Category: Diario

– Invariable condena oficial a afanes subversivos de comités cívicos.

– Abierta ventana de diálogo entre el Ejecutivo y sectores gremiales sobre la ley anti lavado.

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La Paz, 12 de noviembre de 2021

Boya.News.- El Gobierno comenzó a desplegar una doble táctica, de palo y zanahoria, en procura de poner fin al conflicto iniciado por los gremiales o comerciales minoristas, que los comités cívicos tomaron como oportunidad para tratar de “tumbar” al presidente Luis Arce.

El jueves, a la par de nuevas denuncias oficiales de los fines golpistas de la movilización de los cívicos, el Gobierno llamó al diálogo a los gremiales. Este sector acogió favorablemente la invitación, en principio, mientras con argumentos de reaprovisionamiento o pacificación el paro general parecía debilitado, incluso en las tres ciudades más afectadas en la primera semana: Santa Cruz, Potosí y Tarija.

En el resto del país, había movilizaciones esporádicas de algunos sectores, principalmente transportistas, y en La Paz un intento de marcha de activistas opositores del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) resultó frustrado por una fuerte granizada.

“Sediciosos”

En el cruce de acusaciones sobre los intereses políticos en juego en el paro, el jueves destacaron algunas frases:

– “Las declaraciones de los comités cívicos muestran claramente su intención golpista; desnudaron ya la cara democrática que querían mostrar al pueblo boliviano; hoy la derecha está clara, el presidente del Comité (Cívico) de Santa Cruz (Rómulo Calvo) dijo que hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce”. (Arce, en concentración oficialista en Shinahota)

– “Usted, no solamente es un sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de desconocimiento de las decisiones del pueblo que emanan de las urnas”. (Ministra María Nela Prada a Calvo, en conferencia de prensa).

– “Hay gente (en el paro) que tiene su vocación natural por defender su región y ciudad, pero la generación de conflicto, la violencia, eso tiene financiamiento”. (Portavoz Jorge Richter).

– “Estamos en estado de emergencia y movilización permanente (ante) el segundo golpe de Estado”. “Hermano Lucho, no estás solo, estamos organizados; movilizados vamos a defender nuestro Gobierno, nuestra revolución, y vamos a demostrar cómo se defiende, no con mentiras como la derecha”. (Evo Morales, en Shinahota).

– “Aquí no hay un pueblo golpista, el pueblo nunca ha sido golpista, no hay el primero ni el segundo golpe, hay un pueblo movilizado y un pueblo que está pidiendo abrogación (de la Ley 1386 contra el lavado de dinero), nadie ha pedido la renuncia del Presidente que yo sepa, simplemente están pidiendo abrogación”. (Gobernador cruceño Luis Fernando Camacho).

– “Si el parlamento sigue sin dos tercios (requisito de voto para algunas decisiones), nosotros los parlamentarios no podemos garantizar ninguna situación a Boilivia, por lo tanto deberíamos cerrar el parlamento”. (Senadora Centa Rek, Creemos).

– “Escuchen al pueblo, Lucho Arce deje la soberbia, siempre decimos: El pueblo tiene la receta en el bolsillo cuando no escuchan, téngalo en cuenta”. (Líder cívico cruceño Rómulo Calvo).

– “Bolivia está despertando, mañana (viernes 12) es el último día para que puedan abastecerse, después no se mueve nada”. (Calvo).

¿Diálogo?

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, hizo una invitación oficial a las organizaciones gremiales, para el sábado 13, con objeto de buscar un acuerdo en torno a la ley 1386, o su reglamento, sobre la estrategia nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“En relación a que se está invitando a grupos o compañeros gremiales afines al Gobierno, eso es falso; estamos invitando a todos los compañeros gremiales de Bolivia, por lo tanto no está restringida la reunión a un grupo o confederación específica”, aseguró.

Francisco Figueroa, el líder de la confederación de gremiales que hizo la primera convocatoria a las actuales protestas, dijo que acudiría al diálogo, aunque pasando primero por una consulta a sus afiliados.

“Vamos a acudir, ¿por qué no vamos a ir al diálogo? Se trata del ministro y la ley se encuentra en manos del Ejecutivo, pero nosotros tenemos una posición clara, que se abrogue esta ley, creo que es el clamor no solo de los gremiales, sino también del transporte y médicos”, dijo a la red Unitel, anunciado un ampliado nacional del sector en Cochabamba.

Otras federaciones y confederaciones gremiales, que no reconocen el liderazgo de Figueroa, también fueron invitadas al diálogo.

El encuentro se realizaría en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba.

…Y LAS VACUNAS

En medio del conflicto, el Ministerio de Salud reportó que Bolivia superó esta semana la marca de ocho millones de vacunas anti covid-19 aplicadas y que la inmunización con esquema completo cubre al 55 por ciento de los mayores de 18 años.

“Se aplicaron 8.005.959 dosis entre la primera, segunda, unidosis y la tercera dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional”, señaló un comunicado oficial.

Con esas aplicaciones, 3,9 millones de bolivianos tienen ya inmunización completa, contando a los que recibieron doble dosis de alguna vacuna regular o la dosis simple de Janssen.

Editor/Boya

– Comité Potosinista declara “persona no grata” al Presidente

– Cívico cruceño apunta a “tumbar” al Gobierno

– Movimientos sociales cierran filas en “defensa de la democracia”

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La Paz, 11 de noviembre de 2021

Boya.News – Los comités cívicos que se sumaron al paro nacional iniciado esta semana en Bolivia por los gremiales tardaron muy poco en mostrar que la protesta no busca solo la anulación de la ley que molesta a los comerciantes minoristas sino, sobre todo, bloquear y hasta derrocar al Gobierno de Luis Arce.

Opacado en su primer día, lunes 8, por el alboroto parlamentario y mediático que rodeó al primer informe anual de gestión de Arce, el paro de los sectores opositores ganó fuerza el martes en por lo menos tres departamentos -Santa Cruz, Potosí y Tarija-, con violencia extrema en la capital potosina, donde murió un campesino que no apoyaba la huelga, además de disturbios aislados en otras regiones, donde también se movilizaron transportistas de larga distancia.

El miércoles 10, tercer día de la protesta y segundo aniversario de la renuncia forzada de Evo Morales en la crisis de 2019, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) puso por escrito el objetivo final de la movilización: que se vaya Arce. En esa línea, el comité potosino decidió, en un cabildo de centenares de personas en la plaza central de la Villa Imperial, continuar la huelga antigubernamental “hasta las últimas consecuencias” y aprobar una resolución que declara “persona no grata” a Arce, le da plazo de 24 horas para que anule la ley de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y, luego de otras condenas, deja establecido, como manda el relato mediático dominante, que el conflicto es entre el “pueblo” y el Movimiento Al Socialismo.

El protagonismo tomado por los cívicos dejaba en segundo plano a las organizaciones gremiales, o de comerciantes minoristas, que iniciaron la movilización antigubernamental con la bandera de rechazo a la ley contra el dinero sucio.

Desconocimiento

La resolución del COMCIPO, que refleja las demandas comunes de los grupos que impulsan el paro opositor, tiene los siguientes diez puntos:

1. Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores.

2. Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, por financiar y alentar los enfrentamientos con los campesinos.

3. Exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS.

4. Un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra el gobernador por el deceso de un ciudadano potosino, de lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo.

5. Exigir al Gobierno de Luis Arce abrogar en un plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas que van en contra de la población.

6. Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa restituir los dos tercios para la aprobación de leyes democráticas y constitucionales que favorezcan al pueblo, deben eliminar la mayoría simple.

7. Se exige un proceso penal, además de hacer responsables a los tres dirigentes de las subcentrales de los campesinos, por traerlos a la ciudad y provocar la confrontación.

8. No se aceptará ninguna persecución política contra todos quienes estamos realizando estas movilizaciones.

9. Estamos pidiendo amigablemente al Gobierno anular todos los procesos políticos de persecución que se encararon desde que ingresó al poder.

10. La renuncia de la representante de la Defensoría del Pueblo, Vilma Martínez, por estar vestida de azul y sometida al MAS.

Tumbar al Gobierno

Al concluir la tercera jornada de la protesta, el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, no ahorró palabras en apoyo a las demandas del COMCIPO ni para reafirmar que el objetivo del movimiento opositor es “tumbar al Gobierno”.

“Quiero pedirle al pueblo cruceño (que) nos estamos jugando nuestra última carta, esta última carta no lo vamos a perder, esta carta se llama democracia”, dijo Calvo, en las afueras del Comando de la Policía de Santa Cruz, sitio que usó por tercera vez en los últimos días para lanzar sus arengas contra el Gobierno y contra los jefes policiales nacionales.

Sobre el pronunciamiento del COMCIPO afirmó: “Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”.

Aseguró además que el paro, cuyo impacto se concentraba en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Tarija, cundiría en los próximos días a provincias cruceñas y otros departamentos.

Apronte oficialista

El presidente Arce, entretanto, continuó su campaña de descalificación de la oposición derechista que inició el lunes, en su discurso-informe de primer aniversario.

El miércoles, el gobernante asistió a sucesivos actos en El Alto y La Paz en los que importantes movimientos sociales cerraron filas en torno al Gobierno, llamaron a defender la democracia y dijeron estar listos para hacer lo necesario, empezando por salir a las calles, para enfrentar a los “golpistas”.

Arce dijo en El Alto, en un ampliado conjunto de las federaciones campesinas Tupac Katari (hombres) y Bartolina Sisa (mujeres) de La Paz, que el paro contra dos leyes fundamentales del Gobierno buscan en el fondo impunidad por las masacres y otros delitos del golpe de 2019.

“La derecha engaña, miente todo el tiempo, porque no tiene argumentos; lo único que quiere, lo único que está buscando es la impunidad con lo que ha pasado en el golpe de 2019 (…). Es necesario reflexionar sobre lo que está pasando, porque los vamos a necesitar, no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019, no”, reflexionó Arce con los campesinos.

¿Paro contra las leyes o contra el Gobierno? El mandatario no dudó en señalar que las leyes objeto de la polémica -una contra el lavado de dinero y otra que contiene un plan quinquenal de desarrollo- son solo un pretexto para buscar la caída del Gobierno. “Si mañana derogamos una ley, luego van a cuestionar otra ley y así van a estar. Éste no es un tema que realmente les preocupa, lo que les preocupa es que avancen sus juicios (por el golpe de 2019), pese a que nuestra justicia es muy lenta. Saben que alguien ha dado la orden para que los militares disparen por la espalda; ellos tienen que asumir”, dijo, sobre los responsables de las masacres de noviembre de 2019, en el inicio de la gestión de facto de Jeanine Áñez.

“Algunos sectores ya no están contra la ley (anti lavado), sino que están contra el Gobierno”, sintetizó el oficialista presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Editor/Boya

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La Paz, 5 de noviembre de 2021

Boya.News – La cancha política boliviana está lista para un nuevo enfrentamiento, con inicio anunciado para el lunes 8 de noviembre y que los opositores no dudan en considerar un nuevo intento por librarse del Gobierno surgido de las urnas e instalado hace justo un año.

Bolivia está en puertas del “último round” de una pelea política, definió el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, o de un intento de desestabilización y hasta de nuevo golpe de Estado, denunciaron el Gobierno de Luis Arce y los movimientos sociales que lo respaldan, que se desataría el día del primer aniversario de la actual administración.

El conflicto, precedido por una larga cadena de amenazas de sectores de oposición, amplificadas generosamente por los considerados medios dominantes y ensayado el 11 de octubre con un paro, puede confirmar que las elecciones no resuelven las tensiones en Bolivia: las fuerzas perdedoras o de voto minoritario, de oposición inútil en las instituciones, se autoconvocan a las calles y tratarán de parar al país.

Los comités cívicos, convertidos en la mayor fuerza contraria al Movimiento Al Socialismo desde su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, pasaron de una actitud amistosa con la gestión transitoria de Jeanine Áñez a unas poses de guerra frente al Gobierno masista. Denunciaron persecución política-judicial, apoyaron a sectores cocaleros rebeldes, respaldaron o alentaron a grupos indígenas disconformes y en el último mes se apropiaron de la bandera levantada por sectores contrarios a una ley contra el lavado de dinero y se sumaron a sus paros incorporando la defensa de unas autonomías en supuesto riesgo.

Los siguientes hechos y anuncios de los últimos días configuraron el escenario del nuevo choque:

Los comités cívicos regionales, liderados por el de Santa Cruz, se sumaron el miércoles 3 a la convocatoria a paro nacional a partir del 8 de noviembre, reforzando la movilización opositora contra leyes fundamentales del Gobierno de Arce.

Sumando fuerzas

“Respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general”, anunció un comunicado de los comités,

firmado por los presidentes de cívicos de los nueve departamentos, incluido Calvo, un ultraconservador conocido por sus declaraciones racistas. La wiphala es un “trapo”, los migrantes son “bestias humanas”, “buitres malagradecidos”, dijo en ocasiones anteriores.

El paro fue convocado por una de las confederaciones de gremiales, la dirigida desde hace décadas por Francisco Figueroa, contra una ley promulgada en agosto que estableció una estrategia de lucha contra el lavado de dinero armonizando varias disposiciones anteriores. Este mismo sector de gremiales o comerciantes minoristas, también con apoyo cívico, había llamado al paro del 11 de octubre que llevó al Gobierno a retirar del parlamento otra ley que daría a la Unidad de Investigaciones Financieras poderes denunciados por cívicos y empresarios como “totalitarios” y violatorios de secretos personales.

Con vistas al nuevo paro, los cívicos agregaron su rechazo a Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025, a la que consideran contraria a las autonomías regionales y que está lista para la firma del presidente Arce.

Luis Fernando Camacho, actual gobernador cruceño y exlíder cívico del derrocamiento de Morales, e Iván Arias, ahora alcalde de La Paz y exministro de Áñez, destacan entre los opositores que rechazan la ley del plan quinquenal.

“Último round”

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El mismo miércoles, el cívico Calvo afirmó que el paro puede ser el episodio final y decisivo de la pelea contra Arce.

“Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre, queremos libertad, democracia y que este Gobierno indolente nos escuche. (…) Éste puede ser nuestro último round de los bolivianos”, dijo Calvo, quien en semanas recientes dijo que a Arce podría pasarle lo mismo que a Morales, es decir, protestas y pronunciamiento militar hasta su derrocamiento.

“La huelga indefinida es en protesta por la aprobación de leyes que atentan contra la democracia, la economía y la libertad”, aseguró el líder cruceño, repitiendo proclamas de las movilizaciones postelectorales anti-MAS de 2019.

El portavoz presidencial Jorge Richter respondió a la declaración de Calvo: “Históricamente, los paros indefinidos han estado planteados para terminar con un gobierno, históricamente eso es lo que ha ocurrido, y acá lo que ellos quieren es generar una nueva ruptura” del orden democrático, dijo Richter. Afirmó que los grupos de oposición se rebelan “porque el Gobierno y el modelo económico que lleva adelante el presidente Arce no es del agrado de ellos, pero ellos escogen esta fecha, de manera emblemática para intentar nuevamente paralizar el país”.

Más directo, el diputado oficialista Ángelo Céspedes denunció que “se está gestando un segundo golpe de Estado”.

Emergencia

A diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2019, cuando las movilizaciones derechistas parecieron tomar por sorpresa a unos movimientos sociales que se consideraban invencibles, estas organizaciones se declararon en “estado de emergencia” el jueves 4 en rechazo al paro nacional de la oposición, denunciándolo como afán de golpe de Estado.

“Tenemos la obligación de advertir a los desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generarse muerte y dolor en el pueblo, no queremos más racismo y discriminación”, dijo un comunicado de las organizaciones aliadas del Gobierno, la Central Obrera Boliviana y las que conforman el Pacto de Unidad.

En la presentación de ese comunicado, el vicepresidente David Choquehuanca, en función de presidente porque Arce estaba en el extranjero, se mostró firme como pocas veces advirtiendo que “las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular, van a defender la democracia, defender la Constitución Política del Estado y al Gobierno legítimo y constitucional”. Y en aparente alusión al golpe de 2019 contra Morales, aseguró que el pueblo boliviano “no permitirá que los días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, discriminación, de corrupción, de violación de derechos humanos y tortura vuelvan nuevamente”.

El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, le puso más leña al fuego con su advertencia fuera del texto del comunicado: “Si vamos a tener que salir a las calles y carreteras para defender la estabilidad política y económica del país, lo vamos a hacer, por eso estamos reunidos para darle respaldo a nuestro Gobierno”, dijo.

Añadió que la derecha utilizaba tácticas de “confusión” para denunciar supuestos avasallamientos de tierras y hasta movilizar a grupos indígenas.

Paro cuestionado

Arce auguró el viernes 5 que el paro, que consideró alentado por algunos medios de comunicación, podría terminar en fracaso.

“Hemos visto los medios de comunicación, en coro desde anoche y esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento (Santa Cruz) y supuestamente en el país; desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar”, dijo Arce en un discurso de inauguración de un complejo eólico de generación de electricidad, en el que señaló que los que alentaban la protesta era los mismos grupos derechistas que apoyaron a Áñez.

“La economía no se para, (esto) nunca lo entendieron cuando fueron gobierno en 2019 y 2020, porque era su gobierno, cuando nos encerraron (por la pandemia), cuando pararon la economía y cuando asaltaron las arcas del Estado”, afirmó, evitando dar señales sobre cuándo promulgaría la cuestionada ley del plan de desarrollo quinquenal.

El Plan

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió el Plan de Desarrollo 21-25, negó tajantemente que esta norma sea contraria a las autonomías departamentales y municipales y desatacó que es fundamental para lograr un crecimiento de 5,1 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el quinquenio.

“Sería totalmente ineficiente que los diferentes niveles del Estado no puedan armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso es la planificación del desarrollo económico y social de la mano de las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, dijo, al precisar que el plan tiene un presupuesto de inversión pública de 33.197 millones de dólares, con metas de industrialización, sustitución de importaciones y reducción de la pobreza.

Mendoza negó que el plan quite atribuciones a los gobiernos departamentales y municipales, más allá de la coordinación: “El desarrollo departamental es competencia de los gobiernos autónomos departamentales, siempre y cuando se encuentre en concordancia con el plan nacional, en lo municipal es competencia de los municipios siempre y cuando estén en concordancia con la planificación nacional y por supuesto departamental”, dijo. Consideró “desacertados” y “sesgados” a los argumentos del paro cívico-gremial y descartó la posibilidad, planteada por algunas gobernaciones regionales, de posponer la aplicación del plan hasta después del censo nacional de población y vivienda previsto para 2022.

Sobre las líneas del plan quinquenal, señaló que el 53% de la inversión pública prevista irá al sector productivo y que se prevé una reducción del índice de pobreza moderada del 39% al 19%, y de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3%.

Editor/Boya

Boya.News – El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el viernes 22 la impotencia de Bolivia ante la incesante y cada vez más lacerante violencia de género.

Un niño de 8 años denunció que su padre asesinó u enterró a su madre. El padre de una adolescente de 16 años es detenido por violarla desde que ella tenía 7: Aún no hay respuesta a la #violencia por razón de género. #mujeres #DDHH #policía #MinGobierno pic.twitter.com/1zLWb3PXOA

— Boya.News (@BoyaNews) October 23, 2021

Lahuachaca, La Paz, 20 de octubre de 2021

Boya.News – Más de un centenar de familiares de víctimas de la violencia del gobierno de facto de Jeanine Añez marchan esta semana por el altiplano rumbo a La Paz, en una protesta que apunta tanto a la violación de derechos humanos como a la actual retardación de justicia.

Con la repetida proclama de que “van dos años y no pasa nada”, los marchistas ponían en evidencia primero las responsabilidades del gobierno transitorio de Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020), autor de las masacres de Sacaba, Senkata y otras, y luego las del actual Gobierno de Luis Arce y los administradores de justicia por no castigar a los culpables.

La protesta a lo largo de la carretera Oruro-La Paz arrancó el martes, avanzó en dos días hasta Lahuachaca, ya en jurisdicción de La Paz, y llegaría a la sede de Gobierno en los primeros días de la próxima semana, tras un recorrido de casi 200 kilómetros por la pampa a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y bajo condiciones climáticas extremas: sol calcinante en el día y mucho frío en las noches, además de escasas provisiones de agua y alimentos.

Los marchistas, con su sacrificio, buscan llamar la atención sobre todo de jueces y fiscales que desde hace dos años parecen estar sordos a sus reclamos de justicia. Además, un pliego de peticiones en el que exigen resarcimiento para las víctimas, pero sobre todo justicia, presentado en enero de este año al Gobierno y vuelto a presentar dos veces en los meses siguientes, no tuvo respuesta hasta ahora.

La marcha partió temprano el martes 19 de la población altiplánica de Caracollo, en el departamento de Oruro, a más de 190 kilómetros de La Paz, donde residentes y autoridades les ofrecieron techo y comida y les despidieron esta mañana con café caliente, pan y solidaridad. Armando Rosales, residente de Caracollo, les dijo en la carretera que los pueblos del altiplano les iban a seguir recibiendo donde necesiten pernoctar y les pidió no sentirse solos, “porque el pueblo boliviano está con ustedes”.

Cada marchista carga con su propia historia: una o más heridas en el cuerpo, la experiencia de la cárcel, en muchos casos con torturas y procesos judiciales que dos años después apenas empiezan a avanzar o simplemente con la foto del ser querido asesinado. Y ondean la bandera tricolor y la bandera indígena wiphala, que pasean sus colores brillantes sobre el asfalto y el paisaje amarillento y seco.

Son familiares o víctimas de las masacres de Sacaba, Cochabamba (15 nov 2019) y Senkata, El Alto de La Paz (19 nov 2019). Durante ña represión ejercida por el gobierno de facto instalado tras el golpe al Gobierno de Evo Morales, fueron asesinadas al menos 37 personas, más de 500 fueron heridas y 1.500 detenidas por razones políticas.

El gobierno de facto se prolongó durante un año. Hasta ahora los fiscales no superan la fase de investigaciones en el proceso penal ordinario iniciado contra Áñez y sus principales colaboradores civiles, militares y policiales, al margen de los juicios de responsabilidades que están pendientes de autorización parlamentaria.

La principal acusada por esta violencia, la señora Añez, con detención preventiva en La Paz desde marzo de este año en tanto investigan los fiscales, fue promovida por la derecha local y europea al premio Sájarov, máximo galardón que otorga la Comunidad Europea a defensores de la democracia y los derechos humanos. Los familiares de las víctimas anunciaron que enviarían una carta a los responsables del premio informándoles quién es y qué hizo la boliviana preseleccionada, entre tres personalidades mundiales, para obtener ese galardón. El premio fue finalmente para un opositor ruso.

fm/Boya(texto y foto)

"Justicia", gritan a Arce, para que escuche Áñez

Familiares de víctimas de las #masacres del #gobierno de facto de @JeanineAnez marchan por el altiplano hacia La Paz. La #protesta apunta tanto a la violación de #ddhh como a la retardación de #justicia. @LuchoXBolivia pic.twitter.com/ZoCXdqQvNS

— Boya.News (@BoyaNews) October 20, 2021

La Paz, 1O de octubre de 2020

Boya.News – La presidenta transitoria Jeanine Áñez culminó el sábado 10, día 35 de la campaña electoral, otra semana de ataques cada vez más furibundos contra el MAS y su candidato Luis Arce, y, con especial énfasis, contra Evo Morales.

Fue también otra semana de uso indisimulado de recursos públicos -viajes, actos y radio-televisión estatales- para reforzar la “contracampaña” orientada a captar todos los votos posibles para impedir una victoria del MAS en las elecciones del 18 de julio, para las cuales el partido de Arce y Morales seguía apareciendo como favorito en las encuestas.

Áñez llamó a cumplir la responsabilidad de “votar por aquella persona que tenga las mejores condiciones y que no permita que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo nos vuelvan a gobernar”.

La oportunidad del nuevo episodio de la “contracampaña” electoral de Áñez fue la inauguración de un servicio de telecomunicaciones en San Borja, Beni.

Lejos del papel de gobernante transitoria e independiente que prometió asumir tras bajarse de la carrera electoral, Áñez estaba convertida en una radical activista antimasista que aprovechaba cuanta oportunidad le daba el poder para atacar al MAS, a su candidato y al expresidente derrocado.

El discurso antimasista era replicado al mismo tiempo por varios ministros y otras autoridades.

Editor/Boya

La Paz, 5 de octubre de 2020

Boya.News – La justicia rechazó el lunes 5, día 30 de la campaña y a menos de dos semanas de las elecciones, un último recurso legal contra la participación del MAS, al declarar que no puede obligar al poder electoral a resolver de inmediato una disputa sobre la vigencia de ese partido.

“Seguimos en carrera para las elecciones del 18 de octubre (…) se ha determinado que no hay ninguna justificación (para anular al MAS) e incluso se determinó que no había razón para presentar la demanda”, dijo el abogado Wilfredo Chávez, representante del MAS.

Minutos antes, una Sala Constitucional de La Paz había rechazado un recurso interpuesto por la senadora derechista Carmen Eva Gonzales, que procuraba que la justicia ordene al Tribunal Electoral (TSE) que resuelva sobre una demanda de inhabilitación del MAS por presunto delito electoral de su candidato, Luis Arce.

El delito habría sido la presentación de una encuesta de intención de voto, que está prohibida para los candidatos, aunque el MAS respondió que Arce no presentó una encuesta sino que respondió a una pregunta periodística sobre un sondeo.

El tribunal paceño resolvió que el TSE debe esperar una sentencia del TCP, que analiza la posible inconstitucionalidad de la ley que ordena anular la personería jurídica del partido cuyo candidato comente encuestas en plena campaña.

El TCP ha anunciado que emitiría su sentencia en noviembre.

Esta victoria judicial del MAS no impedía que tanto Arce como su jefe el expresidente Evo Morales enfrenten varios procesos alentados por el Gobierno transitorio, por diversos delitos.

Editor-Boya

La Paz, 4 de octubre de 2020

Boya.News – El segundo debate, el domingo 4 de octubre, tenía comprometida la participación de seis de los siete candidatos -Luis Arce del MAS dijo previamente que no iría- y al final fueron solo cinco.

El exlíder cívico Luis Fernando Camacho desistió a último momento, cumpliendo un supuesto acuerdo de inasistencia con Carlos Mesa, pero éste se presentó en la reunión organizada en La Paz por las organizaciones de empresarios y de periodistas, algunos medios y otras entidades.

Aunque el MAS no tuvo representante, fue objeto de frecuentes alusiones de los cinco participantes, en especial de Mesa.

Si hubo consenso, fue que los candidatos se sumaron a la campaña del Gobierno transitorio y del propio Mesa denunciando con anticipación un supuesto fraude que cometería el MAS el 18 de octubre. Palabras más, palabras menos, es lo mismo que Mesa denunciaba el año pasado, cuando el MAS tenía casi todo el poder.

Los organizadores incluyeron a los siete candidatos en el video de apertura y dejaron vacíos en el escenario los sitios preparados para Camacho y Arce en el encuentro que arrancó con resúmenes de propuestas en voz de los candidatos.

El encuentro de los cinco candidatos en La Paz tuvo un poco más de debate que el del día anterior en Santa Cruz, al que asistieron los siete aspirantes.

La polémica por la inasistencia de Camacho terminaría siendo el asunto más comentado del debate, a la par de una entrevista de Arce con una red de televisión, que compitió en horario y audiencia con el encuentro de los cinco.

Editor/Boya

Santa Cruz, 3 de octubre de 2020

Boya.News – Sin ser precisamente un debate tradicional, el encuentro organizado en Santa Cruz por la Federación de Asociaciones Municipaels (FAM) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) pasará a la historia como el primero en el que los siete candidatos presidenciales de las elecciones 2020 concurrieron al mismo foro.

Quedará marcado también como el primer encuentro de este tipo después de 18 años sin debates ni cosa parecida entre los candidatos.

Por su formato a medio camino entre foro y entrevista colectiva, el encuentro no produjo confrontaciones directas entre los participantes, aunque dejó algunas anécdotas entre las ideas de programas de gobierno, llamamientos cívicos y acusaciones al vuelo que hicieron algunos aspirantes.

Reportes independientes revelaron que el encuentro de candidatos en Santa Cruz alcanzó un relativamente alto nivel de audiencia, tanto en televisión como en las redes sociales.

Editor/Boya