Month: November 2021

– Aceptada la abrogación de la ley contra el lavado de dinero, persisten algunos paros.

– Presidente Arce llama a sectores oficialistas a continuar en “apronte”.

– Cívicos van ahora por otras leyes capitales del Gobierno.

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La Paz, 15 de noviembre de 2021

Boya.News – La intentona subversiva en Bolivia sigue en pie, alentada por cívicos de Santa Cruz y Potosí y facilitada por las dudas, tropiezos, retrocesos y hasta contradicciones del Gobierno de Luis Arce.

Tras siete días de paros, violencia, muerte, racismo, discursos desbordantes de mentiras o medias verdades, amenazas y temores, los gremiales se anotaron una victoria: la abrogación de la ley 1386 de lucha contra el lavado de dinero, anunciada por Arce en la noche del sábado 13 y que el parlamento ha prometido hacer efectiva esta semana.

La mayor parte de los paros gremiales y de sectores de transportistas, sus aliados coyunturales, podía considerarse en vías de extinción, aunque algunos de esos grupos dijeron que no darían por finalizado el conflicto hasta que Arce firme la ley.

Eso podría mostrar el camino de salida de una batalla perdida por el Gobierno, que defendió a rajatabla la norma de la cual la gran mayoría de los bolivianos no tenía ni idea hasta que estalló el conflicto de los gremiales, y que no pudo sostener en los momentos decisivos de la tensión.

La abrogación de la ley 1386 y el retiro en octubre de otra ley, rechazada también por los gremiales y otros sectores, que apuntaba a dar más poderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en la lucha contra el dinero ilícito, dejan las cosas como estaban desde hace más de dos décadas: la investigación de fortunas mal habidas seguirá a cargo de una UIF que probablemente no tiene las herramientas legales completas pero que goza de una gran libertad de movimiento, como un súper poder casi fuera de control.

¿Hasta qué punto son conscientes de esto los gremiales y transportistas que lograron derrotar al Gobierno con el discurso añadido de que la investigación de fortunas violaría libertades individuales al estilo “socialista”?

Pasó algo similar, y con mucho más ruido, hace cuatro años cuando una insólita conjunción de cívicos, activistas religiosos, curas, pastores, médicos, maestros y otros sectores, todos antimasistas, forzaron la abrogación de la ley del nuevo Código Penal, que suponía según expertos nacionales y extranjeros la reforma más importante de la justicia boliviana en más de un siglo. Derrotado entonces por otra cadena de paros antigubernamentales convocados con banderas de rechazo al aborto, defensa de los médicos e “independencia” judicial, Evo Morales anuló esa norma. El país entero sigue lamentando ahora los males crónicos de la justicia, como los que dice sufrir la expresidenta Jeanine Áñez, o el maltrato de la niña cruceña de 11 años, una entre miles, cuyo reciente aborto legal resultó tan cuestionado.

La abrogación

En la noche del sábado 13, luego un fallido intento de diálogo con los gremiales, que terminaron cediendo a las presiones del Comité Cívico de Santa Cruz, Arce anunció la abrogación de la ley de la polémica con éstas y otras palabras:

– “Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando y para seguir paralizando nuestra economía”-

– “Nuestro gobierno quiere paz y tranquilidad; tenemos la obligación de cuidar la economía, la democracia y nuestras familias, porque todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de lo que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales; por eso nosotros ya no queremos más luto, más zozobra, más dolor, más intranquilidad”.

– “Porque estamos enfrentando problemas educativos, problemas de salud, (estamos saliendo) de una profunda crisis económica y no podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo, por lo tanto, se tomó esta decisión en ese marco para que no haya más pretextos, para que no haya más argumentaciones, que en realidad están ocultando una verdadera intención política”.

– “Lo que nosotros queremos ahora es que podamos tener la tranquilidad de que se reanuden las labores, continuemos construyendo esta economía que está saliendo y que necesita del concurso de todas y todos los bolivianos porque estamos enfrentando problemas de salud, educativos, estamos saliendo de la profunda crisis económica que ha afectado a nuestro país, No podemos parar la economía, no podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo”.

Los sectores sociales aliados del Gobierno, liderados por la Central Obrera Boliviana, respaldaron la decisión presidencial y reiteraron su denuncia de que la demanda de los gremiales se había convertido en un pretexto para un intento de “segundo golpe de Estado”.

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La subversión

Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, que aparentemente no entendieron la firmeza del rechazo de los gremiales a la ley anti lavado, mostraron el domingo 14 que sí tenían claro lo que pretendían los comités cívicos, que se adueñaron de las consignas sectoriales originales y las volvieron instrumentos de sus propios planes subversivos.

Entre ambos lados hubo el domingo un duro cruce de acusaciones y amenazas que ponían muy lejana la posibilidad de una pacificación de la vida política y social del país:

Arce en actos en Chuquisaca y La Paz:

– “Seguimos en la pelea, hermanos; ellos lo que no han ganado en las urnas quieren ganarlo ahora con la violencia. Eso implica organización y permanente movilización; nuestras organizaciones tienen que estar al apronte. No podemos bajar los brazos ni uno solo momento”.

– “Hay que organizarnos y movilizarnos, siempre estar al apronte; el enemigo no duerme, el enemigo que destruye la patria y saqueó nuestros recursos naturales (…) sigue vivo”.

– “No somos de la cultura de la violencia, pero tenemos derecho a defendernos, porque nosotros queremos paz y tranquilidad”.

Choquehuanca, en homenaje a Túpac Katari en Peñas (La Paz):

– “Todo tiene su límite, hermanos, que no despierten la ira del inca; cuando el pueblo se levanta no hay nada que lo pare y nosotros nos vamos a levantar para defender nuestra democracia, la unidad del pueblo boliviano, nuestra estabilidad, nuestros recursos naturales y vamos a ser siempre fieles a nuestro pueblo, fieles a nuestro proceso de cambio”.

Rómulo Calvo, líder cívico creceño, tras cabildo del domigno 15:

– “El pueblo cruceño, representado por distintos sectores, que propiciaron el paro conjuntamente con el Comité pro Santa Cruz, ha resuelto mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abrogará la 1386 y en ese mismo lapso la Asamblea Legislativa deberá agendar la abrogación del paquete de leyes demandada por los sectores de la sociedad (…) y la reposición de los 2/3 en el reglamento legislativo”.

– “Nos mantendremos alertas ante cualquier otro intento legislativo que pretenda violentar los derechos y garantías constitucionales (porque) nuestra lucha continúa y lo más importante es seguir alimentando la unidad”.

Juan Carlos Manuel, presidente del Copmité Potosinista (COMCIPO):

– “Se continuará con las movilizaciones porque no es suficiente la abrogación de la Ley 1386; se exige la abrogación de todo el paquete de leyes, además de la restitución de los 2/3 (en la Asamblea Legislativa) para un mejor debate y elaboración de leyes constitucionales”.

– “La Policía debe estar al servicio del pueblo sin parcializarse con el grupo del MAS y se exige al gobernador (Jhonny Mamani) cumplir su compromiso de no convocar a la gente del área rural”.

Editor/Boya

– Invariable condena oficial a afanes subversivos de comités cívicos.

– Abierta ventana de diálogo entre el Ejecutivo y sectores gremiales sobre la ley anti lavado.

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La Paz, 12 de noviembre de 2021

Boya.News.- El Gobierno comenzó a desplegar una doble táctica, de palo y zanahoria, en procura de poner fin al conflicto iniciado por los gremiales o comerciales minoristas, que los comités cívicos tomaron como oportunidad para tratar de “tumbar” al presidente Luis Arce.

El jueves, a la par de nuevas denuncias oficiales de los fines golpistas de la movilización de los cívicos, el Gobierno llamó al diálogo a los gremiales. Este sector acogió favorablemente la invitación, en principio, mientras con argumentos de reaprovisionamiento o pacificación el paro general parecía debilitado, incluso en las tres ciudades más afectadas en la primera semana: Santa Cruz, Potosí y Tarija.

En el resto del país, había movilizaciones esporádicas de algunos sectores, principalmente transportistas, y en La Paz un intento de marcha de activistas opositores del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) resultó frustrado por una fuerte granizada.

“Sediciosos”

En el cruce de acusaciones sobre los intereses políticos en juego en el paro, el jueves destacaron algunas frases:

– “Las declaraciones de los comités cívicos muestran claramente su intención golpista; desnudaron ya la cara democrática que querían mostrar al pueblo boliviano; hoy la derecha está clara, el presidente del Comité (Cívico) de Santa Cruz (Rómulo Calvo) dijo que hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce”. (Arce, en concentración oficialista en Shinahota)

– “Usted, no solamente es un sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de desconocimiento de las decisiones del pueblo que emanan de las urnas”. (Ministra María Nela Prada a Calvo, en conferencia de prensa).

– “Hay gente (en el paro) que tiene su vocación natural por defender su región y ciudad, pero la generación de conflicto, la violencia, eso tiene financiamiento”. (Portavoz Jorge Richter).

– “Estamos en estado de emergencia y movilización permanente (ante) el segundo golpe de Estado”. “Hermano Lucho, no estás solo, estamos organizados; movilizados vamos a defender nuestro Gobierno, nuestra revolución, y vamos a demostrar cómo se defiende, no con mentiras como la derecha”. (Evo Morales, en Shinahota).

– “Aquí no hay un pueblo golpista, el pueblo nunca ha sido golpista, no hay el primero ni el segundo golpe, hay un pueblo movilizado y un pueblo que está pidiendo abrogación (de la Ley 1386 contra el lavado de dinero), nadie ha pedido la renuncia del Presidente que yo sepa, simplemente están pidiendo abrogación”. (Gobernador cruceño Luis Fernando Camacho).

– “Si el parlamento sigue sin dos tercios (requisito de voto para algunas decisiones), nosotros los parlamentarios no podemos garantizar ninguna situación a Boilivia, por lo tanto deberíamos cerrar el parlamento”. (Senadora Centa Rek, Creemos).

– “Escuchen al pueblo, Lucho Arce deje la soberbia, siempre decimos: El pueblo tiene la receta en el bolsillo cuando no escuchan, téngalo en cuenta”. (Líder cívico cruceño Rómulo Calvo).

– “Bolivia está despertando, mañana (viernes 12) es el último día para que puedan abastecerse, después no se mueve nada”. (Calvo).

¿Diálogo?

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, hizo una invitación oficial a las organizaciones gremiales, para el sábado 13, con objeto de buscar un acuerdo en torno a la ley 1386, o su reglamento, sobre la estrategia nacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“En relación a que se está invitando a grupos o compañeros gremiales afines al Gobierno, eso es falso; estamos invitando a todos los compañeros gremiales de Bolivia, por lo tanto no está restringida la reunión a un grupo o confederación específica”, aseguró.

Francisco Figueroa, el líder de la confederación de gremiales que hizo la primera convocatoria a las actuales protestas, dijo que acudiría al diálogo, aunque pasando primero por una consulta a sus afiliados.

“Vamos a acudir, ¿por qué no vamos a ir al diálogo? Se trata del ministro y la ley se encuentra en manos del Ejecutivo, pero nosotros tenemos una posición clara, que se abrogue esta ley, creo que es el clamor no solo de los gremiales, sino también del transporte y médicos”, dijo a la red Unitel, anunciado un ampliado nacional del sector en Cochabamba.

Otras federaciones y confederaciones gremiales, que no reconocen el liderazgo de Figueroa, también fueron invitadas al diálogo.

El encuentro se realizaría en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba.

…Y LAS VACUNAS

En medio del conflicto, el Ministerio de Salud reportó que Bolivia superó esta semana la marca de ocho millones de vacunas anti covid-19 aplicadas y que la inmunización con esquema completo cubre al 55 por ciento de los mayores de 18 años.

“Se aplicaron 8.005.959 dosis entre la primera, segunda, unidosis y la tercera dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional”, señaló un comunicado oficial.

Con esas aplicaciones, 3,9 millones de bolivianos tienen ya inmunización completa, contando a los que recibieron doble dosis de alguna vacuna regular o la dosis simple de Janssen.

Editor/Boya

– Comité Potosinista declara “persona no grata” al Presidente

– Cívico cruceño apunta a “tumbar” al Gobierno

– Movimientos sociales cierran filas en “defensa de la democracia”

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La Paz, 11 de noviembre de 2021

Boya.News – Los comités cívicos que se sumaron al paro nacional iniciado esta semana en Bolivia por los gremiales tardaron muy poco en mostrar que la protesta no busca solo la anulación de la ley que molesta a los comerciantes minoristas sino, sobre todo, bloquear y hasta derrocar al Gobierno de Luis Arce.

Opacado en su primer día, lunes 8, por el alboroto parlamentario y mediático que rodeó al primer informe anual de gestión de Arce, el paro de los sectores opositores ganó fuerza el martes en por lo menos tres departamentos -Santa Cruz, Potosí y Tarija-, con violencia extrema en la capital potosina, donde murió un campesino que no apoyaba la huelga, además de disturbios aislados en otras regiones, donde también se movilizaron transportistas de larga distancia.

El miércoles 10, tercer día de la protesta y segundo aniversario de la renuncia forzada de Evo Morales en la crisis de 2019, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) puso por escrito el objetivo final de la movilización: que se vaya Arce. En esa línea, el comité potosino decidió, en un cabildo de centenares de personas en la plaza central de la Villa Imperial, continuar la huelga antigubernamental “hasta las últimas consecuencias” y aprobar una resolución que declara “persona no grata” a Arce, le da plazo de 24 horas para que anule la ley de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y, luego de otras condenas, deja establecido, como manda el relato mediático dominante, que el conflicto es entre el “pueblo” y el Movimiento Al Socialismo.

El protagonismo tomado por los cívicos dejaba en segundo plano a las organizaciones gremiales, o de comerciantes minoristas, que iniciaron la movilización antigubernamental con la bandera de rechazo a la ley contra el dinero sucio.

Desconocimiento

La resolución del COMCIPO, que refleja las demandas comunes de los grupos que impulsan el paro opositor, tiene los siguientes diez puntos:

1. Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores.

2. Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, por financiar y alentar los enfrentamientos con los campesinos.

3. Exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS.

4. Un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra el gobernador por el deceso de un ciudadano potosino, de lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo.

5. Exigir al Gobierno de Luis Arce abrogar en un plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas que van en contra de la población.

6. Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa restituir los dos tercios para la aprobación de leyes democráticas y constitucionales que favorezcan al pueblo, deben eliminar la mayoría simple.

7. Se exige un proceso penal, además de hacer responsables a los tres dirigentes de las subcentrales de los campesinos, por traerlos a la ciudad y provocar la confrontación.

8. No se aceptará ninguna persecución política contra todos quienes estamos realizando estas movilizaciones.

9. Estamos pidiendo amigablemente al Gobierno anular todos los procesos políticos de persecución que se encararon desde que ingresó al poder.

10. La renuncia de la representante de la Defensoría del Pueblo, Vilma Martínez, por estar vestida de azul y sometida al MAS.

Tumbar al Gobierno

Al concluir la tercera jornada de la protesta, el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, no ahorró palabras en apoyo a las demandas del COMCIPO ni para reafirmar que el objetivo del movimiento opositor es “tumbar al Gobierno”.

“Quiero pedirle al pueblo cruceño (que) nos estamos jugando nuestra última carta, esta última carta no lo vamos a perder, esta carta se llama democracia”, dijo Calvo, en las afueras del Comando de la Policía de Santa Cruz, sitio que usó por tercera vez en los últimos días para lanzar sus arengas contra el Gobierno y contra los jefes policiales nacionales.

Sobre el pronunciamiento del COMCIPO afirmó: “Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”.

Aseguró además que el paro, cuyo impacto se concentraba en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Tarija, cundiría en los próximos días a provincias cruceñas y otros departamentos.

Apronte oficialista

El presidente Arce, entretanto, continuó su campaña de descalificación de la oposición derechista que inició el lunes, en su discurso-informe de primer aniversario.

El miércoles, el gobernante asistió a sucesivos actos en El Alto y La Paz en los que importantes movimientos sociales cerraron filas en torno al Gobierno, llamaron a defender la democracia y dijeron estar listos para hacer lo necesario, empezando por salir a las calles, para enfrentar a los “golpistas”.

Arce dijo en El Alto, en un ampliado conjunto de las federaciones campesinas Tupac Katari (hombres) y Bartolina Sisa (mujeres) de La Paz, que el paro contra dos leyes fundamentales del Gobierno buscan en el fondo impunidad por las masacres y otros delitos del golpe de 2019.

“La derecha engaña, miente todo el tiempo, porque no tiene argumentos; lo único que quiere, lo único que está buscando es la impunidad con lo que ha pasado en el golpe de 2019 (…). Es necesario reflexionar sobre lo que está pasando, porque los vamos a necesitar, no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019, no”, reflexionó Arce con los campesinos.

¿Paro contra las leyes o contra el Gobierno? El mandatario no dudó en señalar que las leyes objeto de la polémica -una contra el lavado de dinero y otra que contiene un plan quinquenal de desarrollo- son solo un pretexto para buscar la caída del Gobierno. “Si mañana derogamos una ley, luego van a cuestionar otra ley y así van a estar. Éste no es un tema que realmente les preocupa, lo que les preocupa es que avancen sus juicios (por el golpe de 2019), pese a que nuestra justicia es muy lenta. Saben que alguien ha dado la orden para que los militares disparen por la espalda; ellos tienen que asumir”, dijo, sobre los responsables de las masacres de noviembre de 2019, en el inicio de la gestión de facto de Jeanine Áñez.

“Algunos sectores ya no están contra la ley (anti lavado), sino que están contra el Gobierno”, sintetizó el oficialista presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Editor/Boya