Month: November 2021
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La Paz, 5 de noviembre de 2021
Boya.News – La cancha política boliviana está lista para un nuevo enfrentamiento, con inicio anunciado para el lunes 8 de noviembre y que los opositores no dudan en considerar un nuevo intento por librarse del Gobierno surgido de las urnas e instalado hace justo un año.
Bolivia está en puertas del “último round” de una pelea política, definió el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, o de un intento de desestabilización y hasta de nuevo golpe de Estado, denunciaron el Gobierno de Luis Arce y los movimientos sociales que lo respaldan, que se desataría el día del primer aniversario de la actual administración.
El conflicto, precedido por una larga cadena de amenazas de sectores de oposición, amplificadas generosamente por los considerados medios dominantes y ensayado el 11 de octubre con un paro, puede confirmar que las elecciones no resuelven las tensiones en Bolivia: las fuerzas perdedoras o de voto minoritario, de oposición inútil en las instituciones, se autoconvocan a las calles y tratarán de parar al país.
Los comités cívicos, convertidos en la mayor fuerza contraria al Movimiento Al Socialismo desde su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, pasaron de una actitud amistosa con la gestión transitoria de Jeanine Áñez a unas poses de guerra frente al Gobierno masista. Denunciaron persecución política-judicial, apoyaron a sectores cocaleros rebeldes, respaldaron o alentaron a grupos indígenas disconformes y en el último mes se apropiaron de la bandera levantada por sectores contrarios a una ley contra el lavado de dinero y se sumaron a sus paros incorporando la defensa de unas autonomías en supuesto riesgo.
Los siguientes hechos y anuncios de los últimos días configuraron el escenario del nuevo choque:
Los comités cívicos regionales, liderados por el de Santa Cruz, se sumaron el miércoles 3 a la convocatoria a paro nacional a partir del 8 de noviembre, reforzando la movilización opositora contra leyes fundamentales del Gobierno de Arce.
Sumando fuerzas
“Respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general”, anunció un comunicado de los comités,
firmado por los presidentes de cívicos de los nueve departamentos, incluido Calvo, un ultraconservador conocido por sus declaraciones racistas. La wiphala es un “trapo”, los migrantes son “bestias humanas”, “buitres malagradecidos”, dijo en ocasiones anteriores.
El paro fue convocado por una de las confederaciones de gremiales, la dirigida desde hace décadas por Francisco Figueroa, contra una ley promulgada en agosto que estableció una estrategia de lucha contra el lavado de dinero armonizando varias disposiciones anteriores. Este mismo sector de gremiales o comerciantes minoristas, también con apoyo cívico, había llamado al paro del 11 de octubre que llevó al Gobierno a retirar del parlamento otra ley que daría a la Unidad de Investigaciones Financieras poderes denunciados por cívicos y empresarios como “totalitarios” y violatorios de secretos personales.
Con vistas al nuevo paro, los cívicos agregaron su rechazo a Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025, a la que consideran contraria a las autonomías regionales y que está lista para la firma del presidente Arce.
Luis Fernando Camacho, actual gobernador cruceño y exlíder cívico del derrocamiento de Morales, e Iván Arias, ahora alcalde de La Paz y exministro de Áñez, destacan entre los opositores que rechazan la ley del plan quinquenal.
“Último round”
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El mismo miércoles, el cívico Calvo afirmó que el paro puede ser el episodio final y decisivo de la pelea contra Arce.
“Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre, queremos libertad, democracia y que este Gobierno indolente nos escuche. (…) Éste puede ser nuestro último round de los bolivianos”, dijo Calvo, quien en semanas recientes dijo que a Arce podría pasarle lo mismo que a Morales, es decir, protestas y pronunciamiento militar hasta su derrocamiento.
“La huelga indefinida es en protesta por la aprobación de leyes que atentan contra la democracia, la economía y la libertad”, aseguró el líder cruceño, repitiendo proclamas de las movilizaciones postelectorales anti-MAS de 2019.
El portavoz presidencial Jorge Richter respondió a la declaración de Calvo: “Históricamente, los paros indefinidos han estado planteados para terminar con un gobierno, históricamente eso es lo que ha ocurrido, y acá lo que ellos quieren es generar una nueva ruptura” del orden democrático, dijo Richter. Afirmó que los grupos de oposición se rebelan “porque el Gobierno y el modelo económico que lleva adelante el presidente Arce no es del agrado de ellos, pero ellos escogen esta fecha, de manera emblemática para intentar nuevamente paralizar el país”.
Más directo, el diputado oficialista Ángelo Céspedes denunció que “se está gestando un segundo golpe de Estado”.
Emergencia
A diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2019, cuando las movilizaciones derechistas parecieron tomar por sorpresa a unos movimientos sociales que se consideraban invencibles, estas organizaciones se declararon en “estado de emergencia” el jueves 4 en rechazo al paro nacional de la oposición, denunciándolo como afán de golpe de Estado.
“Tenemos la obligación de advertir a los desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generarse muerte y dolor en el pueblo, no queremos más racismo y discriminación”, dijo un comunicado de las organizaciones aliadas del Gobierno, la Central Obrera Boliviana y las que conforman el Pacto de Unidad.
En la presentación de ese comunicado, el vicepresidente David Choquehuanca, en función de presidente porque Arce estaba en el extranjero, se mostró firme como pocas veces advirtiendo que “las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular, van a defender la democracia, defender la Constitución Política del Estado y al Gobierno legítimo y constitucional”. Y en aparente alusión al golpe de 2019 contra Morales, aseguró que el pueblo boliviano “no permitirá que los días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, discriminación, de corrupción, de violación de derechos humanos y tortura vuelvan nuevamente”.
El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, le puso más leña al fuego con su advertencia fuera del texto del comunicado: “Si vamos a tener que salir a las calles y carreteras para defender la estabilidad política y económica del país, lo vamos a hacer, por eso estamos reunidos para darle respaldo a nuestro Gobierno”, dijo.
Añadió que la derecha utilizaba tácticas de “confusión” para denunciar supuestos avasallamientos de tierras y hasta movilizar a grupos indígenas.
Paro cuestionado
Arce auguró el viernes 5 que el paro, que consideró alentado por algunos medios de comunicación, podría terminar en fracaso.
“Hemos visto los medios de comunicación, en coro desde anoche y esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento (Santa Cruz) y supuestamente en el país; desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar”, dijo Arce en un discurso de inauguración de un complejo eólico de generación de electricidad, en el que señaló que los que alentaban la protesta era los mismos grupos derechistas que apoyaron a Áñez.
“La economía no se para, (esto) nunca lo entendieron cuando fueron gobierno en 2019 y 2020, porque era su gobierno, cuando nos encerraron (por la pandemia), cuando pararon la economía y cuando asaltaron las arcas del Estado”, afirmó, evitando dar señales sobre cuándo promulgaría la cuestionada ley del plan de desarrollo quinquenal.
El Plan
La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió el Plan de Desarrollo 21-25, negó tajantemente que esta norma sea contraria a las autonomías departamentales y municipales y desatacó que es fundamental para lograr un crecimiento de 5,1 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el quinquenio.
“Sería totalmente ineficiente que los diferentes niveles del Estado no puedan armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso es la planificación del desarrollo económico y social de la mano de las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, dijo, al precisar que el plan tiene un presupuesto de inversión pública de 33.197 millones de dólares, con metas de industrialización, sustitución de importaciones y reducción de la pobreza.
Mendoza negó que el plan quite atribuciones a los gobiernos departamentales y municipales, más allá de la coordinación: “El desarrollo departamental es competencia de los gobiernos autónomos departamentales, siempre y cuando se encuentre en concordancia con el plan nacional, en lo municipal es competencia de los municipios siempre y cuando estén en concordancia con la planificación nacional y por supuesto departamental”, dijo. Consideró “desacertados” y “sesgados” a los argumentos del paro cívico-gremial y descartó la posibilidad, planteada por algunas gobernaciones regionales, de posponer la aplicación del plan hasta después del censo nacional de población y vivienda previsto para 2022.
Sobre las líneas del plan quinquenal, señaló que el 53% de la inversión pública prevista irá al sector productivo y que se prevé una reducción del índice de pobreza moderada del 39% al 19%, y de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3%.
Editor/Boya
– En la compleja telaraña de juicios y la búsqueda de justicia, son los únicos procesos en curso por esas violaciones de DDHH.
– Se negó a familiares de las víctimas sumarse a la acusación.
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La Paz, 1 de noviembre de 2021
Boya.News – Eran momentos dramáticos los de noviembre y diciembre de 2019. Se habían producido dos masacres y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había enviado a Bolivia a su mejor negociador internacional, Jean Arnault, para promover un proceso de pacificación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión que estuvo en el país del 22 al 25 de noviembre. El 10 de diciembre emitió su informe preliminar con la recomendación de que se investigue y sancione la violencia extrema. El gobierno de Jeanine Áñez, interesado en hacer buena letra a nivel internacional, instruyó y los fiscales abrieron casos por las masacres de Sacaba y Senkata.
Son los dos únicos procesos por esos cargos que se ventilan en la justicia ordinaria.
La CIDH dijo en su informe: “…la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”. Y en la conclusión número 13: “Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”. Por instrucción del gobierno de Áñez, los fiscales departamentales de Cochabamba y La Paz abrieron caso por las masacres de Sacaba y Senkata, por “asesinato, homicidio, lesiones graves y leves” pero se cuidaron de no presumir la culpabilidad de nadie y escribieron en la carátula “autores por identificar”.
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La paradoja a dos años de la violencia y casi un año del gobierno democrático de Luis Arce, que retornó al MAS al poder, es que solo los procesos abiertos “de oficio” en el gobierno de Jeanine Añez, en la justicia ordinaria, ventilan las dos grandes masacres. Se crearon “comisiones de Fiscales”, quienes ordenaron medidas cautelares para cuatro generales militares y uno de la Policía por la masacre de Senkata y cuatro militares con detención preventiva domiciliaria en Cochabamba por la masacre de Sacaba. Y declararon sus investigaciones en reserva.
David Inca, de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y dirigente de una de las agrupaciones de familiares de víctimas, quienes culminaron la semana pasada siete días de caminata para recorrer 190 kilómetros por el altiplano de Oruro a La Paz, a fin de hacer visibles sus reclamos de justicia y “reparación”, admite la paradoja y añade otra: su grupo de víctimas “se apersonó” solicitando ser admitidos como parte demandante, y el juez y los Fiscales les respondieron que no, que primero deben demostrar que son víctimas.
Inca explica que, en los tres cuerpos de expedientes, están la nómina de heridos, de los fallecidos, informes médicos, informes de autopsia, certificados de matrimonio y aún así rechazaron que las víctimas sean parte de la acusación. Los familiares pretenden ampliar la acusación por delitos como tortura, por ejemplo, a heridos y detenidos.
Los fiscales son prácticamente los mismos ahora que en el gobierno de Áñez, al igual que el Fiscal General, Juan Lanchipa, quien para poner paños fríos a la marcha de los 190 kilómetros anunció que la investigación del caso Sacaba-Huayllani, de Cochabamba, está más avanzado y podría conocerse la acusación formal en noviembre de este año.
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TRES TRISTES TIGRES
Como parece ser tradición en estos casos, los familiares y víctimas han sido divididos. Un grupo, el más grande, está con David Inca, que además de tener a la mayoría de familiares de asesinados en Senkata, también logró convocar y representar a la mayoría de familiares de asesinados de Sacaba-Huayllani. Un segundo grupo es cercano al ministro de Justicia, Iván Lima, con quien han planteado juicio de responsabilidad contra Jeanine Añez, trámite de destino incierto que debe resolverse en la Asamblea Legislativa.
En el parlamento, el MAS tiene mayoría pero no los dos tercios imprescindibles para autorizar juicio de privilegio. Las otras dos fuerzas políticas, Creemos del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ambos señalados como parte del “golpe de Estado”, ya dijeron que no apoyarán nada que sugiera “la narrativa” de golpe.
El tercero en discordia es un Comité Impulsor, integrado por 14 instituciones de la sociedad civil, donde destaca el abogado Aldo Michel, quien dice contar también con víctimas de la violencia de Jeanine Áñez. Este grupo promueve el proceso ordinario en curso planteado por la ex diputada del MAS Lidia Patty, que provocó la detención preventiva de Jeanine Áñez desde marzo de este año en La Paz. La acusación inicial es de supuestos delitos cometidos antes de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Michel explica que irán incorporando otros delitos y rechaza los juicios de responsabilidad que, en su criterio, sólo confunden y complican más el escenario jurídico legal.
Los tres grupos se muestran irreconciliables. Y se lanzan dardos verdaderamente envenenados.
Alrededor de los tres procesos en la justicia ordinaria (dos de la era Añez y uno de la ex diputada Lidia Paty), y cuatro demandas de juicio de responsabilidad, danzan varios otros en la vía ordinaria, también contra Añez y algunos de sus colaboradores, hasta ahora imposibles de cuantificar.
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OTRO ACUERDO
Las 30 horas de negociación que siguieron a la marcha de 190 kilómetros de los dirigidos por David Inca dieron luz (27 de octubre) a “un acta de reunión” con el Gobierno del presidente Arce.
Familiares de victimas de las masacres de 2019, a media marcha por el altilplano rumbo a La Paz, el 22 de octubre de 2021. (ABI).
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Lo central de esta acta es que los acuerdos se concretarán el 5 de noviembre, luego de que el Gobierno negocie con los otros grupos de familiares y víctimas. Entonces también se decidirán las reglas de un censo de víctimas cuyo resultado será la piedra sobre la que se construirá “un plan de restauración integral” (ayuda económica social, sanitaria, de vivienda, psicológica, etc.). Se ha descartado ampliar la inicial ayuda de 50.000 bolivianos por muerto de la era Áñez y la solicitud de 5.000 bolivianos de renta mensual, a cambio de la creación de un fondo para otorgar créditos para actividades productivas con medio punto (0,5) por ciento de interés. Esto desmoronó la campaña de la derecha y sus medios que acusaban a las víctimas de pretender utilizar su drama para sacarle dinero al Estado.
Editor/Boya.News