Author: editor

– Comité Potosinista declara “persona no grata” al Presidente

– Cívico cruceño apunta a “tumbar” al Gobierno

– Movimientos sociales cierran filas en “defensa de la democracia”

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La Paz, 11 de noviembre de 2021

Boya.News – Los comités cívicos que se sumaron al paro nacional iniciado esta semana en Bolivia por los gremiales tardaron muy poco en mostrar que la protesta no busca solo la anulación de la ley que molesta a los comerciantes minoristas sino, sobre todo, bloquear y hasta derrocar al Gobierno de Luis Arce.

Opacado en su primer día, lunes 8, por el alboroto parlamentario y mediático que rodeó al primer informe anual de gestión de Arce, el paro de los sectores opositores ganó fuerza el martes en por lo menos tres departamentos -Santa Cruz, Potosí y Tarija-, con violencia extrema en la capital potosina, donde murió un campesino que no apoyaba la huelga, además de disturbios aislados en otras regiones, donde también se movilizaron transportistas de larga distancia.

El miércoles 10, tercer día de la protesta y segundo aniversario de la renuncia forzada de Evo Morales en la crisis de 2019, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) puso por escrito el objetivo final de la movilización: que se vaya Arce. En esa línea, el comité potosino decidió, en un cabildo de centenares de personas en la plaza central de la Villa Imperial, continuar la huelga antigubernamental “hasta las últimas consecuencias” y aprobar una resolución que declara “persona no grata” a Arce, le da plazo de 24 horas para que anule la ley de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y, luego de otras condenas, deja establecido, como manda el relato mediático dominante, que el conflicto es entre el “pueblo” y el Movimiento Al Socialismo.

El protagonismo tomado por los cívicos dejaba en segundo plano a las organizaciones gremiales, o de comerciantes minoristas, que iniciaron la movilización antigubernamental con la bandera de rechazo a la ley contra el dinero sucio.

Desconocimiento

La resolución del COMCIPO, que refleja las demandas comunes de los grupos que impulsan el paro opositor, tiene los siguientes diez puntos:

1. Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, que de nada sirvió el diálogo que le hemos pedido, además de ser racistas y discriminadores.

2. Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, por financiar y alentar los enfrentamientos con los campesinos.

3. Exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por no proteger a la ciudadanía y parcializarse con el MAS.

4. Un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso penal contra el gobernador por el deceso de un ciudadano potosino, de lo contrario, la fiscal de distrito, Roxana Choque, debe renunciar a su cargo.

5. Exigir al Gobierno de Luis Arce abrogar en un plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas que van en contra de la población.

6. Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa restituir los dos tercios para la aprobación de leyes democráticas y constitucionales que favorezcan al pueblo, deben eliminar la mayoría simple.

7. Se exige un proceso penal, además de hacer responsables a los tres dirigentes de las subcentrales de los campesinos, por traerlos a la ciudad y provocar la confrontación.

8. No se aceptará ninguna persecución política contra todos quienes estamos realizando estas movilizaciones.

9. Estamos pidiendo amigablemente al Gobierno anular todos los procesos políticos de persecución que se encararon desde que ingresó al poder.

10. La renuncia de la representante de la Defensoría del Pueblo, Vilma Martínez, por estar vestida de azul y sometida al MAS.

Tumbar al Gobierno

Al concluir la tercera jornada de la protesta, el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, no ahorró palabras en apoyo a las demandas del COMCIPO ni para reafirmar que el objetivo del movimiento opositor es “tumbar al Gobierno”.

“Quiero pedirle al pueblo cruceño (que) nos estamos jugando nuestra última carta, esta última carta no lo vamos a perder, esta carta se llama democracia”, dijo Calvo, en las afueras del Comando de la Policía de Santa Cruz, sitio que usó por tercera vez en los últimos días para lanzar sus arengas contra el Gobierno y contra los jefes policiales nacionales.

Sobre el pronunciamiento del COMCIPO afirmó: “Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”.

Aseguró además que el paro, cuyo impacto se concentraba en las ciudades de Santa Cruz, Potosí y Tarija, cundiría en los próximos días a provincias cruceñas y otros departamentos.

Apronte oficialista

El presidente Arce, entretanto, continuó su campaña de descalificación de la oposición derechista que inició el lunes, en su discurso-informe de primer aniversario.

El miércoles, el gobernante asistió a sucesivos actos en El Alto y La Paz en los que importantes movimientos sociales cerraron filas en torno al Gobierno, llamaron a defender la democracia y dijeron estar listos para hacer lo necesario, empezando por salir a las calles, para enfrentar a los “golpistas”.

Arce dijo en El Alto, en un ampliado conjunto de las federaciones campesinas Tupac Katari (hombres) y Bartolina Sisa (mujeres) de La Paz, que el paro contra dos leyes fundamentales del Gobierno buscan en el fondo impunidad por las masacres y otros delitos del golpe de 2019.

“La derecha engaña, miente todo el tiempo, porque no tiene argumentos; lo único que quiere, lo único que está buscando es la impunidad con lo que ha pasado en el golpe de 2019 (…). Es necesario reflexionar sobre lo que está pasando, porque los vamos a necesitar, no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019, no”, reflexionó Arce con los campesinos.

¿Paro contra las leyes o contra el Gobierno? El mandatario no dudó en señalar que las leyes objeto de la polémica -una contra el lavado de dinero y otra que contiene un plan quinquenal de desarrollo- son solo un pretexto para buscar la caída del Gobierno. “Si mañana derogamos una ley, luego van a cuestionar otra ley y así van a estar. Éste no es un tema que realmente les preocupa, lo que les preocupa es que avancen sus juicios (por el golpe de 2019), pese a que nuestra justicia es muy lenta. Saben que alguien ha dado la orden para que los militares disparen por la espalda; ellos tienen que asumir”, dijo, sobre los responsables de las masacres de noviembre de 2019, en el inicio de la gestión de facto de Jeanine Áñez.

“Algunos sectores ya no están contra la ley (anti lavado), sino que están contra el Gobierno”, sintetizó el oficialista presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Editor/Boya

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La Paz, 5 de noviembre de 2021

Boya.News – La cancha política boliviana está lista para un nuevo enfrentamiento, con inicio anunciado para el lunes 8 de noviembre y que los opositores no dudan en considerar un nuevo intento por librarse del Gobierno surgido de las urnas e instalado hace justo un año.

Bolivia está en puertas del “último round” de una pelea política, definió el líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, o de un intento de desestabilización y hasta de nuevo golpe de Estado, denunciaron el Gobierno de Luis Arce y los movimientos sociales que lo respaldan, que se desataría el día del primer aniversario de la actual administración.

El conflicto, precedido por una larga cadena de amenazas de sectores de oposición, amplificadas generosamente por los considerados medios dominantes y ensayado el 11 de octubre con un paro, puede confirmar que las elecciones no resuelven las tensiones en Bolivia: las fuerzas perdedoras o de voto minoritario, de oposición inútil en las instituciones, se autoconvocan a las calles y tratarán de parar al país.

Los comités cívicos, convertidos en la mayor fuerza contraria al Movimiento Al Socialismo desde su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, pasaron de una actitud amistosa con la gestión transitoria de Jeanine Áñez a unas poses de guerra frente al Gobierno masista. Denunciaron persecución política-judicial, apoyaron a sectores cocaleros rebeldes, respaldaron o alentaron a grupos indígenas disconformes y en el último mes se apropiaron de la bandera levantada por sectores contrarios a una ley contra el lavado de dinero y se sumaron a sus paros incorporando la defensa de unas autonomías en supuesto riesgo.

Los siguientes hechos y anuncios de los últimos días configuraron el escenario del nuevo choque:

Los comités cívicos regionales, liderados por el de Santa Cruz, se sumaron el miércoles 3 a la convocatoria a paro nacional a partir del 8 de noviembre, reforzando la movilización opositora contra leyes fundamentales del Gobierno de Arce.

Sumando fuerzas

“Respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general”, anunció un comunicado de los comités,

firmado por los presidentes de cívicos de los nueve departamentos, incluido Calvo, un ultraconservador conocido por sus declaraciones racistas. La wiphala es un “trapo”, los migrantes son “bestias humanas”, “buitres malagradecidos”, dijo en ocasiones anteriores.

El paro fue convocado por una de las confederaciones de gremiales, la dirigida desde hace décadas por Francisco Figueroa, contra una ley promulgada en agosto que estableció una estrategia de lucha contra el lavado de dinero armonizando varias disposiciones anteriores. Este mismo sector de gremiales o comerciantes minoristas, también con apoyo cívico, había llamado al paro del 11 de octubre que llevó al Gobierno a retirar del parlamento otra ley que daría a la Unidad de Investigaciones Financieras poderes denunciados por cívicos y empresarios como “totalitarios” y violatorios de secretos personales.

Con vistas al nuevo paro, los cívicos agregaron su rechazo a Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025, a la que consideran contraria a las autonomías regionales y que está lista para la firma del presidente Arce.

Luis Fernando Camacho, actual gobernador cruceño y exlíder cívico del derrocamiento de Morales, e Iván Arias, ahora alcalde de La Paz y exministro de Áñez, destacan entre los opositores que rechazan la ley del plan quinquenal.

“Último round”

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El mismo miércoles, el cívico Calvo afirmó que el paro puede ser el episodio final y decisivo de la pelea contra Arce.

“Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre, queremos libertad, democracia y que este Gobierno indolente nos escuche. (…) Éste puede ser nuestro último round de los bolivianos”, dijo Calvo, quien en semanas recientes dijo que a Arce podría pasarle lo mismo que a Morales, es decir, protestas y pronunciamiento militar hasta su derrocamiento.

“La huelga indefinida es en protesta por la aprobación de leyes que atentan contra la democracia, la economía y la libertad”, aseguró el líder cruceño, repitiendo proclamas de las movilizaciones postelectorales anti-MAS de 2019.

El portavoz presidencial Jorge Richter respondió a la declaración de Calvo: “Históricamente, los paros indefinidos han estado planteados para terminar con un gobierno, históricamente eso es lo que ha ocurrido, y acá lo que ellos quieren es generar una nueva ruptura” del orden democrático, dijo Richter. Afirmó que los grupos de oposición se rebelan “porque el Gobierno y el modelo económico que lleva adelante el presidente Arce no es del agrado de ellos, pero ellos escogen esta fecha, de manera emblemática para intentar nuevamente paralizar el país”.

Más directo, el diputado oficialista Ángelo Céspedes denunció que “se está gestando un segundo golpe de Estado”.

Emergencia

A diferencia de lo ocurrido en la crisis de 2019, cuando las movilizaciones derechistas parecieron tomar por sorpresa a unos movimientos sociales que se consideraban invencibles, estas organizaciones se declararon en “estado de emergencia” el jueves 4 en rechazo al paro nacional de la oposición, denunciándolo como afán de golpe de Estado.

“Tenemos la obligación de advertir a los desestabilizadores de la derecha que desde nuestras organizaciones no permitiremos nunca un golpe de Estado, no dejaremos que vuelva a generarse muerte y dolor en el pueblo, no queremos más racismo y discriminación”, dijo un comunicado de las organizaciones aliadas del Gobierno, la Central Obrera Boliviana y las que conforman el Pacto de Unidad.

En la presentación de ese comunicado, el vicepresidente David Choquehuanca, en función de presidente porque Arce estaba en el extranjero, se mostró firme como pocas veces advirtiendo que “las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular, van a defender la democracia, defender la Constitución Política del Estado y al Gobierno legítimo y constitucional”. Y en aparente alusión al golpe de 2019 contra Morales, aseguró que el pueblo boliviano “no permitirá que los días oscuros de incertidumbre, de inestabilidad, de caos, de racismo, discriminación, de corrupción, de violación de derechos humanos y tortura vuelvan nuevamente”.

El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, le puso más leña al fuego con su advertencia fuera del texto del comunicado: “Si vamos a tener que salir a las calles y carreteras para defender la estabilidad política y económica del país, lo vamos a hacer, por eso estamos reunidos para darle respaldo a nuestro Gobierno”, dijo.

Añadió que la derecha utilizaba tácticas de “confusión” para denunciar supuestos avasallamientos de tierras y hasta movilizar a grupos indígenas.

Paro cuestionado

Arce auguró el viernes 5 que el paro, que consideró alentado por algunos medios de comunicación, podría terminar en fracaso.

“Hemos visto los medios de comunicación, en coro desde anoche y esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento (Santa Cruz) y supuestamente en el país; desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar”, dijo Arce en un discurso de inauguración de un complejo eólico de generación de electricidad, en el que señaló que los que alentaban la protesta era los mismos grupos derechistas que apoyaron a Áñez.

“La economía no se para, (esto) nunca lo entendieron cuando fueron gobierno en 2019 y 2020, porque era su gobierno, cuando nos encerraron (por la pandemia), cuando pararon la economía y cuando asaltaron las arcas del Estado”, afirmó, evitando dar señales sobre cuándo promulgaría la cuestionada ley del plan de desarrollo quinquenal.

El Plan

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió el Plan de Desarrollo 21-25, negó tajantemente que esta norma sea contraria a las autonomías departamentales y municipales y desatacó que es fundamental para lograr un crecimiento de 5,1 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el quinquenio.

“Sería totalmente ineficiente que los diferentes niveles del Estado no puedan armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso es la planificación del desarrollo económico y social de la mano de las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, dijo, al precisar que el plan tiene un presupuesto de inversión pública de 33.197 millones de dólares, con metas de industrialización, sustitución de importaciones y reducción de la pobreza.

Mendoza negó que el plan quite atribuciones a los gobiernos departamentales y municipales, más allá de la coordinación: “El desarrollo departamental es competencia de los gobiernos autónomos departamentales, siempre y cuando se encuentre en concordancia con el plan nacional, en lo municipal es competencia de los municipios siempre y cuando estén en concordancia con la planificación nacional y por supuesto departamental”, dijo. Consideró “desacertados” y “sesgados” a los argumentos del paro cívico-gremial y descartó la posibilidad, planteada por algunas gobernaciones regionales, de posponer la aplicación del plan hasta después del censo nacional de población y vivienda previsto para 2022.

Sobre las líneas del plan quinquenal, señaló que el 53% de la inversión pública prevista irá al sector productivo y que se prevé una reducción del índice de pobreza moderada del 39% al 19%, y de la pobreza extrema del 13,7% al 5,3%.

Editor/Boya