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– En la compleja telaraña de juicios y la búsqueda de justicia, son los únicos procesos en curso por esas violaciones de DDHH.

– Se negó a familiares de las víctimas sumarse a la acusación.

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La Paz, 1 de noviembre de 2021

Boya.News – Eran momentos dramáticos los de noviembre y diciembre de 2019. Se habían producido dos masacres y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había enviado a Bolivia a su mejor negociador internacional, Jean Arnault, para promover un proceso de pacificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión que estuvo en el país del 22 al 25 de noviembre. El 10 de diciembre emitió su informe preliminar con la recomendación de que se investigue y sancione la violencia extrema. El gobierno de Jeanine Áñez, interesado en hacer buena letra a nivel internacional, instruyó y los fiscales abrieron casos por las masacres de Sacaba y Senkata.

Son los dos únicos procesos por esos cargos que se ventilan en la justicia ordinaria.

La CIDH dijo en su informe: “…la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”. Y en la conclusión número 13: “Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”. Por instrucción del gobierno de Áñez, los fiscales departamentales de Cochabamba y La Paz abrieron caso por las masacres de Sacaba y Senkata, por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves” pero se cuidaron de no presumir la culpabilidad de nadie y escribieron en la carátula “autores por identificar”.

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La paradoja a dos años de la violencia y casi un año del gobierno democrático de Luis Arce, que retornó al MAS al poder, es que solo los procesos abiertos “de oficio” en el gobierno de Jeanine Añez, en la justicia ordinaria, ventilan las dos grandes masacres. Se crearon “comisiones de Fiscales”, quienes ordenaron medidas cautelares para cuatro generales militares y uno de la Policía por la masacre de Senkata y cuatro militares con detención preventiva domiciliaria en Cochabamba por la masacre de Sacaba. Y declararon sus investigaciones en reserva.

David Inca, de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y dirigente de una de las agrupaciones de familiares de víctimas, quienes culminaron la semana pasada siete días de caminata para recorrer 190 kilómetros por el altiplano de Oruro a La Paz, a fin de hacer visibles sus reclamos de justicia y “reparación”, admite la paradoja y añade otra: su grupo de víctimas “se apersonó” solicitando ser admitidos como parte demandante, y el juez y los Fiscales les respondieron que no, que primero deben demostrar que son víctimas.

Inca explica que, en los tres cuerpos de expedientes, están la nómina de heridos, de los fallecidos, informes médicos, informes de autopsia, certificados de matrimonio y aún así rechazaron que las víctimas sean parte de la acusación. Los familiares pretenden ampliar la acusación por delitos como tortura, por ejemplo, a heridos y detenidos.

Los fiscales son prácticamente los mismos ahora que en el gobierno de Áñez, al igual que el Fiscal General, Juan Lanchipa, quien para poner paños fríos a la marcha de los 190 kilómetros anunció que la investigación del caso Sacaba-Huayllani, de Cochabamba, está más avanzado y podría conocerse la acusación formal en noviembre de este año.

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TRES TRISTES TIGRES

Como parece ser tradición en estos casos, los familiares y víctimas han sido divididos. Un grupo, el más grande, está con David Inca, que además de tener a la mayoría de familiares de asesinados en Senkata, también logró convocar y representar a la mayoría de familiares de asesinados de Sacaba-Huayllani. Un segundo grupo es cercano al ministro de Justicia, Iván Lima, con quien han planteado juicio de responsabilidad contra Jeanine Añez, trámite de destino incierto que debe resolverse en la Asamblea Legislativa.

En el parlamento, el MAS tiene mayoría pero no los dos tercios imprescindibles para autorizar juicio de privilegio. Las otras dos fuerzas políticas, Creemos del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ambos señalados como parte del “golpe de Estado”, ya dijeron que no apoyarán nada que sugiera “la narrativa” de golpe.

El tercero en discordia es un Comité Impulsor, integrado por 14 instituciones de la sociedad civil, donde destaca el abogado Aldo Michel, quien dice contar también con víctimas de la violencia de Jeanine Áñez. Este grupo promueve el proceso ordinario en curso planteado por la ex diputada del MAS Lidia Patty, que provocó la detención preventiva de Jeanine Áñez desde marzo de este año en La Paz. La acusación inicial es de supuestos delitos cometidos antes de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Michel explica que irán incorporando otros delitos y rechaza los juicios de responsabilidad que, en su criterio, sólo confunden y complican más el escenario jurídico legal.

Los tres grupos se muestran irreconciliables. Y se lanzan dardos verdaderamente envenenados.

Alrededor de los tres procesos en la justicia ordinaria (dos de la era Añez y uno de la ex diputada Lidia Paty), y cuatro demandas de juicio de responsabilidad, danzan varios otros en la vía ordinaria, también contra Añez y algunos de sus colaboradores, hasta ahora imposibles de cuantificar.

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OTRO ACUERDO

Las 30 horas de negociación que siguieron a la marcha de 190 kilómetros de los dirigidos por David Inca dieron luz (27 de octubre) a “un acta de reunión” con el Gobierno del presidente Arce.

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Lo central de esta acta es que los acuerdos se concretarán el 5 de noviembre, luego de que el Gobierno negocie con los otros grupos de familiares y víctimas. Entonces también se decidirán las reglas de un censo de víctimas cuyo resultado será la piedra sobre la que se construirá “un plan de restauración integral” (ayuda económica social, sanitaria, de vivienda, psicológica, etc.). Se ha descartado ampliar la inicial ayuda de 50.000 bolivianos por muerto de la era Áñez y la solicitud de 5.000 bolivianos de renta mensual, a cambio de la creación de un fondo para otorgar créditos para actividades productivas con medio punto (0,5) por ciento de interés. Esto desmoronó la campaña de la derecha y sus medios que acusaban a las víctimas de pretender utilizar su drama para sacarle dinero al Estado.

Editor/Boya.News

La Paz, 25 de octubre de 2021

Boya.News – Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene vacunas de sobra para combatir a la pandemia de covid-19, pero figura todavía entre los más rezagados en la inmunización, mientras crece la amenaza de una cuarta ola de contagios.

La campaña oficial de motivación, incluso las fotos y los videos del presidente Luis Arce recibiendo la vacuna parecen no ser suficientes para llenar los centros de vacunación, que tras las aglomeraciones de hace un semestre ahora lucen con muchos espacios disponibles, en todo el país.

El país ha recibido ya más de 16 millones de dosis de vacunas de Sinopharm -la mayor cantidad-, Gamaleya (Sputnik V), AstraZeneca, Phizer y Johnson%Johnson (J&J), de las cuales aproximadamente el 80 por ciento fue comprado por el Gobierno y el saldo llegó como donación de diversos países a través del mecanismo Covax.

Hasta el fin de semana pasado los servicios departamentales de salud, que tienen por ley la tarea final, habían aplicado casi 7,5 millones de dosis, o poco menos de la mitad de la reserva acumulada.

El contraste entre disponibilidad y aplicación de las vacunas fue creciendo en las últimas semanas a medida que el Gobierno nacional lograba el arribo de nuevos lotes de inmunizantes mientras las administraciones departamentales, la mayoría en manos de la oposición conservadora, se mostraba incapaz de acelerar el ritmo de la campaña, y en varios casos caía en desaceleración.

El Ministerio de Salud informó el lunes 25 que Bolivia ha vacunado contra el covid-19, con esquema completo, a más del 52 por ciento de su población objetivo de 18 o más años de edad, aunque el porcentaje baja a menos del 50 si se incluye a los jóvenes de 16 y 17 años recién incorporados a la población objetivo, que ahora es de unos 7,7 millones de personas.

“Desde que hemos iniciado el proceso de inmunización, hemos avanzado muy lentamente, con uno por ciento, dos, cinco por ciento. Hoy ya hemos inmunizado con primeras dosis a más de 62 por ciento de la población boliviana (de más de 18) y con esquema completo más del 52 por ciento”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Por esquema completo se define a la aplicación de dos dosis de las vacunas que así están programadas o una sola dosis de la vacuna de J&J.

Según el informe ministerial, las reservas de vacunas anti covid alcanzan para inmunizar también a los jóvenes de 16 y 17 años, algo que el Gobierno dispuso hacer a partir de esta semana con la única vacuna autorizada para esas edades, la estadounidense Phizer que en cantidad de más de un millón de dosis ha llegado al país como donación de Washington a través de Covax.

“Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene necesidad de comprar más vacunas porque tiene garantizado el 100% de las vacunas anti covid para su población vacunable desde los 16 años”, aseguró Auza.

¿Cuarta ola?

Tras sufrir tres olas de contagios con picos de más de 2.000 nuevos casos diarios desde que se desató la pandemia en marzo de 2020, Bolivia ha tenido dos gobiernos, el transitorio de Jeanine Áñez y el actual democrático de Luis Arce, que han dado respuestas muy diferentes al problema, que suma ya más de 470.000 contagios, incluidos casi 19.000 decesos.

Desde la alta letalidad de la primera ola de mediados del año pasado, 6,2% o más de seis muertos de cada 100 contagiados, la tasa ha bajado ha bajado a 2,7% durante la segunda y tercera ola, de principios y mediados de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales.

“El incremento de casos que se está dando (…) nos anuncia una cuarta ola”, dijo Auza al anunciar una convocatoria urgente a gobernadores y autoridades de salud regionales para discutir medidas que permitan acelerar la vacunación como medida capital

Hizo el anuncio al confirmar que Bolivia acaba de registrar cuatro semanas consecutivas de alza de los contagios de covid-19, luego de 15 semanas de descenso que siguieron al pico de la tercera ola.

En la semana del 18 al 24 de octubre inclusive, se registraron 3.232 nuevos casos de covid-19, con un incremento de 18 por ciento desde la semana previa. Las cifras absolutas pueden parecer relativamente pequeñas, pero los porcentajes y la tendencia provocan preocupación.

El ritmo de vacunación, en contraste, no ha mejorado significativamente desde que se autorizó la inmunización con una tercera dosis para los que recibieron previamente el esquema completo de vacunas, lo que podría confirmar que el problema radica principalmente en quienes no quieren o no pueden hacerse vacunar, que son casi la mitad de la población objetivo.

Autoridades sanitarias de varios departamentos han revelado que sus esfuerzos para llevar las vacunas hasta los últimos rincones no eran correspondidos por la población, como se esperaba.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz, por ejemplo, anunció que trasladaría de vuelta a la capital, con consiguientes problemas logísticos y pérdidas, varios millares de dosis que llevó a pueblos remotos, donde los funcionarios sanitarios se encontraron con rechazo frontal de los pobladores, en varios casos incluso con cartas firmadas por autoridades locales.

En las dos últimas semanas, el promedio nacional de vacunación fue de apenas 36.000 aplicaciones diarias, frente a las 100.000 dosis administradas cada jornada hace un par de meses.

caq/Boya