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Indígenas amazónicos de nuevo en el olvido

– Tras su marcha de agosto-octubre a Santa Cruz, resultaron relegados en el reciente paro cívico.
– “Parlamento indígena” sigue sin lograr reconocimiento.
– Gobernación cruceña e indígenas liderados por Marcial Fabricano solo comparten discurso anti-MAS.
El dirigente indígena amazónico Marcial Fabbricano habla durante una concentración organizada por la universidad UGRM de Santa Cruz. (Captura video El Deber).

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Santa Cruz, 18 de noviembre de 2021

Boya.News – Semanas después de recibir elogios del poder político y cívico de Santa Cruz, la más reciente marcha de indígenas amazónicos está casi olvidada, los compromisos de autoridades todavía no se han cumplido y el “Parlamento de los Pueblos Indígenas” sigue esperando que alguien lo reconozca oficialmente.

Tras la acogida oficial amistosa, que ahora parece haber tenido solo motivaciones políticas coyunturales, los indígenas de la marcha que desafió incluso a sus propias instituciones históricas, entre ellas la CIDOB, han ido retornando poco a poco a sus lugares de origen y los que quedaron en la capital cruceña fueron solo observadores lejanos del reciente paro cívico contra el Gobierno de Luis Arce, participando apenas en algunas marchas como las organizadas por la Universidad Gabriel René Moreno.

¿Por qué los indígenas liderados por Marcial Fabricano no fueron protagonistas y ni siquiera tuvieron la palabra en el cabildo del domingo 14, en la culminación del paro?, cuestionaron reporteros al presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo.

“Me está preguntando cosas que no puedo estar manejando, yo estoy manejando mi discurso, estoy escuchando, hay gente, hay personas, hay que preguntarle a él (a Fabricano) si él quiso discursear”, atinó a responder el líder cívico.

“Entonces no sé, hay otras personas que están manejando tema escenarios, luces, micrófonos. No me podés preguntar algo que yo no estoy manejando”, justificó.

Fabricano sí habló esta semana en una marcha de la UGRM, donde lanzó reivindicaciones de unidad del “pueblo boliviano”, aunque refiriéndose solo a los habitantes de tierras bajas ignorando a los de otras regiones, entre éstos los que apoyan o participan del Gobierno del MAS.

“No solamente soñamos sino que la esperanza nuestra radica en la unidad del pueblo boliviano, de ese pueblo boliviano que está aquí con nosotros, que convive en Santa Cruz, Beni, la Amazonia, Pando y el Chaco boliviano, esa Bolivia, esos bolivianos, soñadores de los mejores días que esperamos y que deben ser diseñados y construidos por nosotros mismos”, proclamó.

Sin mencionar al autonombrado “Parlamento Indígena” creado por él y otros dirigentes durante la marcha, Fabricano reiteró denuncias del “sometimiento” y las “imposiciones” de “un régimen que solo hace y demuestra desprecio a los pueblos indígenas”, en aparente referencia al Gobierno de Arce.

En 1990, el histórico líder indígena Tomás Ticauzu había alzado su voz desde la primera marcha indígena amazónica rumbo a La Paz desafiando al presidente Jaime Paz Zamora a “hablar de jefe a jefe” para que el Estado reconozca como iguales a los pueblos indígenas de tierras bajas.

Así, Bolivia y el mundo recibieron a la “Primera Gran Marcha Indígena por la Vida, Territorio y Dignidad” que partió el 15 de agosto desde Trinidad hacia La Paz. Después de caminar 34 días esa columna de 800 indígenas doblegó al poder para arrancar sus demandas en decretos y leyes.

Diálogo sin luces

31 años después, pueblos indígenas benianos volvieron a marchar liderados por uno de sus mayores referentes, Fabricano, partícipe de la primera marcha. Partieron de Trinidad y tras 37 días de caminata llegaron a mediados de septiembre a Santa Cruz de la Sierra.

El gobernador Camacho y el presidentre de la Asamblea de Santa Cruz, Matkovic, escuchan a una colaboradora durante su encuentro con el “Parlamento Indígena” de Fabricano, en octubre (Boya).

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Exigían no solo respeto a sus territorios, avasallados por “interculturales” (colonizadores procedentes del altiplano) señalados como militantes del MAS, sino reconocimiento de etnias y pueblos, no más maltrato, tener más representación originaria, respeto a sus elegidos y espacios en instituciones departamentales y nacionales del Estado Plurinacional.

El “Parlamento Indígena” creado en el octavo día de la marcha y comandado por Fabricano, esperó varias semanas en octubre a Arce y a siete gobernadores para una cumbre, al margen de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) que gestionaba sus propias reivindicaciones, por separado y directamente con el Gobierno nacional.

Los nuevos marchistas solo se reunieron con el gobernador cruceño y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho, a quien el MAS acusó de promover la movilización indígena.

El encuentro con el gobernador, que no arrojó más que compromisos vagos, transcurría tranquilamente con críticas al Gobierno central, por su ausencia, los aplausos iban y venían hasta que el representante del pueblo guaraní, Celso Padilla, comenzó a exigir respeto para los pueblos indígenas.

Camacho y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvondko Matkovic, quedaron sorprendidos por los reclamos. El dirigente indígena criticó los acuerdos políticos que siguieron a las elecciones regionales, para formar una alianza que dio a Creemos la presidencia del órgano deliberante cruceño.

“¿Qué es lo que está pasando?. Están tranzando con masistas de izquierda con la derecha… Por eso hace siete meses la Nación Guaraní de Santa Cruz está dividida. Por culpa de todo eso”, afirmó Padilla dirigiéndose a Camacho y Matkovic.

“Por qué nos hacen pelear así. Hemos sido claros con usted, Dr. Zvonko. Con usted hemos hecho un primer acuerdo. Usted ha venido a nosotros. Nosotros hemos ido allá a protestar porque sabíamos que el MAS no iba a permitir hacer gestión. Hemos hecho posible que usted pueda ser presidente de la Asamblea Legislativa”, continuó.

Padilla criticó a Matkovic por negociar con el asambleísta indígena Ramiro Valle, desconocido por parte de los guaraníes, y con el dirigente indígena Ronal Gómez que lleva seis años sin dar informe a la Nación Guaraní. Matkovic firmó una agenda programática con ellos que debía suscribir con la Nación Guaraní y sus 13 capitanes.

Ahora, los guaraníes exigen suspender de todas las actividades al asambleísta Valle a quien, pese a las denuncias en su contra, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz le otorgó una credencial, sin respetar la elección por usos y costumbres.

Padilla exigió a Camacho comprometerse a firmar la agenda programática con la Nación Guaraní en presencia de los 13 capitanes de Santa Cruz. “Es nuestro derecho. Así hemos venido trabajando con el otro gobernador y lo queremos hacer con usted”.

Denunció que “hermanas guaraníes fueron a dejar documentos a la oficina de la DPNI y las hicieron sacar con policías a empujones casi las agarran a patadas. ¿Cómo pueden tratar así a las hermanas? ¡No es posible!”.

Reivindicó su esencia cruceña recordando que en una rotonda del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz se puso un monumento y se lo identificó como chiriguano, cuando es un guerrero guaraní, un general que era el mejor lancero y que comandó el ejército en Santa Cruz. “Él luchó por esta tierra porque es de acá y nosotros somos de acá, pero como es indígena nadie le rinde homenaje”, criticó.

Otra queja del dirigente fue que juntan a los pueblos de los yuracarés y mojeños como si fuera uno solo, cuando “Yuracaré es un pueblo y Mojeño es otro pueblo. En la ley departamental existe cinco pueblos indígenas porque los unen a los dos y eso no puede continuar”.

Volviendo a la línea discursiva del encuentro, otro cacique denunció avasallamientos de sus tierras por parte de los interculturales y criticó al gobierno central por provocar la división de los pueblos indígenas. Dirigiéndose a Camacho, recordó: “cuando nuestro gobernador hacía campaña, dijo; ‘si llego hacer gobernador ni un metro más de tierra para los interculturales’. ¡Ahora, cumpla!”

Acuerdo anti-MAS

Después de la arremetida, Matkovic pidió disculpas y ante las críticas por negociar con el asambleísta Valle, dijo que los pueblos indígenas lo pueden cambiar por otro. “No miramos quién es dirigente, nos interesa hacer gestión porque lo que es bueno para los pueblos indígenas es bueno para el departamento”.

Recordó que si alguien tiene motivos para no hablar con la gente del MAS es él (porque estuvo preso ocho años por el caso terrorismo que impulsó el gobierno), pero explicó que lo hace porque quiere hacer gestión.

Matkovic aseguró que para su elección recibió los votos de Creemos, de los pueblos indígenas y “uno que otro del MAS” porque presentó un proyecto de trabajo que fue aceptado por la mayoría de los asambleístas que lo eligieron presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.

“No hagamos de esta reunión, de este gran Parlamento Indígena sobre temas específicos que de verdad pueden ser hablados en otro momento. Son 34 pueblos. Va a ser muy difícil que tratemos de arreglar esto”, afirmó Matkovic.

En tono más paternalista, Camacho explicó que recibió a los marchistas interculturales porque es su obligación de “atender a todo el que vive en esta tierra”.

Sin prestar mucha atención a las demandas de reconocimiento de etnias, pueblos, respeto a los originarios y mayor representación, Camacho dijo que el tema de las personerías para reconocer el “Parlamento Indígena” se podía resolver en corto tiempo.

El gobernador pidió no redundar en los temas, señalando: “Todos estamos convencidos y sabemos el daño que hace el Movimiento al Socialismo. Todos sabemos que nos están avasallando, Eso se reflejará en un gran acuerdo. Tienen en mí un aliado, una persona que luchará por ustedes”.

Las demandas de anular resoluciones por asentamientos ilegales, restituir el 5% de impuesto directo a los hidrocarburos, otorgar 34 escaños parlamentarios especiales a los indígenas, restituir el Ministerio de Asuntos Indígenas, anular decretos referidos a megaobras como hidroeléctricas Rositas, Chepete y Bala, auditoria al Fondo Indígena, personal de salud, administración de justicia indígena, creación de una universidad indígena, quedaron en espera de un encuentro con el presidente Arce, que el Gobierno nacional ha descartado por ahora.

Concluido el encuentro, Camacho prometió a los indígenas aprobar una personería jurídica de reconocimiento al Parlamento Indígena, pasó un mes y las promesas no se cumplieron, ni avanzaron.

Editor/Boya

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Jeanine Áñez abrió dos juicios por masacres

En la compleja telaraña de juicios y la búsqueda de justicia, son los únicos procesos en curso por esas violaciones de DDHH.
– Se negó a familiares de las víctimas sumarse a la acusación.

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La Paz, 1 de noviembre de 2021

Boya.News – Eran momentos dramáticos los de noviembre y diciembre de 2019. Se habían producido dos masacres y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había enviado a Bolivia a su mejor negociador internacional, Jean Arnault, para promover un proceso de pacificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión que estuvo en el país del 22 al 25 de noviembre. El 10 de diciembre emitió su informe preliminar con la recomendación de que se investigue y sancione la violencia extrema. El gobierno de Jeanine Áñez, interesado en hacer buena letra a nivel internacional, instruyó y los fiscales abrieron casos por las masacres de Sacaba y Senkata.

Son los dos únicos procesos por esos cargos que se ventilan en la justicia ordinaria.

La CIDH dijo en su informe: “…la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”. Y en la conclusión número 13: “Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”. Por instrucción del gobierno de Áñez, los fiscales departamentales de Cochabamba y La Paz abrieron caso por las masacres de Sacaba y Senkata, por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves” pero se cuidaron de no presumir la culpabilidad de nadie y escribieron en la carátula “autores por identificar”.

La expresidenta transitoria, en un video publicado en su tuit personal.

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La paradoja a dos años de la violencia y casi un año del gobierno democrático de Luis Arce, que retornó al MAS al poder, es que solo los procesos abiertos “de oficio” en el gobierno de Jeanine Añez, en la justicia ordinaria, ventilan las dos grandes masacres. Se crearon “comisiones de Fiscales”, quienes ordenaron medidas cautelares para cuatro generales militares y uno de la Policía por la masacre de Senkata y cuatro militares con detención preventiva domiciliaria en Cochabamba por la masacre de Sacaba. Y declararon sus investigaciones en reserva.

David Inca, de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y dirigente de una de las agrupaciones de familiares de víctimas, quienes culminaron la semana pasada siete días de caminata para recorrer 190 kilómetros por el altiplano de Oruro a La Paz, a fin de hacer visibles sus reclamos de justicia y “reparación”, admite la paradoja y añade otra: su grupo de víctimas “se apersonó” solicitando ser admitidos como parte demandante, y el juez y los Fiscales les respondieron que no, que primero deben demostrar que son víctimas.

Inca explica que, en los tres cuerpos de expedientes, están la nómina de heridos, de los fallecidos, informes médicos, informes de autopsia, certificados de matrimonio y aún así rechazaron que las víctimas sean parte de la acusación. Los familiares pretenden ampliar la acusación por delitos como tortura, por ejemplo, a heridos y detenidos.

Los fiscales son prácticamente los mismos ahora que en el gobierno de Áñez, al igual que el Fiscal General, Juan Lanchipa, quien para poner paños fríos a la marcha de los 190 kilómetros anunció que la investigación del caso Sacaba-Huayllani, de Cochabamba, está más avanzado y podría conocerse la acusación formal en noviembre de este año.

Imagen de la operación policial-militar que devino en la masacre de Huayllani-Sacaba, en noviembre de 2019. (Los tiempos).

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TRES TRISTES TIGRES

Como parece ser tradición en estos casos, los familiares y víctimas han sido divididos. Un grupo, el más grande, está con David Inca, que además de tener a la mayoría de familiares de asesinados en Senkata, también logró convocar y representar a la mayoría de familiares de asesinados de Sacaba-Huayllani. Un segundo grupo es cercano al ministro de Justicia, Iván Lima, con quien han planteado juicio de responsabilidad contra Jeanine Añez, trámite de destino incierto que debe resolverse en la Asamblea Legislativa.

En el parlamento, el MAS tiene mayoría pero no los dos tercios imprescindibles para autorizar juicio de privilegio. Las otras dos fuerzas políticas, Creemos del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ambos señalados como parte del “golpe de Estado”, ya dijeron que no apoyarán nada que sugiera “la narrativa” de golpe.

El tercero en discordia es un Comité Impulsor, integrado por 14 instituciones de la sociedad civil, donde destaca el abogado Aldo Michel, quien dice contar también con víctimas de la violencia de Jeanine Áñez. Este grupo promueve el proceso ordinario en curso planteado por la ex diputada del MAS Lidia Patty, que provocó la detención preventiva de Jeanine Áñez desde marzo de este año en La Paz. La acusación inicial es de supuestos delitos cometidos antes de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Michel explica que irán incorporando otros delitos y rechaza los juicios de responsabilidad que, en su criterio, sólo confunden y complican más el escenario jurídico legal.

Los tres grupos se muestran irreconciliables. Y se lanzan dardos verdaderamente envenenados.

Alrededor de los tres procesos en la justicia ordinaria (dos de la era Añez y uno de la ex diputada Lidia Paty), y cuatro demandas de juicio de responsabilidad, danzan varios otros en la vía ordinaria, también contra Añez y algunos de sus colaboradores, hasta ahora imposibles de cuantificar.

Familiares de víctimas de las masacres de 2019 protestan en La Paz. (ABI)

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OTRO ACUERDO

Las 30 horas de negociación que siguieron a la marcha de 190 kilómetros de los dirigidos por David Inca dieron luz (27 de octubre) a “un acta de reunión” con el Gobierno del presidente Arce.


Familiares de victimas de las masacres de 2019, a media marcha por el altilplano rumbo a La Paz, el 22 de octubre de 2021. (ABI).

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Lo central de esta acta es que los acuerdos se concretarán el 5 de noviembre, luego de que el Gobierno negocie con los otros grupos de familiares y víctimas. Entonces también se decidirán las reglas de un censo de víctimas cuyo resultado será la piedra sobre la que se construirá “un plan de restauración integral” (ayuda económica social, sanitaria, de vivienda, psicológica, etc.). Se ha descartado ampliar la inicial ayuda de 50.000 bolivianos por muerto de la era Áñez y la solicitud de 5.000 bolivianos de renta mensual, a cambio de la creación de un fondo para otorgar créditos para actividades productivas con medio punto (0,5) por ciento de interés. Esto desmoronó la campaña de la derecha y sus medios que acusaban a las víctimas de pretender utilizar su drama para sacarle dinero al Estado.

Editor/Boya.News

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Vacunas sobran, pero campaña no avanza en Bolivia

La Paz, 25 de octubre de 2021

Boya.News – Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene vacunas de sobra para combatir a la pandemia de covid-19, pero figura todavía entre los más rezagados en la inmunización, mientras crece la amenaza de una cuarta ola de contagios.

La campaña oficial de motivación, incluso las fotos y los videos del presidente Luis Arce recibiendo la vacuna parecen no ser suficientes para llenar los centros de vacunación, que tras las aglomeraciones de hace un semestre ahora lucen con muchos espacios disponibles, en todo el país.

El país ha recibido ya más de 16 millones de dosis de vacunas de Sinopharm -la mayor cantidad-, Gamaleya (Sputnik V), AstraZeneca, Phizer y Johnson%Johnson (J&J), de las cuales aproximadamente el 80 por ciento fue comprado por el Gobierno y el saldo llegó como donación de diversos países a través del mecanismo Covax.

Hasta el fin de semana pasado los servicios departamentales de salud, que tienen por ley la tarea final, habían aplicado casi 7,5 millones de dosis, o poco menos de la mitad de la reserva acumulada.

El contraste entre disponibilidad y aplicación de las vacunas fue creciendo en las últimas semanas a medida que el Gobierno nacional lograba el arribo de nuevos lotes de inmunizantes mientras las administraciones departamentales, la mayoría en manos de la oposición conservadora, se mostraba incapaz de acelerar el ritmo de la campaña, y en varios casos caía en desaceleración.

El Ministerio de Salud informó el lunes 25 que Bolivia ha vacunado contra el covid-19, con esquema completo, a más del 52 por ciento de su población objetivo de 18 o más años de edad, aunque el porcentaje baja a menos del 50 si se incluye a los jóvenes de 16 y 17 años recién incorporados a la población objetivo, que ahora es de unos 7,7 millones de personas.

“Desde que hemos iniciado el proceso de inmunización, hemos avanzado muy lentamente, con uno por ciento, dos, cinco por ciento. Hoy ya hemos inmunizado con primeras dosis a más de 62 por ciento de la población boliviana (de más de 18) y con esquema completo más del 52 por ciento”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Por esquema completo se define a la aplicación de dos dosis de las vacunas que así están programadas o una sola dosis de la vacuna de J&J.

Una joven de 16 años recibe la primera dosis de vacuna anti covid en La Paz (Foto Min.Presidencia)

Según el informe ministerial, las reservas de vacunas anti covid alcanzan para inmunizar también a los jóvenes de 16 y 17 años, algo que el Gobierno dispuso hacer a partir de esta semana con la única vacuna autorizada para esas edades, la estadounidense Phizer que en cantidad de más de un millón de dosis ha llegado al país como donación de Washington a través de Covax.

“Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene necesidad de comprar más vacunas porque tiene garantizado el 100% de las vacunas anti covid para su población vacunable desde los 16 años”, aseguró Auza.

¿Cuarta ola?

Tras sufrir tres olas de contagios con picos de más de 2.000 nuevos casos diarios desde que se desató la pandemia en marzo de 2020, Bolivia ha tenido dos gobiernos, el transitorio de Jeanine Áñez y el actual democrático de Luis Arce, que han dado respuestas muy diferentes al problema, que suma ya más de 470.000 contagios, incluidos casi 19.000 decesos.

Desde la alta letalidad de la primera ola de mediados del año pasado, 6,2% o más de seis muertos de cada 100 contagiados, la tasa ha bajado ha bajado a 2,7% durante la segunda y tercera ola, de principios y mediados de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales.

“El incremento de casos que se está dando (…) nos anuncia una cuarta ola”, dijo Auza al anunciar una convocatoria urgente a gobernadores y autoridades de salud regionales para discutir medidas que permitan acelerar la vacunación como medida capital

Hizo el anuncio al confirmar que Bolivia acaba de registrar cuatro semanas consecutivas de alza de los contagios de covid-19, luego de 15 semanas de descenso que siguieron al pico de la tercera ola.

En la semana del 18 al 24 de octubre inclusive, se registraron 3.232 nuevos casos de covid-19, con un incremento de 18 por ciento desde la semana previa. Las cifras absolutas pueden parecer relativamente pequeñas, pero los porcentajes y la tendencia provocan preocupación.

El ritmo de vacunación, en contraste, no ha mejorado significativamente desde que se autorizó la inmunización con una tercera dosis para los que recibieron previamente el esquema completo de vacunas, lo que podría confirmar que el problema radica principalmente en quienes no quieren o no pueden hacerse vacunar, que son casi la mitad de la población objetivo.

Autoridades sanitarias de varios departamentos han revelado que sus esfuerzos para llevar las vacunas hasta los últimos rincones no eran correspondidos por la población, como se esperaba.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz, por ejemplo, anunció que trasladaría de vuelta a la capital, con consiguientes problemas logísticos y pérdidas, varios millares de dosis que llevó a pueblos remotos, donde los funcionarios sanitarios se encontraron con rechazo frontal de los pobladores, en varios casos incluso con cartas firmadas por autoridades locales.

En las dos últimas semanas, el promedio nacional de vacunación fue de apenas 36.000 aplicaciones diarias, frente a las 100.000 dosis administradas cada jornada hace un par de meses.

caq/Boya

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Las “enseñanzas” de un diario en campaña

Santa Cruz, 10 de octubre de 2020

Juan Carlos Marañón A.Especial para Boya.News

Página Siete dio una cátedra de como no hacer periodismo al publicar un artículo plagado de errores y después corregirlo, manteniendo varios fallos de contenido e interpretación, sin mencionar ni explicar las razones de sus graves equivocaciones.

A las irregulares acciones del matutino calza el dicho popular “pa’ peor la mejoría” porque primero publicó una información con el título: “40 analistas eligen a Mesa como ganador del debate”. Horas después cambió el título: “De 40 analistas, 69% elige a Mesa como ganador del debate”.

En la primera y en la segunda publicación, el periódico mantiene sus tortas porcentuales que informan de 42 analistas y personalidades consultadas, pero volvió a publicar los nombres de 41 personas, alterando su universo muestral y minando aún más la credibilidad del sondeo que realizó.

Pese a su “corrección” silenciosa, los graves errores quedaron registrados en su portada del 5 de octubre de 2020, en la que Página Siete titula: “40 analistas ven a Mesa como el ganador y a Arce como el perdedor”, dejando en twitter la prueba del error. Un título falso que viola su propio código de ética y varios artículos de todos los códigos de ética de las organizaciones de la prensa de Bolivia.

“El diario publicará una fe de erratas cada vez que se publique una información con error. Lo hará sin eufemismos ni ambages”, manda el acápite 2.7 del “Código de Ética de Página Siete”, incumplido por el matutino que introdujo la correción con eufemismos y ambages en la nota publicada en su web.

También violó los parágrafos: 1; 3; 4; 5; 9 y 16 del Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que auspició el “Debate Presidencial Bolivia 2020”, referidos a la exactitud de la información, imparcialidad, equidad y equilibrio; rectificar los errores aúnque no haya reclamos y que los títulos deben reflejar los contenidos de los textos.

En el mismo artículo, el matutino mal informa al afirmar que “Luis Arce (candidato del MAS), horas antes de realizarse el evento, canceló su asistencia con el argumento de que tenía una entrevista en un medio televisivo”.

Esa afirmación es desmentida por publicaciones del mismo medio que no informaron que Arce aceptó asistir al encuentro, previsto para el domingo 4 de octubre del 2020, por el contrario reportaron el 2 de octubre “la negativa del candidato del MAS a estar presente en el debate organizado por multiples organizaciones”.

Incluso en el mismo artículo, citan declaraciones del “escritor y periodista Robert Brockman”, quien afirma: “el gran perdedor fue Luis Fernando Camacho, candidato de Creemos, por su ausencia, igual que Arce. De Arce se esperaba o se sabía que no iría, pero ¿perdió? Su electorado no es de los que se dejan persuadir en un debate…”.

Sin rubor, Página Siete, una vez más, pretende tapar otro error que devela su intencionalidad de favorecer a un candidato, pese a que en su declaración de principios se autocalifica “periodísticamente independiente”.

El hecho de que la web permita hacer cambios y borrar las versiones anteriores no libra a los medios de ser responsables de la información que publican, es eso precisamente lo que al medio y al periodista les diferencia de cualquier persona que publica lo que le parece en los diferentes formatos de las redes sociales. He ahí la importancia de estas formas de actuación de Página Siete.

jcm/