en las redes de que un alejamiento prolongado de Áñez abriría las puertas de la Presidencia del Estado a esta autoridad masista, presidenta del Senado.
LÍNEA CONOCIDA
Tras el anuncio del contagio de la gobernante, muchas expresiones de solidaridad se publicaron en las redes sociales y medios de comunicación, mientras crecía la incertidumbre sobre el futuro del gobierno, que en los últimos días ya casi no mostraba renovación de ideas para tratar de frenar el acelerado crecimiento de la pandemia en la mayoría de las regiones del país.
La designación de López como ministro interino de Salud reafirmó la línea gubernamental de mano dura, la del ministro Arturo Murillo, como herramienta principal para asegurar o imponer la disciplina ciudadana en la cuarentena, aunque este discurso parecía haber quedado debilitado con el contagio de quien supuestamente debía ser ejemplo de disciplina y de protección. “Este virus no respeta nada…”, dijo el viernes el candidato presidencial de Áñez, el empresario Samuel Doria Medina.
“ESTO NO ES SERIO”
Una de las críticas más duras, a la aparente improvisación gubernamental, provino de uno de los artífices de la llegada de Áñez a la Presidencia y ahora candidato presidencial de Creemos, Fernando Camacho, quien dijo: “López en Salud, (Óscar) Ortiz en Economía, esto no es serio, es una falta de responsabilidad con Bolivia”.
“Las dos carteras más importantes para atender la pandemia deberían estar en manos de especialistas. No puede ser que sigan jugando con nuestra vida y nuestros empleos”, cuestionó Camacho, sumándose a otras voces que ven un gobierno precario en medio de la pandemia.
Como les conté, sigo trabajando para todos los bolivianos desde casa. Quiero que sepan, que en el marco del Plan Nacional de Reactivación del Empleo, trabajaremos en uno de los ejes más importantes: el de generar nuevas oportunidades de trabajo haciendo obras en todo Bolivia. pic.twitter.com/trrmLxlkM4
El viernes, con 24 horas de demora, el médico de la mandataria, Andrei Miranda, intentó dar algo de oxigeno al Gobierno transitorio al reportar que Áñez era una paciente “asintómatica, no tiene ningún síntoma que se relacione con el Coronavirus, se encuentra estable”. Es decir que no existe peligró que su salud se deteriore por el virus, lo que implica que no dejará el cargo.
Ese mismo día, en otro intento de mostrar fortaleza, Áñez siguió con su campaña electoral y publicó en las redes un video en el que afirma: “Si a vos te va bien, a todos los bolivianos nos irá mejor”, refiriéndose a obras que se desarrollarán en el país para generar empleos. En el spot, la candidata aparece con un vaso de jugo de naranja en un fondo difuminado, de un comedor, maquillada y sin rastros de llevar la enfermedad que en Bolivia ya provocó unos 45 mil contagiados y más de 1.600 muertes.
Más tarde, la presidenta volvió a mostrase saludable. La agencia gubernamental ABI publicó fotos de ella con un cachorro en sus brazos y saludando desde un balcón de la residencia presidencial, mientras se reportaba que estaba trabajando “para todos los bolivianos desde casa”.
Y para que no quedaran dudas de que estaba activa, Áñez participó por videoconferencia, en la tarde del mismo viernes, en una reunión del Gobierno con microempresarios, transmitida por la televisión estatal.
TESTS SÍ Y NO
Si el resultado positivo de covid-19 de Áñez fue confirmado en solo horas desde la toma de muestras, el de la presidenta del Senado, Copa, demoró casi tres días.El MAS no dejó pasar la ocasión para denunciar un supuesto trato de privilegio a la gobernante, en desmedro de la población que sufre por la escasez de test, que mantiene a Bolivia en el último puesto en Sudamérica en el conteo de pruebas realizadas por millón de habitantes.
📹#VÍDEO "Hasta ahora no nos han pasado los resultados (de la prueba de #coronavirus de la presidenta del Senado, @EvaCopa_Bol). Increíble, para los del frente (Ejecutivo) al día siguiente, ese segundo, tienen los resultados", señaló el senador Ciro Zabala. pic.twitter.com/4E4La6woUB
Copa informó vía Twitter que pese a su contagio se encontraba estable y no se alejará de sus funciones de la Asamblea Legislativa porque seguirá trabajando vía plataformas virtuales. De hecho, el viernes promulgó una ley de control del endeudamiento externo que había sido objetada por Áñez.
En entrevista con diferentes canales de televisión, la presidenta del Senado, @EvaCopa_Bol, asegura que se encuentra estable de salud y pide a la población que asuma las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por #coronavirus. pic.twitter.com/MIiZ7Lramh
Las pruebas de covid-19 son método fundamental para la detección de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. (ComSalud.es)
Las pruebas de covid-19 son método fundamental para la detección de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. (ComSalud.es)
La Paz, 10 de julio de 2020
Boya.News – Bolivia sigue siendo el país que ha hecho relativamente menos pruebas de covid-19 en Sudamérica -excluyendo Guayana-, lo que alimenta las persistentes sospechas de que los contagiados y los muertos son más que los anotados en los reportes epidemiológicos oficiales.
Diversas denuncias en los medios y en las redes digitales han dado señales de que hay una cantidad desconocida de contagiados no diagnosticados y, peor aún, fallecidos que ya fueron sepultados o cremados sin que se les haya confirmado o descartado la enfermedad.
La escasez de pruebas y de reactivos ha provocado distorsiones en el seguimiento y control, como ocurrió el miércoles y jueves de esta semana en Pando, cuando no se reportaron casos nuevos ni fallecidos, pese a que los medios informaron de tres fallecidos y 60 sospechosos.
Otra muestra de la escasez de tests era la situación del complejo de hospitales de especialidades médicas de Miraflores, donde desde hace una semana no se dan resultados de análisis de muestras tomadas al personal de salud que debe retomar sus funciones. El laboratorio estatal SELADIS de La Paz demora hasta una semana en la emisión de resultados y el CENETROP de Santa Cruz hasta 20 días, denunciaron trabajadores sanitarios.
Según datos recopilados de todo el mundo por el sitio estadístico Worldometer (worldometers.info/coronavirus, Bolivia acumulaba 99,212 tests o pruebas de covid-19 hasta el jueves 8 de julio, de lo que resultaba una tasa de 8.497 pruebas por cada millón de habitantes, que ubica al país en el puesto 136 de 215 países tomados en cuenta en el reporte.
El siguiente cuadro muestra la clasificación de los países sudamericanos según esta tasa, hasta el jueves 8:
DECESOS POR MILLÓN
Con 1.638 fallecimientos reportados oficialmente hasta el jueves, Bolivia se ubicada en el puesto 31 mundial y en el quinto puesto de Sudamérica, con una tasa bruta de 140 muertos por covid-19, por cada millón de habitantes.
Esta tasa ubica a Bolivia en un nivel medio de la tabla sudamericana, en la que destaca Chile como el país más golpeado relativamente, con un registro de 355 muertos por cada millón de habitantes, seguido en orden descendente por Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia.
Con tasas brutas de mortalidad por covid-19 menores que la de Bolivia se ubicaban, en orden descendente, Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay, los dos últimos con un registro de solo tres fallecimientos por cada millón de habitantes.
Boya.News – Por tercera vez en 11 días, Pando no reportó el miércoles 8 nuevos casos de contagio con covid-19. ¿Excelencia de los servicios de salud? Todo lo contrario: fallas de laboratorio.
Lo mismo pasó el 5 de julio en Beni: cero casos reportados.
La ausencia de resultados de tests de covid-19 en Pando se produjo primero el domingo 28 de junio, luego el martes 30 y por último este miércoles 8 de julio.
Los informes oficiales señalaron a fallas en algunos equipos y falta de reactivos para los laboratorios como causas recurrentes de la falta de resultados oportunos de las pruebas en ambos departamentos. En Beni, se dijo también que el laboratorio fue cerrado un día por mantenimiento y limpieza.
El presidente del Colegio Médico de Pando, Andrés Antezana, informó la semana pasada al diario La Razón que el laboratorio GenXpert de ese departamento no realizaba las pruebas de covid-19 por falta de reactivos y que las autoridades sanitarias de Cobija estaban a la espera de resultadoa de unas 600 muestras enviadas a los laboratorios Cenetropo de Santa Cruz e Inlasa de La Paz.
La penuria de los infectados y de los laboratoristas -los que no estaban contagiados- se presentó primero en el Cenetrop, donde el mes pasado hubo días con millares de muestras amontonadas en salas y pasillos al resultar sobrepasada la capacidad de análisis de ese centro.
La presidenta Jeanine Áñez anunció en los últimos días que los distintos laboratorios finalmente puestos al servicio de la campaña contra la pandemia podían hacer en total 2.500 pruebas diarias de covid-19.
No está claro si ese reporte tomó en cuenta que además de los problemas en Benid y Pando, la Gobernación de Potosí anunció esta semana que el laboratorio entregado recientemente por el Gobierno ha dejado de funcionar, también por falta de reactivos.
Entretanto, Bolivia sigue casi a la cola de los países latinoamericanos por cantidad de pruebas covid-19 en relación con la población, según estadísticas oficiales.
