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En gobernador cruceño multiplica críticas por sus acciones autoritarias y faltas a la verdad. El 71% del presupuesto se fue en gastos de funcionamiento. El despacho del Gobernador cuesta a los cruceños Bs323.000 al mes, denunció el exalcalde Germain Caballero. No hay rastro de la investigación por la publicación del Decreto 373.

Santa Cruz, 9 de mayo de 2022

Juan Carlos Marañón Albarracín

Boya.News – El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplió un año de gestión hundido en contradicciones para explicar sus acciones, denuncias de despilfarro económico de las arcas del gobierno departamental y sin haber realizado 10 de sus principales promesas electorales al pueblo cruceño.

El pasado 9 de marzo, Camacho firmó el Decreto Departamental 373 que desató un escándalo porque violó la Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y el artículo 10 de la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental de Santa Cruz.

Graduado como abogado en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, Camacho olvidó, al igual que sus asesores y secretarios, aspectos básicos del Derecho, como la jerarquía jurídica.

Con el decreto 373, Camacho pretendió ajustar cuentas con el vicegobernador Mariano Aguilera por estrechar la mano, en septiembre del año pasado, al presidente Luis Arce, después de que el mandatario dijo, en la inauguración de Fexpocruz, que “el golpe de Estado dejó pérdidas económicas y un alto costo humano. La economía se reconstruye, pero las vidas no se recuperarán jamás…”.

Seguro de haber alejado del cargo transitorio a su “amigo”, Camacho viajó a Brasil. Dejó el mando de la Gobernación al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, quien es más conocido porque, en octubre del año pasado, embistió con alevosía y premeditación a un camarógrafo de prensa, gritando: “lo pagamos nosotros, no hay problema…”, después de romper una cámara.

https://www.facebook.com/page/2341128556110450/search/?q=agresi%C3%B3n%20a%20camar%C3%B3grafo

La Página “Noticias Villanas” de la populosa Villa Primer de Mayo registró la agresión de Miguel Ángel Navarro a un camarógrafo de prensa.

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Las olas de críticas se elevaron el lunes 14 de marzo, cuando se cumplió la orden de Camacho y de sus secretarios de publicar el decreto en la Gaceta Oficial Departamental. El primero en cuestionar la nueva norma fue el exsecretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, quien a las 16:30 horas de ese día vio el decreto y denunció, en su cuenta de Facebook, la “aberración” jurídica.

“Alguien me explica qué está pasando en la Gobernación…”, publicó Roca. Horas después, desapareció el decreto y comenzaron 72 horas de desmentidos de secretarios, funcionarios y diputados de CREEMOS, el partido que lidera Camacho, quienes negaron la existencia del “decretazo”.

En conferencia de prensa, el secretario del Servicio Jurídico, José Luis Terrazas, afirmó que “no se publicó ningún documento que delegue las funciones del Gobernador al secretario de Gestión Institucional. Cualquier documento que circule de manera extraoficial no representa un documento oficial de la Gobernación”.

Más tarde, un screenshot de la Gaceta Oficial, difundido por Roca, los devolvió a la realidad. Creció el escándalo y quedó al descubierto el engaño del secretario Terrazas. Los periodistas preguntaron al Vicegobernador: ¿Quién está a cargo de la Gobernación? Aguilera respondió con cautela: “… Hemos elevado una consulta a la secretaría para entender y nos expliquen cuál es el procedimiento para asumir como Gobernador”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4400160336754136&set=pcb.4400167626753407

Screenshot publicado en la página del ex secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz.

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El Vicegobernador sabía que el decreto, incluso eliminado de la Gaceta, le impedía ilegalmente administrar el gobierno departamental y, como insistían en que no existía, Aguilera no ocultó su molestia y en tono imperativo ratificó que vio la publicación en la Gaceta Oficial de la Gobernación.

“Mentiroso no soy. Hay alguien que manipula esto. Hay una cadena de mando hasta que un decreto se publica. Con orden de quién, por qué, cuál el contenido y por qué ahora no existe”, preguntó Aguilera sin obtener respuestas.

En una entrevista con El Deber Radio, el Vicegobernador admitió el distanciamiento con Camacho porque la comunicación entre ambos “está reducida a lo necesario”. Es decir, que su “amigo” no le avisó que debía asumir el cargo, solo le dejó violaciones jurídicas para impedir que lo reemplace a plenitud, sin medir las consecuencias.

Tres días después del viaje de Camacho, algunos de sus allegados admitieron la existencia del decreto. En un intento de parar en seco las críticas; secretarios, funcionarios de la Gobernación y diputados de CREEMOS difundieron un ardid y atribuyeron la publicación del decreto a “un error administrativo involuntario”.

Aguilera fue entonces “notificado oficialmente” para asumir el cargo de Gobernador. El viajero había fracasado en su intento de borrar a su “amigo”. Todo quedó, una vez más, en anuncios de promesas de investigar lo sucedido.

“METE LA PATA, SIN NECESIDAD DE EMPUJARLO”

Apenas pisó de vuelta suelo cruceño, Camacho salvó su responsabilidad. Acusó de la publicación del “decretazo” a masistas y demócratas. Al igual que Aguilera y el Secretario Jurídico, prometió una investigación e iniciar un proceso a los responsables. Pasó un mes y medio, no hay rastro de la investigación, menos del proceso a los supuestos responsables.

El gobernador olvidó, otra vez, que junto a los secretarios de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y de Justicia, Efraín Freddy Suárez Chávez, ordenaron publicar el decreto en la Gaceta, como manda el artículo cuarto que lleva sus firmas y que no fue derogado. Hasta hoy, ellos aparecen como únicos responsables.

Como las críticas no pararon, Camacho anunció entusiasmado la renuncia de todos sus secretarios, “hombres confiables, intachables, que trabajan alma, vida y corazón, gente honesta…”. Sin embargo, ninguno de ellos, varios abogados, alertó que firmaron y publicaron un decreto claramente ilegal; todos fueron ratificados, incluso los que mintieron al pueblo cruceño.

Profundizando sus contradicciones, el gobernador cruceño argumentó que despidió al señor Federico Martínez. “No es funcionario de la Gobernación, era mi asesor personal porque es un hombre con mucha formación y conocimiento de la cosa pública; los secretarios, conociendo su capacidad, le pedían asesoramiento”.

El despido se hizo, según Camacho, “para tranquilidad del pueblo cruceño” y lo decidió “el gabinete”. ¿Por qué debía estar intranquilo el pueblo cruceño? ¿Martínez era un peligro para Santa Cruz? No se conoció ninguna demanda ciudadana para destituirlo. ¿Por qué decidió “el gabinete” la destitución, si no era funcionario de la Gobernación? Estas preguntas están sin respuestas hasta hoy.

“Es un mitómano…”. Así calificaron a Camacho, el exalcalde de San José de Chiquitos y excandidato a la Gobernación por Unidos, Germain Caballero, y el ex secretario Jurídico Luis Fernando Roca, al conocer las justificaciones del Gobernador. “No hace falta buscar chivos expiatorios, ni culpar asesores. El único que mete la pata, sin necesidad de empujarlo, es el propio Camacho”, publicó Caballero en su Fanpage.

https://www.facebook.com/UnidosConGermain/videos/5302112646489093

“Camacho, el mayor enemigo del Gobernador”, tituló Caballero el video en que Camcho culpa a masista y demócratas por el decreto.

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DESPILFARRO Y SILENCIO LEGISLATIVO

“Hay desinformación total de quienes les interesa buscar desestabilizar esta gestión impecable, con la mejor ejecución presupuestaria, en toda la historia, con el 40% de la promesa electoral cumplida”, siguió Camacho en su intento de aclarar sus acciones, aunque sin responder críticas y denuncias de despilfarro en ell primero año de su gestión.

Desde el pasado 7 de febrero, por escrito, Germain Caballero pidió a la Gobernación un informe sobre la ejecución presupuestaria. El secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, en entrevista con El Deber, el 15 de febrero, aseguró que “se respondió por escrito al exalcalde”.

“Es falso, hasta ahora no tengo una respuesta oficial de la Gobernación”, dijo Caballero el 5 de mayo a Boya.News en entrevista telefónica, y reiteró de la administración de Camacho usó el 71% del presupuesto (Bs1.438.534.043,77) en gastos de funcionamiento (sueldos, bonos, viáticos, pasajes, refrigerios, vehículos, materiales y suministros) y 15% (Bs301.036.867,67) para inversión que no incluye ninguna nueva obra de importancia, “solo continuaron trabajos en proceso”.

Caballero respalda sus denuncias con datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Insiste en que Camacho, en ocho meses de gestión, de mayo a diciembre 2021, gastó en su oficina Bs2.587.000. Es decir, que el despacho del Gobernador cuesta a los cruceños Bs323.000 al mes y Bs16.171 al día.

Al 10 de febrero de este año, Camacho gastó Bs209.000 en su despacho. Una ejecución diaria de Bs8.000, insistió Caballero y destacó que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios paró en demanda de insumos, renovación de contratos de personal, “mientras se malgasta dinero en las comodidades para el Gobernador; el sistema de salud está abandonado”.

En ocho meses, el Secretario General gastó Bs744.000, el Vicegobernador utilizó Bs535.000 en actividades de protocolo y la Asamblea Legislativa ejecutó Bs16.636.000. ¿Qué de transcendente hizo la asamblea?, preguntó Caballero y respondió que para él lo único fue aprobar el traspaso de Bs56 millones para adquirir vacunas contra el Covid-19 que no se compraron, como prometió Camacho.

Un gasto suntuoso, según el exalcalde, es la compra de vehículos por valor de Bs5.280.000 para “uso administrativo”. “El único vehículo nuevo que vi es la vagoneta que maneja Camacho, no sé si compraron para el presidente de la Asamblea o el secretario porque el SIGEP no da esos detalles”.

Caballero sugiere que la Contraloría transparente esos detalles porque pidió información a la Gobernación y reiteró que no tiene respuesta. Aclaró que no presentó una demanda en la Contraloría porque no tiene interés en procesar al Gobernador, sino transparentar la gestión pública.

Cuadro enviado por el ex alcalde Germain Caballero.

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“Caballero es un figureti, busca mantenerse vigente en los medios”, replicó en El Deber el secretario Saucedo y aseguró que “la Gobernación administra 42% (Bs889 millones) que se destina a gastos corrientes, inversiones y deudas; la diferencia es administrada por los hospitales de tercer nivel, Banco de Sangre, Oncológico y los servicios delegados”.

Caballero respondió que los datos que dio Camacho, en su rendición de cuentas, coinciden con los que él denunció el despilfarro y afirmó que no se equivoca cuando habla de la programación presupuestaria por partida.

No descartó que pudieron consignar mal en el presupuesto porque muchos de los gastos de funcionamiento de los hospitales los cargaron a servicios personales y no personales, cuando podían cargar a programas de salud. Aun así, “separé los gastos en salud y sigue siendo alto el gasto en funcionamiento, supera el 50%”.

En su rendición pública de cuentas, Camacho no citó una cifra ni porcentaje ejecutado del gasto en funcionamiento, mencionó que se redujeron de 12 a 8 secretarías, que despidieron a 600 funcionarios y que el gasto corriente es menor en comparación con el de 2020.

Culpó del presupuesto a la pasada gestión de Demócratas porque no quiso reformularlo, en el periodo de transición, y Justificó sus acciones de gestión afirmando: “… somos una nueva administración, de gente nueva, de la cual no tiene experiencia en la gestión pública…” (sic).

Camacho también violó la Ley Departamental de Distribución y Administración de las Regalías Departamentales porque el año pasado y este año no distribuyó regalías a los municipios de provincias productoras que deben recibir 50%, las no productoras 40% y el 10% los pueblos indígenas.

“No es un tema de debatir si da o no, es ejecutar lo que manda la ley y obliga al Gobernador a compartir las regalías”, sentenció Caballero al destacar que la Asamblea Departamental, el Ministerio de Transparencia y el control social deben fiscalizar, pero el legislativo está bajo el control de Camacho y ve a la bancada del MAS “muy tibia” porque no activó ninguna acción para transparentar los recursos.

Vanos fueron los intentos para que el asambleísta del MAS Clemente Ramos responda: ¿Cuáles fueron las acciones de fiscalización de su bancada?. No contestó el teléfono ni respondió un mensaje, pese a que lo leyó.

CAMACHO INCUMPLE PROMESAS

De sus promesas electorales, Camacho repite que cumplió el 40%, pero no explica qué está incluido en ese porcentaje. El exsecretario de la Gobernación, Vladímir Peña (Demócratas), lo dejó en silencio al recordarle una lista de 10 promesas incumplidas:

• No adquirió tres millones de vacunas Pfizer contra el Covid.
• No se vacunó al total de la población cruceña hasta septiembre del 2021.
• No creó 75.000 empleos.
• No amplió las instalaciones sanitarias.
• No presentó un plan para reducir las quemas controladas y evitar incendios forestales.
• No puso en funcionamiento la Comisión Agraria Departamental.
• No elaboró una propuesta del Pacto Fiscal dejando sin representación a Santa Cruz en el Consejo Naciona.
• No elaboró ni un borrador de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• No aprobó la ley para crear la Zona Económica Industrial Exportadora “Germán Busch”.
• No diseñó un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana. No hubo ni una reunión con del Consejo de Seguridad Ciudadana.

La aprobación y promulgación del Decreto 373 quedó en una nebulosa. Santa Cruz estuvo tres días sin Gobernador, fueron 72 horas de mentiras. Hoy, no se sabe si la Comisión Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados insistirá en citar a Camacho ni en qué está la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz y menos el avance o conclusión de la investigación anunciada por Camacho y sus colaboradores.

Camacho y Aguilera aparecieron juntos en un par de actos en un forzado intento por demostrar que desaparecieron sus diferencias. El Gobernador viajó con su familia a Estados Unidos y anunció, como debía hacerlo antes, que por tres días lo reemplazaba el Vicegobernador, pero las dudas continúan.

No se olvida que con un crucifijo pulsera en su muñeca derecha, Camacho juró “por Dios, la Patria y nuestro pueblo cruceño, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico del Departamento, las leyes y ejercer el cargo con honestidad y ética”, pero aún no cumple con sus acciones y mucho menos con sus explicaciones.

Boya.News/jcm/caq

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– Auto de apertura de juicio detalla fundamentos de acusación.

– El 10 de noviembre de 2019 anunció que le correspondía la sucesión presidencial y al día siguiente ya daba órdenes a los militares y los militares le daban trato de Jefa del Estado.

– Se autoproclamó presidenta del Senado y de Bolivia, sin quórum, al anochecer el día 12.

– Su juicio se inicia el 28 de marzo.

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La Paz, 23 de febrero de 2022

Boya.News – Jeanine Añez daba órdenes a los militares y los militares y policías le obedecían y le daban trato de Jefa de Estado un día antes de que la entonces Segunda Vicepresidenta del Senado se autoproclamara, en cuestión de minutos, primero Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Ésa es la principal prueba, en el proceso judicial por el golpe de 2019, de que, junto a militares y policías, actuó de mala fe para transgredir 15 normas de la Constitución y las Leyes, según se desprende del auto de apertura de juicio oral dictado por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que convocó a juicio oral a partir del 28 de marzo próximo.

La Resolución 09/2022 explica que “el juicio oral es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción” (art. 329 Código de Procedimiento Penal).

En base a la acusación de la Fiscalía, se indica que tras el arribo de Jeanine Añez de Trinidad a La Paz, el 11 de noviembre de 2019, al día siguiente de que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera anunciaran sus renuncias, Fuerzas Armadas y Policía, “en un trabajo conjunto dispusieron seguridad y traslado con escoltas desde el aeropuerto internacional de El Alto hasta el Colegio Militar Gualberto Villarroel ubicado en la Av. Rafael Pabón de la zona de Irpavi de La Paz”.

Posteriormente, Añez fue conducida al Hotel Casa Grande ubicado en la zona sur de La Paz y desde allí a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la céntrica plaza Murillo, “demostrando de esta manera y contrariamente a sus declaraciones en medios de prensa nacional, su firme intención de hacerse de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con la ayuda y cooperación necesaria recibida por miembros de las Fuerzas Armadas como policiales, quedando en evidencia de forma manifiesta el trato preferencial del cual fue sujeto, beneficio no equitativo para los asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores de la bancada oficialista”.

El documento judicial recuerda que Jeanine Añez dijo a los medios que convocaría a la Asamblea para tratar las renuncias del presidente, Vicepresidente y Asambleístas, ”denotando el conocimiento pleno del procedimiento de las Cámaras de Senadores y Diputados para el tratamiento y efectividad de las renuncias presentadas por el Presidente Constitucional del Estado Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera, así como el procedimiento legislativo establecido en los reglamentos de ambas Cámaras”.

“En la misma fecha 11 de noviembre de 2019, desconociendo por completo las normas y la propia Constitución Política del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas proceden al retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia, incumpliendo flagrantemente sus funciones y atribuciones, que parten desde la misión fundamental de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, a través del resguardo del gobierno constitucionalmente electo”.

“… ejecutando el retiro de la medalla presidencial cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, porque la Asamblea en pleno no había tratado conforme a procedimiento las renuncias del expresidente Juan Evo Morales Ayma y el exvicepresidente Álvaro García Linera, a vista y paciencia de los miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas”.

El 11 de noviembre, Añez y el Comandante de la Policía, Yukri Calderón, pidieron al Comandante en Jefe de las FF.AA., Williams Kaliman, mediante nota, que intervenga las manifestaciones de rechazo a la renuncia de Morales.

El documento judicial agrega que el policía Yuri Calderón garantizó la llegada de la senadora Añez a la Asamblea Legislativa “ya que desde la mañana de dicha fecha, éste habría ordenado (cual si fuera ya la presidenta del Estado), escoltas que garanticen su seguridad con el fin de ejecutar los actos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que van en contra de la Constitución Política del Estado, así como a los propios reglamentos internos tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados”.

La tarde del 11 de noviembre, a las 19:50, Añez, en una declaración en video, se dirige al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, instándole a sacar tropas a las calles para controlar “hordas delincuenciales” y le dice: “usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país, si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado no coordina con la policía para acabar con esta delincuencia que está ahora en las calles”. Añez se declararía presidenta del Senado un día después.

“Sin embargo, se tiene plenamente establecido que esta coordinación entre las FF.AA. y la Policía ya estaba en marcha desde antes de dicha conferencia de prensa, desde la llegada de Jeanine Añez Chávez al aeropuerto de la ciudad de El Alto, toda vez que Jorge Gonzalo Terceros Lara, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, con pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos, viabiliza de manera arbitraria que la ex senadora Jeanine Añez sea trasladada desde el aeropuerto internacional de El Alto el Colegio Militar, en un helicóptero de propiedad del Ministerio de la Presidencia con matrícula FAB-754 modelo AS35-B3, al comprometer realizar el pago de Bs. 5.545,54 a AIR BP BOLIVIA S.A., subsidiaria de YPFB a través del Cnl. Luis Marcelo Cervantes Torres (en esa oportunidad comandante de la Unidad Grupo Aéreo de Caza 31), por concepto de combustible, no siendo éste el único vuelo que realizó dicha nave la fecha de referencia”.

Agrega que el Gral. Jorge Mendieta ordenó al Gral. Willy Pozo, comandante del Colegio Militar, permitir el aterrizaje de esa aeronave en sus predios, donde ya la estaba esperando un considerable número de escoltas de la policía.

“De donde se concluye que la coordinación entre policías y militares para que Jeanine Añez se haga de la Presidencia del Estado, ya estaba en marcha y de forma coordinada desde la mañana de fecha 11 de noviembre de 2019”. Pernoctó, siempre bajo escoltas policiales, en el domicilio de una oficial de la policía ubicado en la zona de Llojeta. El 12 de noviembre fue trasladada a la Asamblea Legislativa, “lugar donde en actitud desleal, ilegal y fuera de toda norma en relación a la sucesión de autoridades electas, alejada de todo deber impuesto por la Constitución Política del Estado se proclame, primero Presidenta del Senado y posteriormente presidenta del Estado Plurinacional”.

Agrega que Sergio Orellana, Jefe del Departamento III de Operaciones dependiente del Comando en Jefe de las FF.AA., encargado de operaciones, instrucción entrenamiento y organización, es señalado como el operador de la orden del transporte de asambleístas nacionales afines a la ex senadora Jeanine Añez “para desarrollar la puesta en escena de las conjeturadas sesiones tanto del Senado como de la Asamblea, el traslado fue realizado en aviones militares de la Fuerza Aérea, es decir, existía un plan de concretar los hechos ilegales con la participación de diputados y senadores suplentes, cuando expresamente los reglamentos generales de senadores y diputados refieren que las habilitaciones de suplentes las hacen los propios titulares”.

Se recuerda que ya en fecha 10 de noviembre, en la ciudad de Trinidad, Jeanine Añez declaró a las 18:45 a la red Unitel, que “le corresponde la Presidencia, por sucesión, pero previamente convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para considerar las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, demostrando de forma tangible que conocía el procedimiento constitucional y los reglamentos de la Asamblea”.

El 12 de noviembre, a las 18:40, convocó a la sesión ordinaria No. 198 del Senado y, al solicitar informe sobre el quórum, el senador Secretario respondió ”… revisado el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones, por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión…” Antes de suspender la fallida sesión 198, Añez realiza su primera auto proclamación: “… corresponde a mi persona en calidad de segunda Vicepresidenta asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la Presidenta y del 1er. Vicepresidente de la Cámara de Senadores…”

Luego se dirige al Hemiciclo de la Cámara de Diputados “para consumar el plan pretendido, ya que sin la convocatoria respectiva, Jeanine Añez Chávez procedió a llevar a cabo la sesión de la Asamblea donde asumió la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia”. Explicó que lo hacía en su condición de presidenta del Senado.

Horas antes había explicado que convocaría a sesión del Senado para tratar las renuncias de la Presidenta Salvatierra y del Vicepresidente Medinacelli. Y que luego se instalaría la Asamblea (sesión conjunta de senadores y diputados) para considerar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García. No hubo quórum en ninguno de los casos por lo que tampoco se consideraron esas renuncias.

Al final, Jeanine Áñez tomó los lugares de Morales, García Linera, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, y hasta las atribuciones de los plenos del Senado y de las dos cámaras reunidas en Asamblea.

fm/Boya.News

– Investigación preliminar descartó juicio contra Evo Morales por supuestos crímenes de lesa humanidad.

– La denuncia había sido elevada a la Corte Penal Internacional por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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La Paz, 18 de febrero de 2022

Boya.News – Jeanine Áñez “se proclamó Presidenta interina”, apuntó el fiscal mundial Karim Khan el pasado 14 de febrero, en un relato independiente de momentos claves de la crisis política de 2019 que todavía sigue marcando el acontecer cotidiano de Bolivia.

La afirmación de Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, resultó casi desapercibida en medio del ruido de los medios y el alboroto de las redes sociales que en la última semana estuvieron concentrados en la huelga de hambre de Áñez -detenida preventivamente en espera de juicio por su asunción presidencial-, un nuevo escándalo de corrupción judicial y la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán.

El fiscal anotó su frase sobre la forma en que Áñez se convirtió en Presidenta en una descripción de los sucesos de 2019 y otros antecedentes de la huelga general y bloqueos de caminos de agosto de 2020, por los cuales el Gobierno de la exsenadora Áñez acusó de delitos de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB).

Khan concluyó que no había materia suficiente para investigar formalmente a Morales y compañía por crímenes de lesa humanidad, y cerró el caso. Los medios anotaron el fracaso de la denuncia y cerraron también su cobertura del caso, sin mencionar la afirmación del fiscal de la CPI sobre el hecho que todavía divide a políticos y activistas del país y es causa del primer juicio ordinario que enfrenta Áñez: ¿Fue golpe o no fue golpe?

Sobre el otro problema capital del 2019, el supuesto fraude electoral en favor de Morales, el fiscal de la CPI solo mencionó la controversia.

EN POCAS PALABRAS

Ésta es la descripción de la crisis de 2019 y sucesos siguientes hecha por el fiscal Khan, contenida en el resumen ejecutivo del Informe Final sobre Situación en Bolivia:

“En octubre de 2019, Evo Morales, por aquel entonces Presidente de Bolivia, volvió a salir elegido al término de unas elecciones generales muy controvertidas. En medio de ulteriores protestas y disturbios generalizados, Morales dimitió, aunque él y sus seguidores mantuvieron que había sido derrocado en un golpe de Estado y rechazaron las imputaciones de fraude electoral. Con la dimisión del Presidente Morales, Jeanine Áñez, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores y miembro de la oposición, se proclamó Presidenta interina. De conformidad con la Constitución de Bolivia, debían celebrarse nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, aunque las elecciones se programaron para el 3 de mayo de 2020, la fecha de celebración se reprogramó en repetidas ocasiones a causa de preocupaciones planteadas por la situación de la pandemia de COVID-19 hasta que se fijó la fecha definitiva para el 18 de octubre de 2020”.

Luego, el relato del fiscal sobre la protesta denunciada por el Gobierno transitorio como delito de lesa humanidad:

“Este aplazamiento final fue criticado por el partido político de Morales, Movimiento al Socialismo (“MAS”), así como por organizaciones y grupos afines a él, que habían abogado por que las elecciones se celebraran en una fecha anterior, el 6 de septiembre de 2020. Estas organizaciones acusaron al Gobierno interino de aprovechar la crisis de la COVID-19 para aferrarse al poder al tiempo que reprimía a sus adversarios políticos.
A continuación, en el marco de estas tensiones, el 28 de julio o en una fecha aproximada grupos como, entre otros, la Central Obrera Boliviana (“COB”) y el Pacto de Unidad (“PdU”) dieron al Tribunal Supremo Electoral (“TSE”) un ultimátum de 72 horas para
invalidar el último aplazamiento de las elecciones a fin de celebrarlas el 6 de septiembre, pues de lo contrario movilizarían bloqueos de carreteras en señal de protesta a partir del 3 de agosto de 2020. Al no atenderse sus exigencias, se organizaron
por todo el país numerosos bloqueos de carreteras (en total, entre 70 y 140 en el curso de la campaña) que obstruyeron rutas primarias de transporte, en particular las que conectaban las principales ciudades, como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Presuntamente, en los bloqueos participaron varios miles de personas”.

Y la acusación del Gobierno provisional, más la respuesta de la COB, según resumió el fiscal de la CPI:

“Tan pronto como se anunciaron los bloqueos y mientras duraron, funcionarios del Gobierno de Bolivia y otras instancias acusaron a los responsables de mermar gravemente la capacidad del país de responder a la crisis de la COVID-19 y perjudicar al pueblo, en particular causando muertes al impedir el paso a camiones cisterna que transportaban oxígeno medicinal y ambulancias que transportaban medicamentos. Los dirigentes de los bloqueos y quienes participaron en ellos rechazaron esas alegaciones y acusaron al Gobierno interino de intentar culpar a los manifestantes de la crisis de salud pública, que, según argumentaban, se debía más bien a la gestión que había hecho
el Gobierno de la situación”.

Morales estaba exiliado en Buenos Aires, Argentina, cuando se produjeron la huelga y los bloqueos de agosto de 2020 por los que fue denunciado ante la CPI.

El fiscal Khan resumió que en la denuncia del Gobierno transitorio “se sostiene que esa conducta (la protesta) es constitutiva de crímenes de lesa humanidad consistentes en asesinato y otros actos inhumanos”, y que los participantes en los bloqueos “atacaron deliberadamente a la población boliviana con el objeto de causar muertes, intimidación y sufrimiento a fin de satisfacer sus exigencias políticas”.

En respuesta a esta denuncia, la determinación del fiscal: “Al término del proceso de examen preliminar, he determinado que no existe fundamento suficiente para creer que se hayan cometido presuntos crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (“CPI” o la “Corte”). En particular, he determinado que la presunta conducta no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

Boya.News

– Anulada la primera convocatoria, el juicio por el golpe comenzaría en marzo.

– Defensa de expresidenta transitoria logra imponer objeciones formales.

– Excomandantes Jarjuri de la Armada y Terceros de la Fuerza Aérea podrían ser condenados anticipadamente.

La Paz, 10 de febrero de 2022

Boya.News – La expresidenta Jeanine Áñez ganó un poco de aire, sacando provecho del engorroso sistema judicial boliviano para aplazar sin fecha el juicio por el golpe de 2019 que debía instalarse el jueves 10 de febrero, pero su defensa tropezó con un inconveniente potencialmente grave: dos militares coacusados admitieron culpabilidad, aparentemente, ante la fiscalía.

El largamente esperado primer juicio ordinario contra Áñez y ocho excomandantes militares y policiales, por los hechos que llevaron a la exsenadora de la minoría a la Presidencia tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019, podría instalarse finalmente en marzo, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, tras el cierre de la frustrada y caótica audiencia virtual inicial.

Pronosticó que, al haber logrado la defensa imponer sus objeciones de forma a la instalación del juicio, ya no quedarían argumentos para cuestionar el proceso ni para rechazar la sentencia que llegue a emitir el tribunal de tres jueces que atenderá el caso por el cual Áñez está en detención preventiva desde marzo de 2021.

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APLAZAMIENTO

“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022”, anunció el presidente del tribunal de La Paz, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate ¿.

Día y hora de la nueva audiencia de apertura formal del juicio oral no fueron definidos de inmediato, pero serán programados atendiendo el pedido de la defensa de que haya al menos 20 días hábiles entre la convocatoria y el acto mismo. El tribunal deberá resolver también si da curso a la exigencia del equipo de Áñez de que los debates sean presenciales y que se notifique debidamente a todos los acusados, incluidos dos excomandantes que están prófugos.

La fecha del 10 de febrero había sido fijada por una resolución judicial del 18 de enero, con más de 20 días calendario de anticipación pero solo 17 días hábiles según dijo la defensa entre otras observaciones de forma, que los acusadores consideraron sin mayor importancia pero que el tribunal terminó aceptando para justificar la suspensión de la audiencia.

El equipo defensor de Áñez celebró la resolución de aplazamiento, en tanto que los abogados de las partes acusadoras -Fiscalía, Procuraduría General, Ministerio de Gobierno y Cámara de Senadores- la aceptaron haciendo apenas planteamientos de complementaciones de forma.

El ministro Lima aseguró luego que el Gobierno acata la decisión del tribunal de aplazar el juicio, afirmando que el Ejecutivo “respeta el debido proceso”. “Estamos viviendo un estado de derecho, acá lo que ha ocurrido es un aspecto técnico que va a mejorar ese debido proceso y va a mostrar a la comunidad internacional que el país es respetuoso de todos los pedidos de la señora Áñez”, dijo.

JARJURI Y TERCEROS

Lima reveló luego de la audiencia que un documento anunciado como incidente previo y cuya consideración fue postergada hasta el inicio formal del juicio era una comunicación enviada por dos ex comandantes que figuran entre los acusados, Palmiro Jarjuri de la Armada y Jorge Terceros de la Fuerza Aérea, en la que piden ser sometidos a un procedimiento abreviado de sentencia.

“Esto es una noticia importante para el país: hay dos personas, Jarjuri y Terceros, que han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía de procedimiento abreviado; esto es un reconocimiento de culpabilidad y responsabilidad”, destacó Lima.

Agregó que luego de que el tribunal dio curso a las observaciones de la defensa, el juicio podría instalarse en marzo, “ya sin ningún defecto procesal y probablemente con algunas personas que tengan ya sentencia condenatoria, como Jarjuri y Terceros”.

La supuesta admisión de culpa de los dos excomandantes fue puesta en duda por uno de los abogados de Áñez, Luis Guillén, quien dijo a reporteros tras la audiencia virtual que su equipo no había sido notificado oficialmente.

Advirtió en seguida que el procedimiento abreviado anunciado por el ministro Lima podría ser utilizado como una suerte de “prueba” de la acusación.

DELITOS

Ante reclamos de representantes de víctimas de masacres ocurridas durante los primeros días del gobierno transitorio de Áñez, en noviembre de 2019, el ministro explicó que el juicio que está en puertas es solo el primero de varios procesos que enfrentaría la exgobernante por la “interrupción democrática”.

El primer juicio es de carácter ordinario porque no se refiere a lo ocurrido durante la gestión de Áñez sino a la “violación de la Constitución e incumplimiento de deberes” ocurridos en los hechos que la llevaron al poder, pasando por las operaciones militares que acompañaron a su autoproclamación sucesiva como presidenta del Senado y presidenta transitoria del país.

“Este es el primer juicio, quedan pendientes el tema de masacres, el de la grave corrupción y muchos temas que vamos a llevar a los tribunales con la verdad (porque) pensamos que en 2019 se ha interrumpido la democracia y lo vamos a demostrar con pruebas en los tribunales de justicia”, dijo Lima.

Para procesar estos últimos delitos del gobierno de Áñez, se han planteado cinco juicios de responsabilidades, que deben ser autorizados por el parlamento, donde el Movimiento Al Socialismo es mayoría pero no suma los dos tercios de votos requeridos, por lo que reclama el apoyo de las agrupaciones opositoras Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho.

Adicionalmente, señaló Lima, se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de juzgar estos delitos también por vía ordinaria.

En el primer juicio, por el llamado “Caso Golpe II”, los acusados son, además de Áñez, los generales y almirantes Williams Kaliman, Jorge Fernández, Sergio Orellana, Flavio Arce, Jorge Terceros, Palmiro Jarjuri y Jorge Mendieta, integrantes del alto mando militar, y el general Yuri Calderón, excomandante de la Policía.

Los nueve acusados deben responder por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que corresponden exclusivamente a funcionarios.

Boya.News

– Cae Maximiliano Dávila, otrora jefe antidrogas del expresidente Morales, y ya van tres.

– Aunque expulsada, la agencia estadounidense sigue de cerca a sospechosos bolivianos.

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La Paz, 3 de febrero de 2022

Boya.News – Maximiliano Dávila no es el primer exjefe antidrogas boliviano que cae acusado del delito que debió combatir durante los gobiernos de Evo Morales, pero nunca antes la agencia antidrogas estadounidense DEA había llevado sus investigaciones tan cerca del exgobernante y líder cocalero.

El coronel policial que comandó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hasta poco después del derrocamiento de Morales en noviembre de 2019 está en detención preventiva desde que fue capturado el 22 de enero, cuando intentaba ingresar a Argentina, y espera no solo su enjuiciamiento local por lavado de narco-dinero y protección al tráfico de drogas, sino también su eventual extradición a Estados Unidos, donde está acusado además de narcotráfico y uso ilegal de armas.

Dávila, quien fue destituido de la FELCN dos semanas después de la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, estuvo luego un año asignado sin funciones al alto mando policial hasta que en noviembre de 2020, ya en el Gobierno de Luis Arce (del MAS liderado por Morales), fue designado comandante de la policía en el departamento de Cochabamba, donde estuvo cinco meses antes de volver a un discreto segundo plano.

DEA O FELCN

La caída de Dávila comenzó a madurar, al menos públicamente, a mediados de enero, cuando la DEA lo mencionó como supuesto cómplice del expolicía boliviano Omar Rojas, detenido en Colombia. La DEA dijo entonces que ya en septiembre de 2021 había acusado de narcotráfico y delitos conexos a Dávila, Rojas, el excapo de la droga Jorge “Techo de Paja” Roca Suárez y otros, en un tribunal de Nueva York.

En una insólita disputa de competencias, el Gobierno boliviano ha negado haber cooperado en este caso con la DEA, agencia que está oficialmente fuera del país desde que Morales la expulsó en 2008 acusándola de injerencia y de usar la lucha antidroga como herramienta política, sindicaciones similares con las que el líder cocalero echó ese mismo año al embajador estadounidense Phiplip Goldberg.

Según la versión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Dávila cayó en la frontera de Villazón tras una investigación estrictamente nacional referida a hechos ocurridos en 2020, después del golpe, lo cual dejaría a Morales fuera de sospecha.

La DEA, que dijo haber obtenido legalmente información sobre los trajines de Dávila, lo acusó de delitos que habría cometido antes y durante su paso por la FELCN en 2019. De paso, la agencia estadounidense prometió hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la condena de Dávila, tanto dinero como el que ofreció años antes para capturar al meganarcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esto dijo la DEA al ofrecer la recompensa:

“Durante su función como director de la FELCN, se cree que Dávila habría usado su posición para proteger aeronaves que se usaban para el transporte de cocaína a través de terceros países con fines de distribución en Estados Unidos. A su vez, antes de asumir como director de la FELCN y mientras ejerció esa función, Dávila habría estado implicado en actividades de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero”.

Dávila parecía seguir así los pasos de los exgenerales René Zanabria y Oscar Nina, el primero un hombre fuerte de la lucha antidrogas de Morales que en 2011 cayó in fraganti en Panamá con un cargamento de cocaína destinado a Estados Unidos, por lo cual cumple actualmente condena, y el segundo también condenado dos años después por narcotráfico.

Las investigaciones de la DEA mencionaron además como sospechoso a otro exjefe antidrogas boliviano, Alexander Rojas, hermano de Olmar Rojas, según medios locales.

¿EVO EN LA MIRA?

Estados Unidos, en tácita condena a Morales, ha “descertificado” invariablemente a Bolivia en las dos últimas décadas, incluyéndola en la lista de países que no cumplen sus “obligaciones” de lucha contra el narcotráfico. La oposición conservadora ha ido repetidamente más lejos, al denunciar no solo que los gobiernos del MAS no colaboran en esa lucha sino inclusive que Morales estaría implicado indirectamente en narcotráfico.

Ningún cargo por narcotráfico ha sido presentado hasta ahora contra Morales, ni dentro ni fuera de Bolivia, pero la oposición ha aprovechado el caso para destacar la proximidad del exjefe antidrogas con el expresidente, anotando además que el último mando policial de Dávila fue en Cochabamba, distrito donde están los sindicatos cocaleros de Chapare que encabeza el exgobernante.

Según el diputado Erwin Bazán, jefe de la bancada de la agrupación ultraderechista Creemos del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tras la caída de Rojas en Colombia el actual Gobierno boliviano se habría apresurado a poner tras las rejas a Dávila, evitando que “caiga” en manos de la DEA.

“Si el coronel Dávila salía del país y era apresado por la DEA, iba a delatar a Evo Morales”, sostuvo el parlamentario, planteando que el exjefe antidroga sea juzgado prefentemente en Estados Unidos y no en Bolivia por una consideración de “independencia judicial”.

Otro opositor, el diputado Alberto Astorga, de la alianza derechista Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa, afirmó que la recompensa ofrecida por la DEA “demuestra que en Estados Unidos se pretende investigar los nexos que Dávila tuvo con políticos incluso con Evo Morales, mientras en el país se intenta proteger a Davila para que no hable sobre sus nexos”.

El expresidente Jorge Quiroga se sumó a este coro calificando al caso como “vergüenza internacional para Bolivia” porque “quien encabezaba lucha contra el narcotráfico… era el capo de los narcos”.

“Advertimos la gravedad de este caso hace casi un mes, en el gobierno callaron y hoy algunos encubren a este narco-delincuente”, añadió “Tuto” Quiroga.

En réplica, el MAS denunció en un comunicado que Morales era en este caso víctima de “unaguerra sucia de mentiras y noticias sesgadas amplificada por políticos perdedores y fracasados vinculados a la conspiración que perpetró el golpe de Estado de noviembre de 2019” y remarcó que en la investigación de la DEA, a la que dijo haber tenido acceso, “no existe una sola prueba, mención, acusación, indicio o alusión al expresidente de Bolivia y presidente del MAS”.

“Que sigan investigando como cuando él era solo dirigente de los cocaleros, pero jamás van a poder comprobar que Evo haya sido cómplice ni narcotraficante en su vida”, desafió el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El exministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, en cuya gestión Dávila asumió la dirección de la FELCN, dijo que esa designación no fue política, sino orgánica según reglamento policial, y rechazó las insinuaciones de vínculos ilegales entre el exjefe antidrogas y el expresidente.

“Me molesta que se le falte al respeto a Evo Morales. Él es quien liberó económicamente al país (…); pretender involucrar a Evo en este caso es un despropósito”, afirmó Romero.

Entretanto, el dirigente cocalero y presidente del Senado Andrónico Rodríguez rechazó la posibilidad de que Dávila sea entregado a Washington. “No creemos que corresponda la extraditación. ¿Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito, cuando debemos juzgarlo en nuestro país?”, dijo el líder parlamentario oficialista.

“Estados Unidos intenta burlarse del país, es injerencia. Ellos tienen toda la información y no tienen por qué colocar algún chantaje”, protestó a su turno el principal diputado del MAS y también dirigente cocalero, Leonardo Loza.

EXTRADICIÓN

En este ambiente, la Cancillería confirmó el miércoles 2 que recibió el primer aviso oficial de Estados Unidos de que presentará los documentos necesarios para lograr la extradición de Dávila, en el marco de un tratado firmado en 1995, cuando gobernaba en Bolivia el ahora prófugo neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

“No hay plazos para la revisión de los requisitos formales, esto se hará en un plazo razonable”, dijo el canciller Rogelio Mayta, y destacó que en este trámite “la Cancillería no es un ente decisor de tipo de requerimiento” y que “si se cumplen los requisitos, se remite al Tribunal Supremo de Justicia”, que decidirá en única instancia si procede o no la extradición, y si ésta se llevaría a cabo antes o después de una eventual condena en Bolivia.

“VAMOS A VER…”

Dávila, considerado en los gobiernos de Morales como uno de los hombres fuertes de la policía, fue Director Nacional de Inteligencia antes de llegar a la FELCN.

Cuán cercano es o era Dávila al expresidente, está por verse. Por ahora ha ganado notoriedad una fotografía del 26 de octubre de 2019 en la que Dávila y otros jefes policiales aparecen junto a Morales celebrando su cumpleaños. Ese día ya estaban en marcha las movilizaciones que terminarían provocando la caída del líder indígena y cocalero.

El exjefe antidrogas ha negado los cargos de narcotráfico, declarándose víctima de una confabulación, y cuando fue presentado a la prensa, enmanillado, lanzó sin disimulo la amenaza “vamos a ver…” al comandante general de la policía, Jhonny Aguilera, su compañero de promoción.

Evo Morales está guardando silencio sobre el tema.

caq/Boya.News

– Así pasó por La Paz el autoproclamado “presidente” de Venezuela.

– Fueron recuperados 15 de 34 vehículos robados y vendidos por los diplomáticos que acreditó Juan Guaidó como sus representantes ante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La Paz, 17 de enero de 2022

Boya.News – La denuncia de funcionarios de la embajada de Venezuela sobre el asalto de que fue objeto su sede diplomática en la ciudad de La Paz, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, empezó a tomar cuerpo con la recuperación de 15 de 34 vehículos que fueran robados y luego vendidos dentro del país. El lunes 17, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, identificó como responsables del robo a los más altos funcionarios diplomáticos que el autoproclamado “presidente” venezolano Juan Guaidó acreditó ante Áñez.

El informe oficial señala que los diplomáticos de Guaidó “llegaron al extremo de hurtar y vender logística de una Embajada”, como “muebles, enseres, vehículos, esculturas, equipos de comunicación entre otros”.

Guaidó se autoproclamó “presidente” de Venezuela el 23 de enero de 2019 con el beneplácito del Gobierno de Estados Unidos y Jeanine Añez se autoproclamó presidenta transitroria de Bolivia el 12 de noviembre de ese mismo año, también con el beneplácito del Gobierno de Donald Trump.

Se explicó que el hurto y posterior venta se produjeron en confabulación con funcionarios del gobierno de Áñez, que “reconoció” a Guaidó como “presidente” de Venezuela, quien acreditó como sus funcionarios diplomáticos en Bolivia a Winston Flores y José Pumare, ambos autoproclamados embajadores en Bolivia, y a Arturo Vilar Estévez como Ministro Consejero, Rafael Cáceres Primer Secretario, el capitán Henry José Rivas Pérez como agregado Militar y a Mario Mario Martínez como jefe de Seguridad de la Embajada ubicada en la zona de Obrajes de La Paz.

El Ministro del Castillo explicó que esos funcionarios cambiaron las llaves de los motorizados y usaron documentación falsa para también falsificar instrumentos públicos y vender vehículos de propiedad de la embajada de Venezuela que se encontraban en su garaje. Los vehículos sustraídos del garaje de la embajada fueron 34 y 15 fueron recuperados y mostrados a la prensa, entre ellos, ocho vagonetas, un automóvil, un minibús y una motocicleta. Pero también se recuperaron equipos para medios de comunicación que se habían entregado al portero de una radioemisora de La Paz, un arma de fuego y cartuchos de municiones.

Un ex funcionario de la embajada, de apellido Hernández, fue citado como autor de la sustracción de 4 vehículos. Mediante un tramitador, se falsificaron los testimonios de compra y venta, así como el cambio de Registro Único Automotor (RUAT) en el gobierno municipal rural de Caracollo, para facilitar su venta.

El ministro Del Castillo calificó como “algo lamentable para la diplomacia de ambos países y de nuestra América Latina en general” esos hechos y anunció que continúan las investigaciones para recuperar lo que fue robado de la embajada de Venezuela en La Paz por los diplomáticos acreditados por Guaidó. “Se llevaron todo lo que podía tener algo de valor”, dijeron fuentes allegadas a la investigación.

COORDINACIÓN

El 16 de noviembre de 2019, a 4 días de la autoproclamación de Jeanine Áñez como “presidenta transitoria”, el canal estatal de Bolivia transmitió la video llamada de ésta con Juan Guaidó. Durante 14 minutos hablaron del futuro nombramiento de embajadores. Guaidó dijo que el golpe contra Evo Morales no era “una brisita”, sino “un gran huracán de democracia para liberar no solamente a Venezuela”. Añez le respondió que compartía “los mismos objetivos”.

fm/Boya

– No es federalismo/centralismo sino federalismo/MAS, según propuesta de Camacho.

– Mientras avanza marcha oficialista hacia La Paz, alcaldes prefieren hablar de autonomías, crisis y pandemia.

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La Paz, 24 de noviembre de 2021

Boya.News – Para unos, ha llegado el momento de que Bolivia debata y considere seriamente la idea de convertirse en un Estado Federal. Para otros, es tiempo de marchar en defensa de la democracia, en vista de la tensión política, los desafíos al Gobierno establecido y las dificultades económicas y sanitarias.

Una renacida propuesta preliminar de federalismo, presentada sorpresivamente por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho el lunes 22, ganó titulares de urgencia pero no logró opacar el arranque de la masiva marcha de sectores oficialistas, liderados por el expresidente Evo Morales, en respaldo del Gobierno de Luis Arce.

La marcha que comenzó el martes 23 en Caracollo (Oruro) avanzaba con aire festivo y hasta victorioso por el altiplano, con el objetivo de culminar el lunes 29 en un “masivo reventón” en el centro de La Paz, demostración de fuerza con la cual el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende aplastar políticamente a sectores de derecha que tildaron a Arce de “dictador” y hasta llamaron a “tumbarlo” durante un reciente paro opositor.

En la marcha partieron unos 10.000 seguidores de Morales y Arce, que con las adhesiones en el camino llegarían a ser decenas de miles en la concentración del lunes, según dirigentes masistas. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, fue incluso más optimista y pronosticó una congregación de un millón de personas en rechazo a los “afanes golpistas” y en respaldo de Arce, quien compartió los primeros kilómetros de la marcha.

Federalismo versus MAS

Para derrotar al MAS, no quedaría más solución que volver a refundar Bolivia, fue el razonamiento central con el cual el derechista Camacho trató de abrir esta semana una vía de debate, o de nuevo tensionamiento político, al actualizar la cuestión del federalismo cuando todavía no se ha consolidado el Estado Plurinacional, también Estado de Autonomías, que dejó a la República en el pasado.

Con ese propósito anti MAS, la propuesta/demanda/ilusión de convertir a Bolivia en un Estado Federal, antigua aunque reducida a menciones aisladas de grupos conservadores de Santa Cruz con eco en unos dirigentes cívicos de Potosí, fue levantada por primera vez esta semana al nivel de planteamiento de debate nacional.

Camacho la presentó formalmente en un mensaje al país el lunes 22, el día previo a la partida de la marcha oficialista.

La propuesta federalista parecía deambular en los días siguientes entre rechazos, dudas y desconfianzas del oficialismo y la oposición, mientras la marcha pro gubernamental se mostraba cada vez más fuerte.

Bolivia vive una crisis política y económica que en gran parte es resultado de “la política centralista que practica el Movimiento Al Socialismo desde el Gobierno”, argumentó Camacho, acusando al partido que gobierna desde 2006 de todos los males centralistas de la historia e ignorando inclusive que el país ya funciona, aunque con defectos, como un estado de autonomías regionales, de departamentos, municipios y regiones especiales.

Camacho repitió la consigna de que los departamentos “quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, el centralismo y el masismo no los dejan”, frente a lo cual consideró “llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo”, sin dar señas de cómo funcionaría ese sistema en una Bolivia con diferencias de riqueza tan marcadas entre sus regiones, más allá de destacar el gran potencial económico de Santa Cruz –”locomotora de la democracia”, lo definió- para ser dueño de su destino.

Arce acepta el reto

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Arce acogió textualmente el desafío electoral-federalista de Camacho, y lo aceptó, evitando, como el mismo gobernador cruceño, mencionar cuestiones de fondo sobre la organización del Estado boliviano.

“Esa oligarquía, que nunca ganó las elecciones, ahora tiene otro tipo de propuestas, pero el pueblo ganó las elecciones en 2006 en el Estado republicano, ganamos las elecciones en el Estado plurinacional, ganamos elecciones con autonomías y ganaremos con federalismo”, dijo el mandatario al dar inicio a la marcha.

El Presidente resumió así el devenir electoral desde 2006, cuando el MAS comenzó a encadenar sus victorias electorales nacionales hasta la más reciente, la de 2020, que lo llevó al poder con 55% de votos válidos mientras Camacho quedaba en tercer lugar con apenas 14%, que compensaría luego con su elección como gobernador cruceño.

Idas y venidas

Camacho lanzó su propuesta federalista después de que el Comité Cívico de Santa Cruz, que él dirigía cuando participó en el golpe de 2009, levantara de mala gana el “paro indefinido” iniciado el 8 de noviembre contra el “paquete de leyes malditas” de Arce y anunciara la preparación de nuevas protestas contra el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 de Arce, al que consideraba impulsor del centralismo, “pro comunista” y “anti autonomista”.

Bolivia nació como República independiente en 1825, organizada con carácter unitario y dirigida por gobiernos nacionales que designaban a todas las autoridades regionales, situación que solo comenzó a cambiar a fines del siglo XX cuando se instauraron elecciones de autoridades regionales con escasas atribuciones y todavía dependientes del poder central.

Morales, en su primer Gobierno y tras una serie de referendos, promulgó en 2009 la Constitución del Estado Plurinacional que estableció el actual régimen de autonomías, en el que están señaladas las competencias de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, incluida la redacción y aprobación de sus propias cartas orgánicas o constituciones regionales y locales.

La reivindicación del federalismo ha dado ánimo a muchas movilizaciones en Santa Cruz, en las últimas décadas, y fue también planteada por Camacho a principios de 2021, luego de su derrota como candidato presidencial con una propuesta de avance progresivo hacia el federalismo.

“Proponemos una descentralización de verdad (…) y planteamos hasta el 2023, en el marco de la Constitución, profundizar el proceso de descentralización con la salud y la educación. Mientras vamos avanzando en la modificación real y vamos trabajando en el mandato de los cabildos de llevar un gobierno federal, vamos a profundizar en el marco de la Constitución lo que es el pacto fiscal y lo que significa la descentralización en salud y la educación”, dijo en la campaña presidencial de 2020. (Página Siete, en reporte de Debate Nacional, (7/10/2020)

Ya en carera por la gobernación cruceña, en febrero pasado, Camacho reafirmó su propósito de consolidar las autonomías antes del federalismo.

“En estos momentos planteamos la recuperación de la autonomía y esto abarca la consolidación de las competencias que establece la Constitución y las que señala el Estatuto Autonómico. (…) No pretendemos avanzar hacia un federalismo sin la consolidación de la autonomía”, dijo al diario El Deber (7/2/2021).

Pasados poco más de seis meses de gestión como gobernador, Camacho plantea el debate federalista sin mencionar la consolidación de las autonomías.

Reacciones

En los dos días siguientes a la presentación de la propuesta camachista, hubo entre otras las siguientes reaccioines:

– “Hablan de federalismo pero detrás de ese argumento, en realidad, hablan de separatismo, como en 2008, pero defenderemos la patria porque tenemos visión de país para todos y un programa para todos”. (expresidente Evo Morales). El mismo líder oficialista había planteado en la semana anterior “un debate sincero, quién sabe… un referendo nacional sobre el federalismo”.

– “Están empezando a posicionar el federalismo y nosotros no podemos permitir que otra vez con esa frase, con esa palabra, intenten dividir Bolivia para sus intereses personales y regionales, y para defender su riqueza”. (Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana).

– “El federalismo obedece a un fracaso político, no solamente en lo que hace a una gestión totalmente ineficiente, sino también a un fracaso político de tener un proyecto que responda a Bolivia”. (María Nela Prada, ministra de la Presidencia).

– “Camacho busca en el fondo el poder, y el Gobierno defenderá las conquistas sociales de las mayorías en cualquier modelo de Estado. Si detrás de esto en realidad se tiene intenciones de explosionar el país, intenciones de convulsionar con estas propuestas, porque puede ser un caballo de Troya en el Estado Plurinacional el modelo federal, que en realidad es para reventar el país, es riesgoso y no deberíamos permitir los bolivianos”. (Edmundo Novillo, ministro de Defensa).

-“El debate está abierto, pero no creo que (tengamos que) estar debatiendo federalismo en plenas fiestas de fin de año, hay otros temas más importantes, a mí me preocupa mucho la vacunación, no es el momento de discutir. Yo soy autonomista, yo creo en las autonomías, yo creo que hay que fortalecer las autonomías de cualquier manera”. (Iván Arias, alcalde de La Paz).

– “Por lo pronto, lo que nosotros los alcaldes y gobernadores deberíamos estar viendo es el tema de restablecer la economía de nuestro país y, antes de pensar en un federalismo, (…) hay que discutir el tema del pacto fiscal y la redistribución”. (Eva Copa, alcaldesa de El Alto).

– “Todo debate, toda discusión, toda propuesta tan importante como ésta, debe ser acogida y debe ser enfrentada con cabeza abierta, con mente abierta, con espíritu abierto, para lograr un resultado positivo. (…) El país vive momentos complicados y difíciles, en el que hay que dar respuestas de otra naturaleza, y que no van a pararse porque discutamos el federalismo”. (Expresidente Carlos Mesa).

– “El federalismo es lo mejor para Bolivia, pero no es el momento para discutirlo ante la actual coyuntura por conflictos sociales en el país. Estamos viendo marchas, paros y hablar ahora de federalismo y creo que es echar gasolina al fuego”. (Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba).

– “Este no es el momento, primero consolidemos las autonomías, te que ir paso a paso, no podemos romper un esquema para abrir otro, primero consolidemos esto, después entremos a la otra fase. Veo algo raro, políticamente, en el planteamiento del gobernador después de que lo hiciera Evo morales”, (Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz).

Editor/Boya

– Arce participó en primera jornada de la marcha del oficialismo, de Caracollo a La Paz, que responde al reciente paro opositor.

– Manifestación política durará siete días, hasta el 29 de agosto.

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Oruro/La Paz, 23 de noviembre de 2021

Boya.News

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– Tras el paro gremial-cívico opositor, llega la oficialista “marcha por la Patria”.

– Caminata de Caracollo a La Paz, nuevo episodio de la lucha política.

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La Paz, 22 de noviembre de 2021

Boya-News – A la semana siguiente del mayor paro opositor que enfrentó el presidente Luis Arce -que tuvo momentos de fuerza suficiente para que sus líderes hablaran hasta de “tumbar” al Gobierno-, llega el contraataque oficialista: una marcha anunciada como de “muchos millares”, convocada y encabezada por Evo Morales, del 23 y el 29 de noviembre entre Caracollo y La Paz.

El expresidente, que lanzó la iniciativa en medio del reciente paro como respuesta a la incipiente intentona golpista, que según Arce sigue todavía en pie, invitó al Presidente y a su Vice, David Choquehuanca, a dar la partida de la caminata de 200 kilómetros que transcurrirá casi totalmente por el altiplano hasta llegar a El Alto, y de ahí descender a la sede de gobierno.

“Hemos invitado al hermano Lucho (Arce) y al hermano vicepresidente David Choquehuanca a que nos acompañen en el pequeño acto de inauguración de la marcha que haremos a las 8:00 de la mañana (del martes), y ellos están allí”, dijo Morales horas antes de dirigirse a Caracollo, el punto de partida. “El compañero Lucho no va a aguantar siete días…”, ironizó, asegurando en cambio que él mismo, a sus 62 años, estará en primera fila durante toda la caminata que culminaría en La Paz en una concentración masiva.

La marcha será así no solo la anunciada demostración de fuerza del Movimiento Al Socialismo frente a la derecha, sino también una presentación de la resistencia física de Morales, veterano marchista y bloqueador, de vuelta al primer plano de la política boliviana como líder del “proceso de cambio” en el cual el actual Gobierno es un capítulo más.

La oposición no alcanzó a celebrar la victoria de los gremiales, que con el reciente paro arrancaron al Gobierno la anulación de una polémica ley de estrategia contra el lavado de dinero. El retiro de los gremiales del movimiento de protesta quitó fuerza a las demandas que los cívicos habían sumado a la movilización: la anulación de la ley del Plan de Desarrollo 21-25, que denunciaron como pro comunista y anti autonomista, y la imposición de los ⅔ como requisito de voto para la aprobación parlamentaria de leyes, resoluciones y otras decisiones, al margen de lo que dispone la Constitución.

Fue tan abrupto el fin del paro, que el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, terminó duramente cuestionado por sectores de su misma organización regional y se desdijo negando haber pedido el derrocamiento de Arce, tratando de que se olviden sus declaraciones y discursos, todos registrados en medios y redes, en los que advirtió con aplicar contra el actual presidente la misma “receta” que derrocó a Morales, o cuando advirtió directamente que el reciente paro terminaría “tumbando” al Presidente masista.

Reacción

Morales emergió en los últimos días del paro gremial-cívico como el comandante de las huestes oficialistas.

“El pueblo unido y sus organizaciones y movimientos sociales, del campo y la ciudad, inician este martes 23 la Marcha Por La Patria para defender nuestra democracia y gobierno democrático encabezado por el hermano @LuchoXBolivia (Arce) ante la conspiración interna de la derecha boliviana”, publicó Morales en Twitter.

La Confederación de Campesinos (CSUTCB), núcleo del oficialista Pacto de Unidad, confirmó que en que la marcha tendrá participación masiva de delegaciones de campesinos, indígenas y sindicalistas de todo el país, que se movilizaron hacia Caracollo desde el fin de semana previo a la caminara.

“Seremos millares, muchos millares en la marcha; tras una intensa semana de organización, han comprometido su participación todas las federaciones departamentales y organizaciones indígenas del Pacto de Unidad”, dijo el secretario ejecutivo de la CSUTCB, Eber Rojas.

“La Marcha por la Patria significa defender nuestras nacionalizaciones y políticas sociales, defender la democracia en Bolivia, defender a nuestro gobierno que logró 55% de votos y defender nuestra revolución democrática y cultural”, remarcó Morales.

Parlamentarios oficialistas participarán también en la marcha, anunciaron los líderes del Senado, Andrónico Rodríguez, y de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, quienes aseguraron que estarán también en la manifestación.

Aprontes

Dos días antes del inicio de la caminata, Arce llamó a la “unidad” y la “permanente movilización” de los sectores que apoyan al Gobierno.

“A nosotros nos quedan dos caminos, dos caminos complementarios, la historia nos obliga a defender el proceso, la historia nos exige dos elementos centrales. El primero de ellos es la unidad de nuestros hermanos interculturales y las organizaciones sociales, porque cuando estamos unidos ahí al frente nos tienen miedo, porque con unidad los derrotamos en las elecciones de octubre pasado y los volveremos a derrotar; el segundo requisito es la organización y permanente movilización, ante los aprestos golpistas la respuesta de nuestros movimientos sociales tiene que ser la organización y la permanente movilización”, dijo el domingo el Jefe de Estado en una concentración en Santa Cruz.

Hablando en un “ampliado nacional de emergencia” de sectores sociales e interculturales o colonizadores, Arce “pidió unidad y permanente movilización ante la arremetida de la derecha fascista que quiere restaurar la República y desestabilizar al Gobierno nacional”, reportó la agencia estatal ABI. Ese reporte añadió:

“(Arce) aseveró que uno de los principales desafíos del Gobierno y las organizaciones sociales es consolidar y profundizar el Estado Plurinacional que se encuentra en riesgo ante el avance de la derecha incrustada en los comités cívicos, cuyo objetivo es regresar al pasado colonial.

“Otro reto, dijo, es apoyar al Gobierno porque “la derecha se encuentra en campaña a través de la difusión de mentiras”, como el hecho de que el Movimiento Al Socialismo – Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) pretende convertir al país en Venezuela o Cuba; que Evo Morales es un dictador y que Bolivia es un país de narcotraficantes.

“Mencionó que la derecha utiliza una serie de instrumentos como la mentira, la religión y el matonaje para obligar a la gente a acatar medidas de presión. También forma parte de su arsenal la discriminación y el racismo en contra de los más humildes”.

Entretanto, corrían consultas entre los sectores de oposición, incluidos los partidos Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, sobre la posibilidad de próximas acciones coordinadas contra el Gobierno, apuntando al Plan de Desarrollo Económico y Social, o plan quinquenal 2021-2025.

Editor/Boya

– Aceptada la abrogación de la ley contra el lavado de dinero, persisten algunos paros.

– Presidente Arce llama a sectores oficialistas a continuar en “apronte”.

– Cívicos van ahora por otras leyes capitales del Gobierno.

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La Paz, 15 de noviembre de 2021

Boya.News – La intentona subversiva en Bolivia sigue en pie, alentada por cívicos de Santa Cruz y Potosí y facilitada por las dudas, tropiezos, retrocesos y hasta contradicciones del Gobierno de Luis Arce.

Tras siete días de paros, violencia, muerte, racismo, discursos desbordantes de mentiras o medias verdades, amenazas y temores, los gremiales se anotaron una victoria: la abrogación de la ley 1386 de lucha contra el lavado de dinero, anunciada por Arce en la noche del sábado 13 y que el parlamento ha prometido hacer efectiva esta semana.

La mayor parte de los paros gremiales y de sectores de transportistas, sus aliados coyunturales, podía considerarse en vías de extinción, aunque algunos de esos grupos dijeron que no darían por finalizado el conflicto hasta que Arce firme la ley.

Eso podría mostrar el camino de salida de una batalla perdida por el Gobierno, que defendió a rajatabla la norma de la cual la gran mayoría de los bolivianos no tenía ni idea hasta que estalló el conflicto de los gremiales, y que no pudo sostener en los momentos decisivos de la tensión.

La abrogación de la ley 1386 y el retiro en octubre de otra ley, rechazada también por los gremiales y otros sectores, que apuntaba a dar más poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en la lucha contra el dinero ilícito, dejan las cosas como estaban desde hace más de dos décadas: la investigación de fortunas mal habidas seguirá a cargo de una UIF que probablemente no tiene las herramientas legales completas pero que goza de una gran libertad de movimiento, como un súper poder casi fuera de control.

¿Hasta qué punto son conscientes de esto los gremiales y transportistas que lograron derrotar al Gobierno con el discurso añadido de que la investigación de fortunas violaría libertades individuales al estilo “socialista”?

Pasó algo similar, y con mucho más ruido, hace cuatro años cuando una insólita conjunción de cívicos, activistas religiosos, curas, pastores, médicos, maestros y otros sectores, todos antimasistas, forzaron la abrogación de la ley del nuevo Código Penal, que suponía según expertos nacionales y extranjeros la reforma más importante de la justicia boliviana en más de un siglo. Derrotado entonces por otra cadena de paros antigubernamentales convocados con banderas de rechazo al aborto, defensa de los médicos e “independencia” judicial, Evo Morales anuló esa norma. El país entero sigue lamentando ahora los males crónicos de la justicia, como los que dice sufrir la expresidenta Jeanine Áñez, o el maltrato de la niña cruceña de 11 años, una entre miles, cuyo reciente aborto legal resultó tan cuestionado.

La abrogación

En la noche del sábado 13, luego un fallido intento de diálogo con los gremiales, que terminaron cediendo a las presiones del Comité Cívico de Santa Cruz, Arce anunció la abrogación de la ley de la polémica con éstas y otras palabras:

– “Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando y para seguir paralizando nuestra economía”-

– “Nuestro gobierno quiere paz y tranquilidad; tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia y nuestras familias, porque todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de lo que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales; por eso nosotros ya no queremos más luto, más zozobra, más dolor, más intranquilidad”.

– “Porque estamos enfrentando problemas educativos, problemas de salud, (estamos saliendo) de una profunda crisis económica y no podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo, por lo tanto, se tomó esta decisión en ese marco para que no haya más pretextos, para que no haya más argumentaciones, que en realidad están ocultando una verdadera intención política”.

– “Lo que nosotros queremos ahora es que podamos tener la tranquilidad de que se reanuden las labores, continuemos construyendo esta economía que está saliendo y que necesita del concurso de todas y todos los bolivianos porque estamos enfrentando problemas de salud, educativos, estamos saliendo de la profunda crisis económica que ha afectado a nuestro país, No podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo”.

Los sectores sociales aliados del Gobierno, liderados por la Central Obrera Boliviana, respaldaron la decisión presidencial y reiteraron su denuncia de que la demanda de los gremiales se había convertido en un pretexto para un intento de “segundo golpe de Estado”.

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La subversión

Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, que aparentemente no entendieron la firmeza del rechazo de los gremiales a la ley anti lavado, mostraron el domingo 14 que sí tenían claro lo que pretendían los comités cívicos, que se adueñaron de las consignas sectoriales originales y las volvieron instrumentos de sus propios planes subversivos.

Entre ambos lados hubo el domingo un duro cruce de acusaciones y amenazas que ponían muy lejana la posibilidad de una pacificación de la vida política y social del país:

Arce en actos en Chuquisaca y La Paz:

– “Seguimos en la pelea, hermanos; ellos lo que no han ganado en las urnas quieren ganarlo ahora con la violencia. Eso implica organización y permanente movilización; nuestras organizaciones tienen que estar al apronte. No podemos bajar los brazos ni uno solo momento”.

– “Hay que organizarnos y movilizarnos, siempre estar al apronte; el enemigo no duerme, el enemigo que destruye la patria y saqueó nuestros recursos naturales (…) sigue vivo”.

– “No somos de la cultura de la violencia, pero tenemos derecho a defendernos, porque nosotros queremos paz y tranquilidad”.

Choquehuanca, en homenaje a Túpac Katari en Peñas (La Paz):

– “Todo tiene su límite, hermanos, que no despierten la ira del inca; cuando el pueblo se levanta no hay nada que lo pare y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia, la unidad del pueblo boliviano, nuestra estabilidad, nuestros recursos naturales y vamos a ser siempre fieles a nuestro pueblo, fieles a nuestro proceso de cambio”.

Rómulo Calvo, líder cívico creceño, tras cabildo del domigno 15:

– “El pueblo cruceño, representado por distintos sectores, que propiciaron el paro conjuntamente con el Comité pro Santa Cruz, ha resuelto mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abrogará la 1386 y en ese mismo lapso la Asamblea Legislativa deberá agendar la abrogación del paquete de leyes demandada por los sectores de la sociedad (…) y la reposición de los 2/3 en el reglamento legislativo”.

– “Nos mantendremos alertas ante cualquier otro intento legislativo que pretenda violentar los derechos y garantías constitucionales (porque) nuestra lucha continúa y lo más importante es seguir alimentando la unidad”.

Juan Carlos Manuel, presidente del Copmité Potosinista (COMCIPO):

– “Se continuará con las movilizaciones porque no es suficiente la abrogación de la Ley 1386; se exige la abrogación de todo el paquete de leyes, además de la restitución de los 2/3 (en la Asamblea Legislativa) para un mejor debate y elaboración de leyes constitucionales”.

– “La Policía debe estar al servicio del pueblo sin parcializarse con el grupo del MAS y se exige al gobernador (Jhonny Mamani) cumplir su compromiso de no convocar a la gente del área rural”.

Editor/Boya