Boya.News – Dos anuncios de juicios de responsabilidades se cruzaron en el camino de Jeanine Áñez el jueves 10, quinto día de la campaña electoral, mientras la gobernante realizaba actos de gestión y de proselitismo en el Chaco tarijeño.
Las iniciativas -una de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otra del Frente Para la Victoria (FPV)- marcaban nuevos hitos de la creciente judicialización de la política boliviana, no resuelta durante los 14 años de Evo Morales (2006-2019), multiplicada por el Gobierno transitorio y agravada durante la campaña hacia la votación general del 18 de octubre.
El juicio que se iniciaría en el parlamento fue anunciado por la presidenta del Senado y de la ALP, la masista Eva Copa, tras confirmarse que el Gobierno de Áñez no solo recibió en abril un crédito no autorizado del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 327 millones de dólares, sino que inclusive pagó ya una cuota de 1.6 millones de dólares por intereses.
“El Gobierno de transición vulneró totalmente la Constitución en su artículo 322 porque este crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la ALP y se pagó el interés de 1,6 millones cuando nosotros los bolivianos no conocemos dónde están esos recursos, por eso es necesario que se haga la fiscalización de esos recursos”, dijo la jefa parlamentaria en una de varias declaraciones sobre el tema.
El crédito del FMI fue rechazado por la bancada mayoritaria del MAS y las minoritarias de la Democracia Cristiana y de la oficialismo Unidad Demócrata, que denunciaron falta de contrto de respaldo. El MAS dijo también que había condicionamientos “inaceptables” del FMI para cambiar la política económica, incluso con una devaluación del boliviano.
JUICIO POR CUARENTENA
El financiamiento, sin embargo, ya está inscrito en cuentas del Banco Central de Bolivia.
El segundo juicio de responsabilidades contra Áñez, por delitos de lesa humanidad derivados de la pandemia, fue anunciado por el FPV, el partido que ahora tiene como candidato presidencial al pastor evangélico de origen coreano Chi Hyun Chung, quien aparecía con apenas 3,3 por ciento de respaldo en la más reciente encuesta de intención de voto.
Áñez debería ser enjuiciada por “genocidio, delito de lesa humanidad”, porque dispuso una cuarentena entre marzo y julio, y en algunos casos hasta agosto, que ha provocado hambre y muerte entre los bolivianos, afirmó el dirigiente Leopoldo Chui del FPV.
Agregó que la denuncia de este partido fue presentada a la Fiscalía General del Estado.
Según la Constitución, si la Fiscalía encuentra bases para llevar adelante el juicio de responsabilidades contra Áñez debería pedir permiso de proceso al parlamento, controlado por MAS.
El expresidente Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana.(Captura video Asuntos Centrales)
La Paz, 9 de septiembre de 2020
Boya.News – ¿Quién derrocó a Evo Morales? Carlos Mesa y Jeanine Áñez se disputan la autoría. Luis Fernando Camacho no se resigna a que se ignore su papel. Tuto Quiroga dice que fue el pueblo movilizado.
Carlos Mesa, entrevistado el miércoles 9 en el programa Asuntos Centrales.
El miércoles 9, cuarto día de la campaña hacia la votación del 18 de octubre, el exiliado y proscrito expresidente siguió en el centro del debate, fue el tema preferido por varios candidatos rivales del MAS.
La caída de Morales -cocinada a fuego lento desde que decidiera ir contra el referendo 21F de 2016- fue precipitada entre octubre y noviembre de 2019 por una cadena de sucesos y actores que podría resumirse así:
– Mesa llamó a protestas contra el “fraude” en la victoria electoral de Morales, Camacho movilizó a los cívicos, “pititas” y “resistencias” juveniles tomaron las calles y Tuto fue clave en negociaciones que abrieron la puerta del poder a Áñez, quien había pasado los últimos días de la crisis en su casa en Trinidad.
No fueron los únicos actores destacados. Cada quien hizo lo suyo, también Evo y sus seguidores, y Áñez apareció en el momento preciso para autoproclamarse Presidenta Transitoria.
La polémica resultó abierta al responder Mesa a la campaña de mensajes en las redes con que Áñez lo criticó con dureza en días pasados por no haber estado presente en momentos supuestamente claves.
“Frenamos al MAS en dos oportunidades… ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?”, desafió Áñez en las redes.
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?
“Quien frenó al MAS, le paró el carro al MAS, detuvo al MAS, se llama Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana a través del voto popular”, respondió el expresidente-candidato en una entrevista con el programa Asuntos Centrales, considerando “increíble” que Áñez se muestre como protagonista del derrocamiento habiendo aparecido en La Paz después de la “huída” de Morales.
Camacho sentenció luego en Facebook: “Carlos Mesa tuerce los hechos y se camufla como luchador contra la dictadura de Evo Morales”.
Y Tuto trató de ponerse por encima de todos, afirmando en Twitter que “ningún político expulsó a Evo. Fue el pueblo de Bolivia movilizado en las calles, con pititas tragando gases, gritando ‘nadie se cansa, nadie se rinde’”.
Ningún político expulsó a Evo. Fue el pueblo de #Bolivia movilizado en las calles, con #pititas, tragando gases, gritando "nadie se cansa, nadie se rinde". Agradezco a nuestra juventud, a auditoría de @OEA_oficial -la que casi nadie respaldó- y a la cobardía del tirano prófugo. pic.twitter.com/4OTZyCWb1b
El candidato del MAS, Luis Arce, iniciaba entretanto la movilización electoral de sus seguidores en El Alto, con una masiva marcha en la que resultó imposible el “distanciamiento social” en tiempo de pandemia. Y Áñez continuaba sus viajes de gestión y campaña por el país.
Chi Hyun Chung, candidato presidencial del Frente Para la Victoria, en el programa En Portada, el lunes 7 de septiembre. (Video captura).
La Paz, 8 de septiembre de 2020
Boya.News – Dice Chi, el candidato, que si Bolivia tiene ahora un mal Gobierno transitorio, la solución no es el de cinco años que se elegiría en octubre, sino otro régimen transitorio de un año.
Ésta es probablemente la propuesta más novedosa surgida de las candidaturas, que apenas resonó el martes 8, tercer día de la campaña hacia los comicios del 18-O, en medio del barullo provocado por la inhabilitación de la candidatura parlamentaria de Evo Morales.
Chi Hyun Chung, el candidato presidencial de ascendencia coreana por Frente Para la Victoria (FPV), puso dos condimentos clave para ejecutar su propuesta de segunda transición: una alianza de “todos” los partidos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que, a la postre, este partido que gobernó los 14 años pasados no vuelva a participar en procesos electorales.
“Nosotros (FPV) analizamos si tiene que haber un nuevo Gobierno de transición, pero que no sea candidato (como Jeanine Añez) porque es una payasada lo que está pasando en el país, (se debe) elegir a uno de los candidatos (para que su mandato) sea de un año y el próximo año tengamos una nueva elección. El ganador va a dirigir el país sólo un año y va a convocar a otra elección”, planteó.
La propuesta de Chi fue reportada por el diario Página Siete, uno de los medios que participa en el programa de entrevistas En Portada, en el cual participó el candidato que en la más reciente encuesta de intención de voto aparece con apenas 3,3 por ciento de respaldo, muy por debajo del que logró en la votación anulada de 2019.
El candidato del FPV no indicó cuál sería el procedimiento o el argumento legal y constitucional para convocar a una nueva elección general en 20221.
El resto de los candidatos aparentemente no se enteró de la propuesta de Chi, que quizá sumaba desconcierto entre las siete filas contrarias al MAS, mientras buena parte de “analistas”, “expertos” y otros “opinadores” seguían lamentando que el partido de Morales siga apareciendo primero en las encuestas.
Luis Arce (izq.) y Evo Morales, durante la presentación del candidato presidencial del MAS, en enero pasado en Buenos Aires. (MAS-Foto).
Luis Arce (izq.) y Evo Morales, durante la presentación del primero como candidato presidencial del MAS, en enero pasado en Buenos Aires. (MAS-Foto).
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La Paz, 7 de septiembre de 2020
Boya.News – Evo Morales sigue en la campaña electoral, aunque no va más como candidato al Senado.
El lunes 7, segundo día de la campaña formal hacia la votación general del 18 de octubre, la justicia confirmó la proscripción electoral de Morales, en un fallo muy aplaudido por los “anti evistas” y “anti masistas” que en los días previos habían desatado una fuerte presión sobre el juez que debía inclinar la balanza a favor o en contra de la aspiración parlamentaria del exgobernante.
Cerrada la polémica por la candidatura, Morales tiene todavía al frente varios procesos iniciados por el Gobierno por una larga lista de presuntos delitos, pero por ahora seguirá como jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS). Inclusive, parece llamado a ser mencionado con frecuencia no solo por sus partidarios sino también por sus opositores.
Morales aceptó la inhabilitación. El MAS también aceptó sin mayor discusión el veto electoral a su derrocado y exiliado jefe -dispuesta primero por el Tribunal Electoral y ratificada por una sala distrital del Tribunal Constitucional- basada en el argumento de que no radica en el país.
Candidatos y dirigentes masistas dieron a entender que se mantienen en acción rumbo a las elecciones con las cuales esperan retornar al Gobierno o, al menos, ganar una sólida representación en la Asamblea Legislativa, si no la mayoría.
Luis Arce, en la red Bolivisión, el martes 8 de septiembre.
Las demás candidaturas y otras fuerzas contrarias al MAS han dedicado en los últimos meses la mayor parte de sus discursos, denuncias y otras manifestaciones a hablar de lo que hizo o no hizo Morales en los 15 años pasados. ¿Cambiarán de discurso ahora que el blanco de sus ataques ya no es candidato?
Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?
El lunes, en el segundo día de campaña, Evo siguió siendo uno de los temas favoritos de la presidenta-candidata Jeanine Áñez y los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre las muchas voces del bloque conservador que coincidieron de pronto en inclinar la cabeza ante lo que calificaron como imparcialidad e independencia de la justicia, o parte de ella.
Quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley. Saludamos la preeminencia de la decisión del TSE, la única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales
La Justicia en Bolivia es independiente. Pero quiero garantizarles algo: mientras sea presidenta, la única manera en que Evo retornará a Bolivia es para dar la cara a la justicia por fraude, por violación de los Derechos Humanos y por abuso sexual a menores. Bolivia se respeta.
“Todavía hay jueces probos”, dijo el ministro de Justicia. Álvaro Coimbra, cuya oficina es la principal impulsora de los procesos activados por el Gobierno de Áñez contra Morales.
Boya.News –La campaña hacia las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia arrancó el domingo 6 de septiembre, pero eso es solo un decir, una formalidad.
Cuando llegue la votación general -si llega- Bolivia habrá vivido ocho meses de campaña proselitista prácticamente ininterrumpida.
Se podría decir inclusive que los bolivianos acumularemos hasta octubre más de dos años de una batalla electoral que comenzó en agosto de 2018 con el debate y la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas (partidos) que abrió el proceso de las elecciones primarias, realizadas con candidatos únicos el 27 de enero de 2019.
Tras esas primarias de convalidación de candidatos impuestos por los liderazgos políticos (Evo, Mesa, Tuto, etc), vino la larga campaña de 2019 que electoralizó todo, hasta los gigantescos incendios forestales en la Chiquitanía cruceña, y se mantuvo en pie incluso después de las elecciones del año pasado con las que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intentó prolongar su permanencia en el poder.
Esa polémica votación del 20 de octubre de 2019 no fue el punto final de una campaña sino que terminó siendo el inicio de una nueva etapa del largo ciclo proselitista, ya sin Evo Morales pero siempre con Evo Morales.
Fue promesa de elecciones lo primero que hizo la presidenta transitoria Jeanine Áñez, fue pacto para elecciones el primer acuerdo político tras el cambio de Gobierno y terminaron siendo elecciones el escenario principal y a la vez telón de fondo de la vida boliviana. El actual proceso electoral, con convocatoria y campaña incluída, arrancó el primer día hábil de enero, se mantuvo vivo en la pandemia y terminaba afectando todo en lo que va de 2020.
De ese modo, la campaña proselitista no arrancó el 6 de septiembre. Solo continúa, especialmente para la presidenta Áñez, que casi no dejó pasar un día, en especial desde que se lanzara como candidata el 24 de enero, sin hacer campaña. En sus nueve meses de alargada transición, la presidenta-candidata inauguró algunas obras y no dejó de atacar al MAS, a su jefe Morales y a su candidato Luis Arce, con indisimulado afán electoralista. Y de vez en cuando atacó también a Carlos Mesa.
Los opositores no se quedaron cortos y, con variada intensidad, han atacado lo que parece más vulnerable de la gestión de Áñez: la gestión de la pandemia de cobvid-19.
Esto podría explicar porqué la campaña electoral se ha reabierto el 6 de septiembre con un panorama muy parecido al de principios de año, marcado por la permanencia de Arce en el primer lugar de la intención de voto, Mesa Segundo y Áñez tercera. Acumulamos en realidad más de 200 días de campaña.
Igual que hace un año, la cuestión a definirse en la votación popular parece que volverá a ser si el MAS logra victoria definitiva en primera vuelta, o si Mesa o tal vez Áñez logra forzar una segunda ronda.
Bolivia, penúltima en Sudamérica según cantidad de pruebas por cada caso positivo de covid-19.
La Paz, 17 de agosto de 2020
Boya.News – La presidenta transitoria Jeanine Áñez dijo el lunes que Bolivia ha hecho hasta ahora más de 170.000 pruebas de laboratorio para diagnosticar covid-19.
Este dato no está corroborado por el Ministerio de Salud, que hasta el domingo reportó un total de 198.688 pruebas, de las cuales 100.334 dieron resultados positivos.
Y según el sitio internacional especializado en estadísticas Worldometer, el total de pruebas efectuadas en Bolivia era de 214.385.
Pese a esta falta de concordania, las tres fuentes confirman que Bolivia sigue siendo uno de los países con menos tests de covid-19 en relación con su población: Una de cada dos pruebas hace Bolivia da resultado positivo. Ecuador tiene un positivo por casi cada tres pruebas y es el que está después de Bolivia en la lista de los países con peor desempeño en esta materia.
Para destacar, Uruguay tiene una tasa de un caso positivo por cada 100 tests de covid-19.
El Gobierno transitorio acaba de descartar, diciendo que no cumple requisitos de calidad, a la oferta del laboratorio de Uruguay que proveyó los reactivos para las pruebas hechas en ese país, reconocido globalmente como uno de los más exitosos en la contención de la pandemia.
CIFRAS OFICIALES
Otras cifras mencionadas por la presidenta Áñez en su discurso ante militares en La Paz, sobre lo hecho por el Gobierno transitorio en materia de salud ante la pandemia:
– La cuarentena ha salvado miles de vidas.
– Hay más de 1.000 camas nuevas en los hospitales.
– Más de 400 nuevas unidades de terapia intensiva.
– 30 nuevos laboratorios para covid-19.
– Compra de más de 250 respiradores artificiales.
CIFRAS EN DUDA
Por falta de datos oficiales, hay incertidumbre sobre otros aspectos del combate a la pandemia. Ni la Presidenta en su discurso del lunes, ni otras autoridades en otras ocasiones, han dado informes precisos sobre asuntos como:
– Gastos hechos por el Gobierno, con fondos propios, créditos y donaciones, con motivo de la pandemia (compras, contrataciones de personal y de servicios, bonos, campañas informativas y de propaganda, etc).
– Contagios y muertes por covid-19 no incluidos en los reportes de Epidemiología. La Policía y los servicios forenses de la fiscalía han reportado la recogida de más de 5.000 cadáveres de calles y domicilios en todo el país, de los cuales más de 4.000 eran de personas que presentaron claros síntomas de covid-19.
– Cantidad de personal de salud (médicos, enfermeras, etc) contagiados en cumplimiento de su trabajo.
– Cantidad de equipos de bioseguridad personal dotados a personal sanitario y a personal policial y militar.
– Capacidad real de todos los hospitales del país que atienden casos de covid-19.
– Cantidad de hospitales concluidos o a punto de ser concluidos que todavía no han sido puestos en servicio ante la pandemia.
– Capacidad real de pruebas de la red de laboratorios.
– Cantidad de laboratorios fuera de servicio, por fallas técnicas, falta de personal o falta de reactivos.
EN LA REGIÓN
La siguiente imagen del reporte global de Worldoemter del lunes 17, con datos actualizados hasta el domingo, permite comparar la situación de Bolivia con la de los demás países sudamericanos:
El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, presenta el informe anual sobre cultivos de coca. (UNODC).
El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, presenta el miércoles 29 el informe anual de monitoreo de cultivos de coca correspondiente a 2019. (Video UNODC).
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La Paz, 29 de julio de 2020
Boya-News – En menos de una semana, la Organización de Naciones Unidas (ONU) asestó dos duros golpes al Movimiento Al Socialismo, en materia electoral y en la política de reducción de cultivos de coca.
AUTOCONTROL IRRELEVANTE
El más reciente de esos gestos de distanciamiento ocurrió este miércoles 29, cuando el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, sugirió que el autocontrol de los productores parecía “haber perdido relevancia” y ya no era efectivo para reducir los cultivos de coca.
Rostan hizo la declaración al cerrar una presentación virtual del informe anual de monitoreo de los cultivos de coca en Bolivia, correspondiente a 2019.
El autocontrol y la concertación habían sido pilares de la política de erradicación de coca impulsada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), pero en el último quinquenio no evitaron que los cocales vuelvan a incrementarse para registrar en 2019 uno de sus mayores crecimientos, diez por ciento, llegando a un total de 25.500 hectáreas en todo el país.
Apenas seis días antes, el 23 de julio, la ONU se había apresurado a respaldar la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar por tercera vez las elecciones generales, del 6 de septiembre al 18 de octubre.
El pronunciamiento de la ONU dejó al MAS como único partido -aparte de los sindicatos y movimientos sociales- que rechaza el aplazamiento electoral y sigue exigiendo que se respete el pacto político que había fijado los comicios para el primer domingo de septiembre.
El representante de la ONU que apoya el aplazamiento de las elecciones es el mismo que tuvo decisiva participación en las negociaciones que consolidaron la instalación del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez tras la caída de Evo Morales el año pasado.
Su uso, todavía no avalado por la Asamblea, está condicionado a recorte de gastos y control del déficit, sin descartar una futura devaluación.
La Paz, 21 de julio de 2020
Boya.News – Como deudor dispuesto a casi todo para salir de apuros, el Gobierno de Jeanine Áñez ha prometido disciplina y obediencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso recortes de gastos sin descartar una futura devaluación, a cambio de un crédito de 327,2 millones de dólares que ahora quema las manos de las autoridades transitorias.
El contrato aún no fue aprobado por el parlamento, pero ese dinero ya está en las cuentas del Banco Central de Bolivia.
Documentos oficiales revelan que, en contraste con la política económica que tuvo Bolivia en la década pasada, el Gobierno transitorio declaró abiertamente su disposición a mantener una relación estrecha con el FMI, aceptando las tradicionales recetas de ajuste que implican, entre otras cosas, despidos en el sector público.
El gobierno de Áñez, tras varias semanas de campaña de desprestigio y presión contra la Asamblea Legislativa, jugó su mejor carta, la de la propia Presidenta, que la noche del domingo 19 anunció un nuevo bono de 500 bolivianos (bono salud), si la Asamblea aprueba ése y otros créditos. “Es una canallada”, dijo sobre la demora parlamentaria en aprobar los créditos externos, durante una entrevista por televisión.
LO QUE USTED DIGA
Con fecha 10 de abril de 2020 y la firma del Presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, y del entonces Ministro de Finanzas José Luis Parada, el Gobierno boliviano solicitó al FMI el crédito en un documento denominado “Carta de Intención” en la que afirmó que el dinero servirá para enfrentar la pandemia.
En el punto 6 el Gobierno transitorio compromete: “(…) de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública”.
En el punto siguiente, el Gobierno declara “la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros” para “dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida”.
LO QUE SE DEBE HACER
El 13 de abril (tres días después de la solicitud), el FMI emitió el documento “Bolivia, Solicitud de Asistencia Financiera en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido”, donde en dos puntos, en la página uno del resumen ejecutivo y en la página 12, de recomendaciones políticas, se señala:
“El personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis, aunque considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales”.
“Las estimaciones del personal técnico del FMI ubican el nivel sostenible a largo plazo del déficit fiscal general en torno al 3% del PIB, e indican que un régimen de tipo de cambio fijo exigiría un control presupuestario más estricto que uno flexible”.
Estas recomendaciones que tienen que ver con reducción del déficit fiscal fueron aplicadas en Argentina durante el reciente gobierno de Mauricio Macri y en lo básico significan reducción del gasto público con despidos masivos de funcionarios, cierre de empresas y “flexibilidad del tipo de cambio” o devaluación de la moneda.
Puntualmente, la Carta de Intención de Bolivia al FMI (punto 5) preveía en abril gastos extraordinarios de casi 750 millones de dólares en salud y bonos de alivio, a la par de una reducción de 330 millones de dólares en las inversiones de las empresas públicas.
Estas son algunas de las condiciones que rechazan los parlamentarios que, además, afirman que los documentos oficiales no les fueron facilitados por el Poder Ejecutivo.
HECHO ESTÁ
Un documento oficial del Banco Central de Bolivia, con el título “Bolivia: Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo, al 30 de abril de 2020, en millones de dólares, revela que, en el mismo mes de abril, el FMI desembolsó los 327.2 millones de dólares del polémico crédito.
Los $US 327 millones contratados llegaron a las cuentas oficiales sin autorización del parlamento.
En el punto 1 de “Préstamos multilateral”, en la columna uno de saldo al 31 de diciembre de 2019, figura cero. En la columna dos de “desembolso”, figuran los 327.2 millones de dólares. En la columna siete de “saldo al 30 de abril de 2020 figuran 327.5 millones de dólares. Y en la columna 10, de saldo por desembolsar, figura cero.
LA URGENCIA
La urgencia con que el gobierno de Añez exige la aprobación de créditos internacionales, incluido el del FMI, es que el finero fue recibido en transgresión a la Constitución Política del Estado que, en el artículo 158 sobre Atribuciones de la Asamblea Legislativa dice: “10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos”.
Y en el artículo 159 señala que la la Cámara de Diputados tiene entre otras atribuciones: “9. Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, y la autorización a las universidades para la contratación de empréstitos”.
“Pónganse la mano al pecho”, dijo la Presidenta dirigiéndose a los parlamentarios del MAS.
Carta de intención del Gobierno boliviano al FMI
Sra. Kristalina Georgieva Directora Gerente
La Paz, Bolivia 10 de abril de 2020
Fondo Monetario Internacional Washington, D.C. 20431
Estimada Sra. Georgieva,
Bolivia, al igual que el resto del mundo, sufre el profundo impacto de la pandemia del COVID-19, a pesar de haber detectado una cantidad apenas pequeña de casos. Los principales canales a través de los cuales hemos sentidos esos efectos son dos. Primero, nuestros términos de intercambio han empeorado significativamente en medio del colapso de los precios del petróleo. Tenemos la ventaja de que pasará un tiempo hasta que entren en vigor cambios a las cláusulas de precios de nuestros contratos de gas natural. Aun así, prevemos una pérdida significativa en el ingreso de divisas debido a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos en los próximos 6–12 meses. Segundo, las condiciones extremas imperantes en los mercados financieros internacionales han producido una interrupción repentina de las entradas de capitales en Bolivia y probablemente nos impedirán acceder al financiamiento internacional para atender las necesidades del sector público o del sector privado durante un período indeterminado.
Además de estos efectos de rebalse generalizados generados por los acontecimientos de alcance mundial, enfrentamos en nuestro propio país una necesidad fiscal significativa derivada de la necesidad de incrementar de inmediato el gasto dedicado tanto a la contención como al tratamiento de las personas que han contraído el COVID-19. De hecho, ya hemos anunciado planes para fortalecer rápidamente la capacidad de nuestro sistema de salud, sobre todo ante casos respiratorios de emergencia. Más allá de estas medidas directas destinadas a prioridades de la salud pública, hemos dado a conocer medidas de respaldo a los miembros más vulnerables de la población, como pagos directos de alivio a hogares vulnerables con niños, recortes de algunos pagos por servicios públicos y un diferimiento del pago de deudas de hogares y empresas en el sistema financiero. Prevemos que estas necesidades de gasto añadirán de por sí un 1,8% del PIB al déficit fiscal en un momento en que la actividad experimenta una marcada desaceleración y en el que las fuentes de ingresos se ven comprometidas porque los contribuyentes se enfrentan a circunstancias difíciles. Dado que importamos del extranjero gran parte de nuestros equipos médicos, estos gastos se traducen directamente en presiones al alza sobre el déficit comercial.
Nuestras proyecciones preliminares llevan a pensar que el crecimiento del PIB real en 2020 podría disminuir a -2,9% debido al shock negativo en la oferta y la demanda generado por la pandemia del COVID-19. Es probable que nuestro déficit fiscal alcance al 7,3% del PIB este año (frente al 7,2% del PIB registrado en 2019), lo cual requerirá sustanciales esfuerzos para reasignar recursos presupuestarios que antes estaban destinados a gastos poco prioritarios. Prevemos que el déficit en cuenta corriente podría alcanzar al 4,6% el PIB este año. Sin embargo, prevemos que la inflación se mantendrá contenida en torno al 2,3% en 2020.
En vista de lo precedente, el gobierno de Bolivia solicita un financiamiento de emergencia del FMI por el equivalente a DEG 240,1 millones (alrededor de US$332 millones), lo cual corresponde a una compra del 100% de nuestra cuota en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). La asistencia financiera del FMI nos ayudará a afrontar las urgentes necesidades de la balanza de pagos y en materia fiscal que están asociadas a las mayores necesidades de gasto sanitario, la caída de los términos de intercambio y la imposibilidad de financiarnos en los mercados internacionales. En este sentido, nos comprometemos a ceñirnos a las prácticas óptimas en materia de contratación pública y adjudicación de contratos relacionados con la pandemia (entre otras cosas, publicando con regularidad documentación sobre los contratos de adquisición pública en un sitio web del gobierno, junto con la convalidación ex post del cumplimiento, junto con los nombres de las empresas adjudicatarias y los nombres de sus propietarios efectivos), así como la publicación de un informe de auditoría externa independiente sobre el gasto relacionado con el virus una vez superada la crisis.
Durante la epidemia, la prioridad de nuestras políticas radicará en hacer frente a los efectos sanitarios, sociales, humanitarios y económicos de la crisis. Por lo tanto, será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios. Prevemos que aproximadamente un 1,2% del PIB estará dedicado al aumento del gasto sanitario; alrededor del 0,6% del PIB, a medidas de apoyo a los segmentos más vulnerables (incluidos ancianos, niños en edad de escolaridad primaria y discapacitados, así como subsidios dirigidos a hogares con menores ingresos); y un 1,3% del PIB, a pagos diferidos del impuesto renta las utilidades de las empresas. Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB, con lo cual el déficit global del SPNF aumentará a 7,3% del PIB en 2020 (frente al 6,6% del PIB contemplado antes de la pandemia del COVID-19). Asimismo, hemos identificado más ahorros de contingencia en gasto no prioritario que podrían implementarse en caso de que la crisis recrudeciera o de que nuestros pronósticos del ingreso fiscal resultaran optimistas. Aunque esto implicará una divergencia provisional respecto de nuestra trayectoria del gasto público contemplada, seguimos comprometidos con nuestro objetivo a mediano plazo ya anunciado de reducir el déficit fiscal a un rango entre 4,0 y 4,8% del PIB para 2022. Además, adoptaremos las políticas económicas y financieras necesarias para mantener la congruencia con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a mediano plazo.
Si bien las perspectivas son difíciles, seguimos comprometidos a mantener la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y el crecimiento, y brindar respaldo a los miembros más vulnerables de la población. Confiamos en que, con el apoyo de la comunidad internacional, nuestras operaciones fiscales estarán plenamente financiadas durante el curso de este año. De hecho, prevemos un financiamiento de emergencia por un valor de US$1.000 millones, de los cuales $US 700 millones serían suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y $US 300 millones por la CAF, durante el año venidero. Asimismo, de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, estamos comprometidos a tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública.
Además, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros. Estamos comprometidos a dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida y evitaremos toda medida o política que pueda acentuar estas dificultades. Bolivia cumplirá con las disposiciones del Convenio Constitutivo del FMI —incluidas las relacionadas con la imposición o la intensificación de restricciones a la realización de pagos y las transferencias por transacciones internacionales corrientes, o la institución de prácticas de tipos de cambio múltiples, o la concertación de acuerdos de pago bilaterales que contravengan nuestras obligaciones en virtud del Artículo VIII— e implementará políticas públicas dentro de ese marco. Asimismo, nuestra intención es evitar instituir nuevas restricciones comerciales por razones relacionadas con la balanza de pagos.
En consonancia con la política del FMI en materia de salvaguardas, estamos preparados para colaborar con el personal técnico del FMI en la realización de una evaluación de las salvaguardas, suministrándole los últimos informes de auditoría externa del Banco Central de Bolivia. Asimismo, atenderemos toda necesidad de reuniones entre el personal técnico del FMI, el personal del Banco Central de Bolivia y los auditores externos. Dado que el financiamiento recibido del FMI será prestado al gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el gobierno y el banco central sobre las respectivas responsabilidades de servicio de las obligaciones de financiamiento ante el FMI.
Las dificultades y la incertidumbre que encierra el futuro no tienen precedentes y pondrán a prueba nuestra determinación y cohesión social. No obstante, estamos decididos a lograr nuestros objetivos y prevemos que los esfuerzos del gobierno boliviano y el apoyo del pueblo boliviano nos permitirán dejar atrás esta crisis más fuertes y unidos como país. Solicitamos su apoyo en nuestros esfuerzos y por nuestra parte tenemos la intención de hacer lo que podamos para respaldar al FMI a fin de mitigar el impacto inevitable de esta pandemia en la economía mundial. Confiamos en que esta solicitud de asistencia financiera recibirá una pronta aprobación y deseamos poner de relieve nuestro agradecimiento por la celeridad y la determinación de las que ha dado muestra el FMI a la hora de responder a las necesidades de sus miembros.
Autorizamos al FMI a publicar esta carta y la solicitud de compra en el marco del IFR. Atentamente,
/f/ Guillermo Aponte Presidente del Banco Central de Bolivia
/f/ José Luis Parada Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Registro de la deuda con el FMI en el Banco Central
Tras protesta de la COB, sectores de derecha se re-articulan para suspender indefinidamente las elecciones.
La Paz, 15 de julio de 2020
Boya.News – Decaído por un tercer lugar con tendencia a la baja en las encuestas previas de las elecciones del 6 de septiembre, múltiples denuncias de presunta corrupción y evidentes problemas para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por buscar fortaleza en las Fuerzas Armadas y pasar a un ataque frontal contra el Movimiento al Socialismo, cuyo candidato se mantiene como favorito para los comicios.
El ministro de Defensa, Fernando López, lanzó furibundos ataques contra la Asamblea Legislativa al anunciar el miércoles que, por decreto, el Gobierno aprobó los ascensos a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, una atribución que la Constitución reconoce sólo a la Cámara de Senadores.
El ministro -ratificado tras una censura parlamentaria a principios de año- acusó al MAS, que tiene mayoría en ambas Cámaras legislativas, de “frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales” remarcando que “el MAS pretende castigar a las Fuerzas Armadas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019” (cuando pidieron la renuncia del presidente Evo Morales).
Además, López afirmó que “la Asamblea insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos y a las bolivianas”.
ATAQUE A ALP
“La verdad y esto hay que decirlo de manera absolutamente contundente, la Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el gobierno está con el pueblo”, proclamó el ministro.
La versión de las autoridades del Senado es que se presentaron denuncias de supuestas irregularidades en algunos ascensos y en otros casos se solicitó documentos legales que no sean fotocopia, por lo que ese trámite está pendiente.
El Gobierno acusa también al legislativo por no aprobar créditos internacionales, como el del Fondo Monetario Internacional por 320 millones de dólares, dinero que, supuestamente, serviría para crear nuevos bonos para la población. La versión de los legisladores es que ese crédito está atado al compromiso de “flexibilizar el tipo de cambio” (devaluación), apenas termine la emergencia sanitaria.
NO ELECCIONES
También es agresiva la campaña por la suspensión de las elecciones ya definidas para el 6 de septiembre, comicios a los que se opone el Gobierno de Jeanine Añez, que la postula como candidata presidencial pero que no puede remontar el tercer lugar con tendencia a la baja, según encuestas. Se unieron a esa campaña los candidatos con menos perspectivas de votación, Jorge Quiroga, Fernando Camacho, Chi Hyun Chung y Ruth Nina, con los que cinco de los ocho aspirantes presidenciales que ahora no quieren elecciones en septiembre.
PELEA DE CANDIDATOS
El candidato Carlos Mesa, segundo en las encuestas después del MAS, calificó de “hipócritas” las posturas de los candidatos con menores expectativas, afirmando que el día de voto la gente tendrá más protección de bio seguridad que en una jornada común.
El candidato Fernando Camacho (quinto en las encuestas), solicitó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se pronuncie a favor de la suspensión de las elecciones. El ex presidente Evo Morales, replicó que, si eso ocurre, sería un segundo golpe contra la democracia e injerencia en los asuntos internos del país.
Los comités cívicos, muy activos durante el cambio de gobierno de noviembre, anuncian una reunión para el martes próximo, para exigir la suspensión de las elecciones, caso contrario, instruirán “desobediencia civil”.
COB ADVIERTE
La Central Obrera Boliviana, fortalecida por la masiva respuesta a su convocatoria de protesta antigubernamental del martes, replicó que los trabajadores vam a “hacer cumplir que, en septiembre, sí o sí, deben realizarse las elecciones nacionales”. “Necesitamos en este momento un gobierno elegido democráticamente”.
Y la bancada legislativa del MAS, mediante su diputada Betty Yañíquez, reclamó que el cumplimiento de la ley, como es el caso de la verificación de elecciones el 6 de septiembre, según Constitución es de cumplimiento obligatorio desde su publicación. Y citó el artículo cuarto de la Ley de Régimen Electoral: “el ejercicio pleno de los derechos políticos conforme a la Constitución Política y la ley no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ningún a autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular”.
Boya.News – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se dio dos autogolpes en dos días, y no fueron los primeros. Tampoco da señales de que vayan a ser los últimos.
El domingo 12 anunció triunfante, en su cuenta de Twitter, que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervino una pista clandestina en el Chapare de gran capacidad, la misma que, según dijo, era resguarda por el lugarteniente del ex presidente Evo Morales.
El lunes 13, proclamó la próxima expropiación de clínicas y cementerios privados, como solución extrema a algunos de los problemas de la pandemia de covid-19 que los servicios públicos no podían resolver.
El mismo domingo, solo cinco horas después del aparatoso operativo en el trópico anunciado por el ministro, Edgar Montenegro Salvatierra, el supuesto lugarteniente de Evo Morales, fue liberado sin ningún cargo en su contra. Él solo recordó a los policías antidroga que durante los conflictos de noviembre de 2019 les salvó la vida cuando manifestantes querían intervenir el cuartel de UMOPAR, e incluso los alimentó.
Murillo sumó polémicas en su guerra verbal e informativa contra “los narco terroristas que dejó Evo Morales en el trópico de Cochabamba”, pero que hasta la fecha ninguno fue visto ni capturado.
Habló también del expresidente cuando su plan de expropiaciones de clínicas tropezó con un firme rechazo gubernamental que lo obligó a dar marcha atrás, cambiando la idea original por otra de “alianzas público privadas” y asegurando que su Gobierno, el transitorio, no era como el del “narcotraficante fugado” que solía hacer nacionalizaciones.
Edgar Montenegro, el rescatista del Trópico, desmiente las acusaciones del Ministro Murillo y narra lo sucedido el día de ayer en "Tres Arroyos" en una supuesta pista clandestina, que al parecer es la ampliación de caminos para el proyectos de plantaciones de plátano.
— Radio Kawsachun Coca (@KawsachunCoca) July 12, 2020
AMENAZAS Y AMENAZAS
El ministro es conocido por sus amenazas y frases violentas desde que asumió el cargo y anunció, por ejemplo: “vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí”. Hasta la fecha ninguno de los mencionados está detenido.
“Vamos a hacer que la Ley caiga con el más fuerte peso. Para todo aquel que le ha hecho daño al país pediremos la máxima condena. Los que están haciendo sedición vamos a pedir también que se los encarcele”, amenazó Murillo en reiteradas oportunidades.
Como fiscal, juez y carcelero, incluso apareció en una conferencia de prensa con unas esposas para Evo Morales, para supuestamente llevarlo a la cárcel de Chonchocoro por terrorismo y anunció que pediría que se active la orden de captura a Interpol, pero nunca se activó nada.
Sus detractores recuerdan que Murillo es dueño del Hotel Condominio Victoría que curiosamente está en el corazón del Chapare, de dónde dice rescató a su hermana durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019 y “le salvó la vida” haciendo que la designen Cónsul de Bolivia en Miami porque en el trópico cochabambino se enfrenta a narcotraficantes.
¿MISÓGINO?
Sus respuestas polémicas son de hace mucho tiempo. Cuando la activista de Mujeres Creando, María Galindo, le preguntó por qué un hombre consume prostitución, Murillo dijo: “porque la mujer normalmente no es lo que mi abuelito me decía que uno debe conseguir en una mujer”. “Mi abuelito me decía que cuando consigas una mujer, ésta tiene que ser tu madre, tu amiga, tu hermana, tu puta…”.
También fue calificado de misógino cuando en un debate parlamentario, sobre el aborto, dijo: “¿Por qué a un puñado de mujeres liberales se les ocurrió que había que matarlos (a los fetos) antes de que llegasen a la vida? Mátense ustedes, mátense las mujeres que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo. Háganlo, suicídense”.
“JAMÁS HA LEÍDO”
La semana pasada el líder indígena Felipe Quispe, el Mallku, identificó a Murillo como el jefe de campaña del MAS porque “no puede vivir sin Evo Morales, todo es el MAS. Habla mañana y tarde del MAS. Es un tonto útil del imperio capitalista”. “Creo que no ha pisado la universidad y jamás ha leído un libro”, sentenció el Mallku.
EXPROPIACION Y POLÉMICA
En su más reciente iniciativa polémica, Murillo presentó en conferencia de prensa “los procesos de expropiación o intervención del Hospital de Udabol de Santa Cruz que tiene 400 camas y 100 unidad de terapia intensiva y de Univalle en Cochabamba, que tiene 120 camas y 20 unidades de terapia intensiva”.
El ministro pareció olvidar que el Hospital de Udabol dio 16 respiradores para habilitar el primer domo en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, que él y otras autoridades inspecionaron el pasado 29 de junio.
“No se trata de quitar nada a nadie, si es por expropiación pagaremos el precio justo, y si es por intervención también pagaremos un precio justo por los servicios”, aseguró Murillo al señalar que ante el eventual colapso de los cementerios generales también se intervendrán los privados.
La Confederación de Empresarios Privados, mediante comunicado, lo llamó al orden:
“Exhortamos al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales que pueden generar mas incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes”.
Tampoco fueron flores las que dedicó a Murillo el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, vía Twitter:
“Expropiar bienes privados escudándose en la Pandemia es una propuesta errática y una pésima señal a la inversión privada. El gobierno debe promover políticas de salud para cuidar a la gente sin afectar a ningún sector sino más bien construyendo sinergias y unidad”, criticó Camacho.
Murillo terminó dando marcha atrás, para anunciar el martes que ya no habrá expropiaciones sino alianzas del Gobierno con clínicas y cementerios privados.
Así, el ministro Murillo continúa con su beligerante gestión, en línea con su estilo porel cual hace seis años su ex jefe político, Samuel Doria Medina, lo caracterizó como “un cojudo. ¿No ve?. O sea, lastimosamente no tiene mucha cabeza. No es un mal tipo, pero no tiene cabeza”.
“O sea, el Arturo es un bolas. O sea lastimosamente es buen tipo, hace ciertas cosas; pero le planteas un temita un poquito más complejo y sale con la fuerza. ¿No ve? O sea, no es novedad. Así es”, dijo Doria Medina.
